Por: Martín Becerra
El ordenamiento del espectro es un reclamo formulado originalmente por los operadores comerciales de radio que, con el tiempo, fue extendiéndose entre los comunitarios. En las principales ciudades del país, el espectro está saturado. Hay radios comerciales que emiten con potencia muy superior a la permitida, hay emisoras (comerciales y no lucrativas) que fueron superponiéndose en las mismas frecuencias con permisos otorgados por el Estado y están las flojas de papeles, que se agregan al dial provocando, en conjunto, un caos que cualquier oyente reconoce.
Una de las primeras regulaciones sobre la radio, en la década de 1920, fue ordenar las frecuencias para evitar la superposición en el dial. Desde entonces, y sobre todo a partir de 1980, el panorama se hizo más complejo, en parte porque la normativa impedía a organizaciones no lucrativas ejercer su derecho a la comunicación en un momento histórico en el que la recuperación constitucional y el auge de las FM promovía la participación ciudadana y, en parte, debido a la falta de planes serios de organización del espectro por parte de los gobiernos que se sucedieron desde 1983.
La decisión del Gobierno de asignar frecuencias y potencias máximas es una medida necesaria. Para garantizar que no se abuse del poder de policía del Estado a través de premios y castigos discrecionales, sería imprescindible difundir antes los resultados del censo que organizó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y conocer el plan técnico integral sobre el espectro, que la ley obliga a realizar antes de distribuir un recurso que es público y finito.
*Doctor en Ciencias de la Comunicación. UNQui/CoNICET
Fuente: Diario Perfil
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