martes, 8 de julio de 2014

Uruguay: se dilata la votación sobre la Ley de Medios

Un empujoncito. Bancada del FA postergó decisión por Ley de Medios; relator de ONU consideró “muy importante” su aprobación en esta legislatura
En momentos en que la bancada del Frente Amplio discute sobre la conveniencia de postergar la votación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) para después de las elecciones de octubre, el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, opinó que “es muy importante que la ley se apruebe antes de que termine la legislatura”.
La Rue, quien participó en una charla sobre “Libertad de expresión y regulación de medios para la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes” organizado por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) en la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), aseguró que la “ley es una gran contribución”. Afirmó que “la democracia de un país necesita de la democratización del uso de los medios” y expresó que “no debería retrasarse la discusión ni la aprobación [de este proyecto] porque se pierde el momento, la energía y los dos años de consulta y de debate”.
Contó que ha seguido mucho este proceso, al cual considera “uno de los más interesantes” en la región, y que le gustaría verlo concluir. Para el relator de la ONU, sea “antes o después de las elecciones -que ya es un tema electoral en el que no me meto- es importante aprobar la ley lo antes posible”. De todos modos, cree que “la ley trasciende estas elecciones y no tiene nada que ver con este proceso electoral: es un tema de Estado a largo plazo”.
Sobre las modificaciones que se realizaron en la comisión del Senado, La Rue dijo que aún está revisando los cambios, pero indicó como positivo “la reestructuración del órgano regulador” -en referencia a la transferencia de competencias desde la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones al Consejo de Comunicación Audiovisual-, que era un tema que le preocupaba. Comentó que ahora se establece “un órgano regulador independiente y esto garantiza la aplicación de normas independientes” y señaló como “ventaja para cualquiera que gane las elecciones, que estas normas no van a ser manipuladas por nadie sino que van a ser en beneficio nacional”.
La Rue reiteró que este es el momento para votar la ley y recordó, a modo de ejemplo, la experiencia de la aprobación del Código de la Niñez en Guatemala. Contó que la normativa “fue aprobada por unanimidad, pero por suspender por un año su entrada en vigencia, ya nunca se aprobó, se perdió”.
Ariela Peralta, integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDH), también remarcó la importancia de aprobar este proyecto en este momento porque “no sabemos la suerte que puede tener en un futuro”. Opinó que se trata de una iniciativa “muy positiva” porque “da armonía y actualiza un conjunto de leyes que se fueron aprobando en los últimos cinco años sobre libertad de expresión, acceso a la información, pluralidad y abolición de censura previa, que estaban dispersas”. También destacó que “el proyecto fue fruto de un proceso participativo”, tanto en el Consejo Técnico Consultivo que discutió y elaboró las bases, como en el debate de las distintas comisiones parlamentarias que recibió a numerosas y diversas delegaciones. Peralta señaló que “hay una corriente en América Latina y en el mundo sobre democratizar los medios de comunicación y hacerlos más plurales”, y espera que la ley sea aprobada porque significa “un avance muy interesante y es un ejemplo de un proyecto muy trabajado, mesurado y participativo”.

Todo por los niños
El relator de la ONU adelantó algunos aspectos de su informe sobre la niñez y la libertad de expresión, que será presentado en agosto. La Rue dijo que parte de un principio inspirador que estableció el diplomático brasileño Sérgio Paulo Pinheiro, cuando fue representante del secretario general para la violencia contra la niñez en el mundo: “Las niñas y niños no son personas en pequeño ni reducidas y por consiguiente no se debe entender que gozan de derechos humanos reducidos. Son seres humanos completos que gozan plenamente de todos sus derechos, incluyendo el de libertad de expresión”. Por lo tanto, señaló que tampoco es válido alegar que la protección de los niños “se debe dejar a los padres, porque es tirarles responsabilidades que el Estado tiene frente a un sujeto particular vulnerable”. El senador nacionalista Francisco Gallinal había planteado dejar librado al criterio de los padres la no exposición de los niños a imágenes violentas, y no regularlo mediante la ley SCA.
Por otro lado, La Rue planteó que es válido pensar en la protección “pero esto no agota el tema”. Si bien remarcó que “no queremos que los niños y adolescentes estén expuestos a contenidos que no son adecuados para su desarrollo emocional e intelectual, como la excesiva violencia o una sexualidad desmedida, que pueden hacer daño a la niñez”, agregó que es necesario hablar de la participación. Expresó que “en la convención de derechos del niño se dice que tienen derecho a ser escuchados”, o como prefiere llamarlo él, “a tener voz propia”, y resaltó que “la garantía más clara de la libertad de expresión y la democracia es la participación ciudadana”, lo que también es aplicable para los niños.
Acerca de la regulación de los contenidos para niños, La Rue indicó que en el mundo ya se ha aceptado un control, especialmente en dos áreas: la clasificación de películas en el cine y el horario de protección al menor en la televisión. Pero manifestó que respecto de la publicidad comercial todavía hay debate. En este sentido, reflexionó: “Si en algún momento en la actividad comercial se quitó la imagen de una persona inhalando un cigarrillo para que nadie aprenda a hacerlo” y de esta manera “proteger a la población en general del daño producido por el tabaco, cuánto más deberíamos estar haciendo nosotros para proteger a la niñez del consumo de productos que puedan ser dañinos”. Entiende que el problema es más complejo, pero aseguró que “la protección no es censura”.

Frente Amplio aplazó la decisión de postergar la votación de la Ley de Medios.
La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) postergó la decisión de aplazar la votación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA). Según explicó el senador comunista Eduardo Lorier, la bancada llegó a discutir el tema, pero luego prefirió dilatar la votación hasta el próximo lunes debido a que uno de los principales impulsores de la postergación de la aprobación de la norma, Rafael Michelini (Nuevo Espacio), ayer se encontraba enfermo y no concurrió a la reunión de bancada.
Según había dicho Michelini a la diaria, la principal argumentación que sostiene el sector radica en que actualmente no es posible aprobar el proyecto en su totalidad debido a que el texto incluye la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, órgano encargado de velar por las regulaciones que establece la norma, cuya creación se dificultaría en la medida en que la Constitución inhabilita la creación de cargos un año antes de la celebración de las elecciones. Esta lectura es similar a la que la presidenta del FA, Mónica Xavier, expresó el domingo a la diaria, aduciendo que existe una "inhibición constitucional para resolver el tema de la institucionalidad". También el coordinador de la bancada de senadores del oficialismo, Enrique Rubio, sostuvo la semana pasada que "está claro que no nos podemos arriesgar en medio de la campaña electoral".
La senadora y ex precandidata presidencial Constanza Moreira cuestionó que la votación del proyecto se postergue hasta después de las elecciones nacionales. La legisladora recordó que la decisión de aprobar la norma antes de que termine el período de gobierno fue tomada por la agrupación del gobierno del Frente Amplio, "compuesta por todos los diputados y senadores, conjuntamente con los representantes del Poder Ejecutivo y los intendentes". "Pretender no aprobar 'leyes polémicas' durante todo ese tiempo es como privarse de lo más elemental: el arte de gobernar porque se están disputando elecciones", sostuvo la legisladora.
Moreira también afirmó que las dudas sobre la "constitucionalidad" de los artículos relativos a la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual "no hacen a la esencia del problema", ya que esos mismos argumentos fueron planteados "cuando se votó la Ley de Regulación del Cannabis y otros proyectos más". "Hoy, tenemos mayoría parlamentaria; mañana, no lo sabemos. Y aun suponiendo que la tengamos... ¿quién nos asegura que el próximo Ejecutivo la tendrá entre sus prioridades?", preguntó.
En una línea similar, algunos grupos que apoyaron a Moreira, como Alternativa Frenteamplista y Magnolia, también se expresaron en contra de la postergación de la aprobación de la norma.
El candidato a presidente por el FA, Tabaré Vázquez, se refirió ayer a su intervención en el tema. "En primer lugar hablé de la ley de medios, y a pedido del señor presidente de la República lo hablé con él. Luego de que lo hablé con él, lo hablé con la presidenta del Frente Amplio. Después lo hablé con el presidente de la Comisión que estudia el tema en el Senado. Y después lo hablé con el compañero coordinador de la bancada, Enrique Rubio. Todo en la orgánica del Frente. Ahí es donde yo hablo los temas", expresó. Y luego dijo que de "los temas que puedan ser controversiales" para el FA habla "sólo en la interna" del FA. "El FA tiene una orgánica que funciona muy bien. Ahí es donde tenemos que discutir este tema", añadió. Aunque no lo dijo ayer, Vázquez es partidario de la postergación de la aprobación de la ley SCA.
Ayer la Coalición por una Comunicación Democrática, que nuclea a organizaciones como la Asociación de la Prensa Uruguaya, la Facultad de Información y Comunicación, la Sociedad Uruguaya de Actores, Cotidiano Mujer y Ovejas Negras, difundió una carta abierta a Vázquez en la que le pide que no se postergue la aprobación de la norma. "Es indudable que esta postura puede tener consecuencias perdurables en el tiempo respecto de la política pública de comunicación democrática que el Frente Amplio se comprometió a desarrollar en sus dos primeros gobiernos, pero que hasta el momento ha cumplido parcialmente", sostiene.
Foto: Nicolás Celaya
Fuente: La Diaria

Carta de Organizaciones sociales a favor de una pronta votación de la Ley de Medios
Dr. Tabaré Vázquez: No postergue la votación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Por qué es importante
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones de la sociedad civil, activistas por la libertad de expresión y los derechos humanos en general, le hacemos llegar esta carta, con el afán de que reconsidere su postura hecha pública por la prensa días atrás, en el sentido de solicitarle a los senadores del Frente Amplio que no aprueben el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta una vez pasada la primera vuelta de la elección nacional del mes de octubre.
Es indudable que esta postura puede tener consecuencias perdurables en el tiempo respecto al abandono de una política pública de comunicación democrática que el Frente Amplio se comprometió a desarrollar en sus dos primeros gobiernos y que sólo ha cumplido parcialmente.
Es cierto que la fuerza política ha avanzado durante los dos primeros gobiernos en el respeto a los derechos humanos y en la extensión de las garantías para ejercer la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la cultura de los uruguayos y uruguayas. Pero no es menos cierto, que la LSCA es la piedra angular a la hora de promover cambios en el núcleo duro del poder concentrado y tradicional que controla desde hace décadas los medios de comunicación.
Es falso que las fuerzas sociales, el actual gobierno y los legisladores del Frente Amplio no hayan dado lugar a la discusión y el debate sobre este proyecto de ley central para la democracia. Este proyecto es el producto de varias instancias de discusión, tanto sociales, como a nivel de todos los actores (incluida la sociedad civil, los sindicatos, los empresarios y el Estado) y durante los dos últimos años en el Parlamento. Si la bancada mayoritaria aprueba ahora esta ley, no estará violentando ninguna institucionalidad, sino cumpliendo con su programa y con una promesa largamente postergada por la presión de intereses corporativos: ni más ni menos que la democratización de los medios de comunicación.
La propuesta de postergar la inminente aprobación del proyecto, que ha contado con la cerril oposición de los grupos más concentrados de la comunicación y de la oposición, puede ser un entierro de lujo para este proyecto esencial. A nadie se le escapa que en octubre tendremos, para bien o para mal, un nuevo mapa político, y será muy pero muy difícil para un Parlamento saliente aprobar una ley que encuentra tanta resistencia de los poderosos.
Si se tratara de una ley más, no estaríamos firmando esta petición, pero se trata de una ley esencial para la consolidación de la democracia y para promover un cambio real en una legislación, y en un sector del poder, que se muestra prácticamente incambiado desde la dictadura militar.
Por eso le reiteramos las varias razones que existen en este momento para no postergar más este compromiso, que posiblemente se frustre para siempre, si no se aprovecha este momento histórico.

¿Por qué el Senado debe aprobar ahora la LSCA?
  • Porque los medios audiovisuales, aún pese al avance de Internet, continúan siendo las principales plataformas de acceso a la información, al entretenimiento, a la cultura, al deporte y a los contenidos más diversos para la población.
  • Porque el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad y el Estado debe regularlo de acuerdo a principios claros y transparentes. Porque la legislación actual no garantiza criterios democráticos para la asignación de permisos y licencias, ni establece plazos, ni contraprestaciones para el sector privado/comercial.
  • Porque el espacio de los medios audiovisuales sigue estando regulado por una ley anticuada y antidemocrática, aprobada durante la dictadura. El país está en deuda con la democracia. La legislación actual también viola convenciones Internacionales debido a su concepción, ambigüedad y discriminación de distintos grupos frente a la comunicación.
  • Porque durante décadas las frecuencias radioeléctricas se administraron en base a criterios arbitrarios, sin procesos transparentes, justos ni abiertos para todas y todos. En Uruguay vivimos de las peores prácticas en torno a la gestión de este bien común de la humanidad, más allá de que esas situaciones se han venido corrigiendo por sucesivos decretos. Siguiendo a Artigas creemos que la ley es el mejor freno a las veleidades humanas.
  • Porque con la legislación actual se ha conformado un sistema de medios concentrado, desequilibrado y con predominio del sector comercial. En el área metropolitana tres actores concentran la propiedad cruzada de radio, televisión abierta y cable, con empresas colaterales que también dominan buena parte de los medios del interior. En lo departamental y regional también existe en muchas ciudades una concentración de medios inaceptable para una democracia. En lugares como Durazno, Cerro Largo, Tacuarembó, Paysandú, Salto, un solo grupo concentra medios en cable, televisión y radio.
  • Porque la producción nacional audiovisual para la industria de la televisión ha sido escasa, de baja calidad y casi nula innovación. Tenemos una valiosa industria de cine nacional y no logramos realizar series o telenovelas que reflejen nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo. La concentración y la falta de competencia alentaron este fracaso.
  • Porque vastos sectores de nuestra sociedad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, población LGTB o afrodescendientes, han sufrido la discriminación de un sistema de medios que reprodujo los peores estereotipos, sin dar lugar a ninguna respuesta durante años, ni garantizar que derechos específicos sean respetados
  • Porque el proyecto contiene garantías expresas para ejercer la libertad de expresión en los artículos 14 a 18 (prohibición de toda forma de censura, incluso la indirecta; garantiza la independencia editorial). Por todo esto, mal podría afirmarse que la LSCA proyectada suponga censura a los medios de comunicación.
  • La regulación proyectada se limita estrictamente a la violencia extrema y a la incitación al consumo de drogas, y ello sólo durante el horario de protección a la infancia. En todos los demás casos, prima la libertad sin límites para informar sobre hechos de interés público. No hay nada en el texto de referencia que suponga limitaciones a la información, al análisis o a la discusión -en los programas educativos, informativos y periodísticos- sobre situaciones de violencia, sobre sus causas o sus repercusiones en materia de seguridad ciudadana, así como sobre temas de sexualidad, drogas legales e ilegales o discriminación en todas sus manifestaciones.
  • Porque el proyecto de LSCA busca garantizar la libertad de expresión de todas las personas con una serie de instrumentos (horario de protección a la infancia,cláusula de conciencia, defensoría de las audiencias) incluidos en el proyecto de ley. Allí radica la reproducción de aquellos valores de convivencia.
  • Si no fuera así, las máximas instancias internacionales en materia de libertad de expresión (Relator Especial para la Libertad de Expresión de ONU y OEA) y las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos vinculadas a la libertad de expresión (Reporteros Sin Fronteras, Unesco y Artículo 19) no hubiesen ponderado el proceso y no hubiesen afirmado, como lo hicieron, que este proyecto puede ser un modelo para toda la región.
  • Por que el proyecto de LSCA a estudio del Senado, fue elaborado en a través de un proceso inédito y profundamente democrático, con representación de toda la diversidad de voces y actores vinculados a los medios de comunicación, incorporando de manera rigurosa todos los estándares internacionales vigentes en materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión y recogiendo las mejores tradiciones de las democracias más consolidadas en el mundo, que ya hace varias décadas cuentan con legislación, institucionalidad e instrumentos de regulación democrática de sus sistemas de medios.
Organizaciones Firmantes:
MYSU - Mujer y Salud en Uruguay  /  CUA - Consumidores y Usuarios Asociados  /  REDESUY - Red Especial Uruguay  /  REDCON - Consumidores en Red de Confianza  /  Colectivo Ovejas Negras  /  Ciudadanías en Red

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