viernes, 29 de julio de 2016

ENaCom aprobó el Reglamento para la Constitución de Redes de Emisoras de Radio y Televisión Abierta

A fines del 2015, el gobierno de Mauricio Macri publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 267/15. El mismo permite la constitución de redes de radio y televisión con límite temporal, y establece que la emisora adherida no podrá cubrir con esas programaciones más del 30% de sus emisiones, cuando se trate de localidades con más de 1 millón y medio de habitantes. Pero ese límite se estira hasta el 40% para localidades con más de 600.000 habitantes y hasta 50% en caso de localizaciones con menos población, mientras en la ley de medios el límite para todos los casos era el 30%.. En el boletín oficial de este viernes 29 de julio el Ente Nacional de Comunicaciones publicó la Resolución 5264/2016 con el Reglamento para la Constitución de Redes de Emisoras de Radio y Televisión Abierta

Ente Nacional de Comunicaciones
Resolución 5264/2016
Bs. As., 07/07/2016
Visto el Expediente N° 1461/2010 del registro de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y

Considerando:
Que por el Decreto N° 267, de fecha 29 de diciembre de 2015, se creó en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones, organismo autárquico y descentralizado, como Autoridad de Aplicación de las Leyes N° 26.522 y 27.078, sus normas modificatorias y reglamentarias, asumiendo las funciones y competencias de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la ex Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Que con la unicidad regulatoria perseguida por el prenotado decreto, se procuró que a través de la creación de un solo ente altamente especializado, se contemplen las particularidades propias de la industria y se garantice, por un lado la independencia de los medios, pero, también la calidad y desarrollo en las comunicaciones, generando condiciones de seguridad jurídica necesarias para fomentar la realización de nuevas inversiones en el sector.

Que la introducción de algunas de las modificaciones incorporadas por el Decreto N° 267/15 guardó relación, conforme surge de sus considerandos, con la falta de adaptación normativa a la realidad de la industria y el mercado, ya sea por su obsolescencia sobreviniente o por su origen alejado de la dinámica propia del sector.

Que entre las modificaciones introducidas a la Ley N° 26.522 debe señalarse la relativa a la sustitución del artículo 63 de dicho cuerpo normativo, que prevé la vinculación de emisoras, a través de la constitución de redes y mediante la retransmisión de programas.

Que los criterios de flexibilización introducidos a la prenotada norma pueden sintetizarse en la eliminación de la obligación de que las redes se constituyan entre prestadores de un mismo tipo y clase de servicio; en la ampliación de los porcentajes de programación a ser cubiertas por la red; y a la estimación mensual como base del cálculo para el cumplimiento de dichos porcentajes, manteniendo la flexibilidad de contemplar mayores tiempos de programación en aquellas redes que propongan la asignación de cabeceras múltiples para la realización de los contenidos a difundir y la posibilidad de constituir redes de radio y televisión abiertas, sin ningún tipo de limitación, para la transmisión de acontecimientos de interés relevante.

Que el artículo 62 de la Ley N° 26.522 establece que las emisoras de radiodifusión integrantes de una red, no podrán iniciar transmisiones simultáneas hasta no se hubiere acordado la correspondiente autorización.

Que resulta necesario reglar el procedimiento para la solicitud de autorización de redes, como así también para la regularización de las situaciones de vinculación de emisoras que carecen de dicha autorización, con sujeción a los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites administrativos contemplados por el artículo 1°, inciso b), de la Ley N° 19.549.

Que el servicio Jurídico permanente del Ente Nacional de Comunicaciones ha tomado la intervención de su competencia.

Que el Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones ha acordado el dictado de la presente, en su reunión de fecha 9 de junio de 2016, según consta en acta.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades acordadas por el Decreto N° 267/15 y el Acta N° 1 del Ente Nacional de Comunicaciones, de fecha 5 de enero de 2016.

Por ello,
El Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones
Resuelve:
Artículo 1° — Apruébase el Reglamento para la Constitución de Redes de Emisoras de Radio y Televisión Abierta, que como Anexo I forma parte de la presente resolución.

Artículo 2° — Derógase la Resolución N° 902-AFSCA/2015, de fecha 29 de septiembre de 2015.

Artículo 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido, archívese. — Miguel Ángel De Godoy, Presidente, Ente Nacional de Comunicaciones.

Anexo I
Reglamento para la Constitución de Redes de Emisoras de Radio y Televisión Abierta
Artículo 1° - Los titulares de licencias o autorizaciones para prestar los servicios de comunicación audiovisual de frecuencia modulada, amplitud modulada y televisión abierta; de permisos precarios y provisorios (cfr. Decreto N° 1357/89 - Resolución N° 341-ComFeR/93 y Resolución N° 2-AFSCA/09) y de emisoras reconocidas (cfr. Resolución N° 753-ComFeR/06 y Resolución N° 2-AFSCA/09) correspondientes al servicio de frecuencia modulada, localizados en cualquier lugar del territorio nacional, que a partir de día la fecha de publicación del presente Reglamento decidan operar en cualquiera de las redes de emisoras referidas por los artículos 62 y 63 de la Ley N° 26.522, deberán efectuar al ENaCom, con carácter previo al inicio de las emisiones simultáneas,
a) Nota suscripta por el titular de la estación cabecera, solicitando autorización; adjuntando a la misma:
b) Copia certificada por escribano público del convenio o contrato de creación de red vigente;
c) Individualización de la(s) estación(es) cabecera(s);
d) Las emisoras integrantes de la red;
e) Tipo de prestador (radio AM - FM o televisión);
f) El plazo de la contratación que las une en red, si lo hubiere;
g) Los porcentajes de retransmisión, con aclaración de si es una red simple o una red de emisoras que opera con asignación de cabeceras múltiples;
h) Los horarios de transmisión simultánea;
i) La programación a retransmitir;
j) La programación de cada emisora.
Podrá darse inicio a las emisiones simultáneas, una vez acordada la autorización contemplada por el artículo 62, primer párrafo de la Ley N° 26.522.

Artículo 2°.- Los sujetos indicados en el artículo precedente que al día de la fecha se encontraren operando en redes de emisoras de las referidas por los artículos 62 y 63 de la Ley N° 26.522, dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles computados a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento deberán presentar la documentación allí indicada.

Artículo 3°.- El ENaCom, dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles (cfr. Artículo 62 de la Ley N° 26.522) se expedirá sobre las solicitudes contempladas en los artículo 1° y 2° precedentes; en caso de silencio de la administración se tendrá por conferida la autorización, si las solicitudes contaran con la totalidad de la información requerida en el artículo 1° del presente, ajustada a las prescripciones de los artículos 62 y 63 de la Ley N° 26.522 y su modificatoria, y en tanto no se encuentre pendiente de cumplimiento requerimiento que se le hubieren formulado al presentante.

Artículo 4°.- Se considera que una red de emisoras opera con asignación de cabeceras múltiples, cuando todas y cada una de las emisoras que la integran cuentan con recursos de doble vínculo de telecomunicación que les permite la realización de aportes en vivo a la programación común, con calidad radiofónica y desde su propia localización, y poder receptar, con igual calidad de audio, los aportes realizados de la misma forma a la programación.

Los titulares de las emisoras integrantes de una red con asignación de cabeceras múltiples podrán convenir libremente los modos, cuantías y proporciones de la participación de cada una de las emisoras en los aportes de los recursos necesarios para la producción, distribución y emisión de la programación común, como así también en relación a todos los sistemas de coordinación que estimen necesarios a tal fin.

En el supuesto de solicitudes de autorización de conformación de una red de emisoras con asignación de cabeceras múltiples, para la realización de los contenidos a difundir, el ENaCom podrá admitir, por resolución fundada, un mayor porcentaje de tiempo de programación en red que los contemplados por el artículo 63, inciso a), de la Ley N° 26.522 y su modificatoria, como así también, la vinculación de emisoras de diversos tipos o clases de servicios, en atención a las circunstancias de cada caso y a que el avance tecnológico aconseje la incorporación de esa nueva modalidad en beneficio de las audiencias que se encuentren involucradas.

Artículo 5°.- Las autorizaciones a que aluden los artículos precedentes, en todos los casos se extenderán por el plazo de un (1) año, y serán renovables automática y consecutivamente por períodos anuales, a solicitud de los interesados formulada dentro del plazo de treinta (30) días corridos anteriores a sus vencimientos, y se mantendrán en vigencia salvo pedido de baja de la autorización otorgada a la red formulado por la emisora cabecera que la hubiese solicitado, o que la Autoridad de Aplicación verifique en sumario administrativo el incumplimiento de las condiciones establecidas en la ley, su reglamentación y la respectiva resolución autorizante.

Artículo 6°.- Quienes resulten ser los titulares de la emisora cabecera de las redes autorizadas deberán informar al ENaCom las altas y bajas de las emisoras adheridas que la integran, dentro de los diez (10) días hábiles de producida la incorporación o cese, agregando la siguiente información en el caso de incorporación a la red ya autorizada:
  1. La identificación de la emisora que se incorpora a la red ya constituida.
  2. Los horarios de transmisión simultánea;
  3. La programación a retransmitir;
  4. La programación propia de la emisora que se incorporó.
Artículo 7°.- A los efectos del artículo 63, inciso c), de la Ley N° 26.522, se entiende que el horario central para los servicios televisivos del Área Metropolitana de Buenos Aires, entre las 20:00 horas y las 01:00 horas y para el resto del país entre las 7:00 horas y 9:00 horas, y entre las 12:00 horas y las 14:00 horas; y se establece el horario central para los servicios de radiodifusión entre las 07:00 y las 10:00 horas.

Artículo 8°.- La emisión simultánea, continua y permanente, de una misma programación abierta y gratuita, en una misma localización geográfica por parte de una emisora de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM) y otra emisora de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM), siempre que sean operadas por quien revista la condición de ser el titular de la licencia y/o del Permiso Precario y Provisorio y/o Reconocimiento (Res. 753-ComFeR/06) de ambas emisoras, no constituye una red de emisoras en los términos de los artículos 62 y 63 de la Ley N° 26.522 y, por ende, no requiere autorización alguna.

Héctor Ricardo García pide la la quiebra de Crónica TV

Lo apunta Alejandro Alfie en el diario Clarín. García reclama una deuda de US$ 2,7 millones. Y acusa a los Olmos de una serie de intimidaciones
El periodista y empresario Héctor Ricardo García pidió a la Justicia “decretar la quiebra de Estrellas Satelital”, dueña de Crónica TV, por una deuda de US$ 2,7 millones. García fundó Crónica y ese canal de noticias. En 2005, les vendió el mítico diario a los hermanos Alejandro y Raúl Olmos, quienes en 2011 le compraron también el 51% de Crónica TV con plata de publicidad oficial y el canje de millonarias deudas impositivas por avisos del gobierno kirchnerista, mientras que García quedó con el 49% del canal.

La causa por la denuncia de García está a cargo del juez en lo Comercial Máximo Astorga, quien ya tenía otros pedidos de quiebra contra Crónica TV, entre los que se destaca uno de SADAIC.

“La deuda la contrajo Raúl Olmos el 7 de noviembre de 2011 por el avión Lear Jet 31 LV-YMB, por un millón y medio de dólares (la cifra total reclamada suma los intereses)”, aseguró García, por medio de un texto escrito entregado a Clarín en su oficina, ya que no puede hablar por problemas de salud. “La nave es de mi propiedad exclusiva, como determinó la firma Bombardier en el contrato respectivo. Olmos nunca pagó un dólar por la compra. En la operación del canal, a favor de los Olmos, se consignó que el canal era deudor. Por ello la acción judicial es contra Crónica TV”, agrega en el mismo escrito.

García denunció también una serie de “intimidaciones” por parte de los hermanos Olmos, como la violación de la cerradura de su oficina, la restricción para que uno de sus principales empleados ingrese a su propio edificio y hasta el “borrado” de la dirección donde funciona el canal, “para no recibir mandatos de la Justicia”, añadió.

El fundador de Crónica TV y los Olmos están enfrentados desde hace años. Por eso, en noviembre pasado García publicó una solicitada donde denunció “negocios y censura” en Crónica TV.

Clarín se comunicó con fuentes vinculadas a los Olmos, que prefirieron no dar información. Los Olmos compraron en 2005 el diario a García, después de que pasara un año detenido en su domicilio por evasión impositiva. Luego fue absuelto de ese delito por el Tribunal Oral en lo Penal Económico-.

El ex director de Crónica TV, Rubén Molina -que trabaja con García-, contó a Clarín que en 2011 los Olmos se quedaron con el canal como consecuencia de que funcionarios del gobierno kirchnerista le negaron a García publicidad oficial y también la posibilidad de canjear $ 149 millones en deudas impositivas por avisos del Gobierno. “Los Olmos asumieron que ellos la iban a pagar con un canje de deuda por publicidad y, además, conseguían pauta a cambio de darles el manejo político en relación con la Casa de Gobierno”, dijo Molina.

Los Olmos fueron grandes beneficiarios de la publicidad oficial durante el kirchnerismo, lograda por su íntima relación con Antonio Caló, jefe de la UOM y secretario general de la CGT alineada entonces con el gobierno kirchnerista. Esa plata les sirvió para quedarse con esos medios, comprarle el diario BAE y la revista Veintitrés a Sergio Szpolski, además de comprar parte de la productora Underground a Sebastián Ortega.

Esos medios ahora están en crisis, porque su modelo de negocio se basaba en la publicidad oficial y los subsidios directos del gobierno a las producciones audiovisuales. Ahora, García pidió la quiebra del canal de noticias que creó en 1994. Placa roja para Crónica TV.

jueves, 28 de julio de 2016

Desde mañana Clarín sale sin firmas


Críticas de la ADC ante el manejo estatal de datos personales

La Asociación por los Derechos Civiles, criticó la cesión de las bases de datos de la ANSES a la secretaría de comunicaciones. Dijo en un comunicado que esto "es un nuevo ejemplo de los malos manejos que, desde hace años, el estado ha venido haciendo de los datos personales de sus ciudadanos"
La forma en que el Estado Nacional trata los datos personales de sus ciudadanos ha sido analizada por ADC en su informe “El Estado Recolector” (setiembre de 2014), en el que pusimos en evidencia dos debilidades estructurales de la ley de protección de datos personales. Por un lado, un órgano de control débil y dependiente del poder ejecutivo y, por el otro lado, una excesiva permisibilidad hacia el Estado en relación al almacenamiento, tratamiento y cesión de los datos personales.

El pasado mes de junio, llevamos nuestra preocupación en relación al manejo que el Estado hace de los datos personales de sus ciudadanos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ver aquí); e incluso hemos promovido mesas de debate para analizar estos aspectos preocupantes (ver aquí)

En un nuevo ejemplo de lo que hemos venido denunciando, la resolución dictada el pasado lunes por la Jefatura de Gabinete dispuso que la ANSES comparta sus bases de datos (nombre y apellido, DNI, CUIT o CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios) con la Secretaría de Comunicación Pública para ayudar a ésta última a mejorar sus estrategias de comunicación. El objetivo que fundamenta el convenio firmado señala la necesidad de “mantener informada a la población" e "identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país" para poder así "incorporar la diversidad federal en la comunicación pública".

La decisión ha causado una gran polémica debido a posibles incongruencias y desajustes con la normativa vigente en nuestro país. A los fines de analizar la legalidad de la resolución, debemos repasar los estándares jurídicos aplicables a estos supuestos.

La ley de protección de datos personales ha dotado de un conjunto de derechos y garantías a los individuos para evitar manejos abusivos por parte de terceros al momento de hacer operaciones de tratamiento con sus datos personales. Este marco jurídico –derivado del art. 43 de la Constitución, que otorgó rango constitucional al derecho a la protección de datos personales- convirtió a Argentina en uno de los países con mayor nivel de protección de datos de la región. Este hecho fue reconocido por la Unión Europea que, en el año 2003, otorgó a nuestro país el estatus de “país con nivel adecuado de protección de datos personales”.

Entre los varios principios establecidos por la legislación figuran dos que son centrales para el buen ejercicio de la protección de datos de las personas: el primero es el principio del consentimiento, que establece la ilicitud de los tratamientos de datos que no cuenten con el consentimiento libre, expreso e informado de su titular (art. 5.1). Este requisito también se aplica cuando se trata de operaciones de cesión de datos (art. 11.1). Sin embargo, este conjunto de garantías adolece de una gran debilidad: su no aplicabilidad a las actividades estatales.

En efecto, entre las excepciones a la regla del consentimiento, se encuentra el supuesto de que la cesión de datos se realice entre “dependencias de los órganos del Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas competencias” (art. 11.3.C). La amplitud de los términos utilizados en la redacción de la disposición ha permitido interpretaciones que otorgan un amplio margen de discreción para la adopción de medidas como la tomada por la Jefatura de Gabinete.

No obstante, un análisis que enfoque de manera integral el sistema de protección de datos personales de nuestro país y lo vincule con la defensa y resguardo de otros derechos fundamentales debe tener en cuenta la existencia de otros principios que pueden servir de límites al accionar del Estado. En este sentido, si bien el Estado está eximido de cumplir con el principio del consentimiento, todavía debe respetar el principio de finalidad, que establece que los datos recolectados “no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención” (art. 4.3).

Así, resulta de dudosa justificación utilizar datos que fueron recogidos con la finalidad de ayudar a un buen funcionamiento del sistema de seguridad social, para actividades de comunicación de todo el accionar gubernamental. Por otro lado, debe evaluarse si la cesión no puede facilitar la futura realización de conductas que puedan poner en riesgo la salvaguarda de otros derechos constitucionales (como el derecho a la privacidad o a la intimidad, entre otros).

En cualquier caso, la noticia debe servir para promover un debate sobre una reforma de la ley de protección de datos personales, que procure solucionar los defectos presentes en la actual legislación. En esa necesaria discusión, debería figurar como prioridad la creación de una autoridad de aplicación con mayores garantías de independencia funcional y autarquía financiera; la actualización del marco protectorio a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y de la aparición del fenómeno digital; y el establecimiento de límites más claros y precisos para las capacidades de almacenamiento, tratamiento y cesión de datos por parte del Estado.

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