domingo, 11 de noviembre de 2001

Alberto Gollán: "Si De la Rúa firma el decreto, Canal 3 deberá cerrar o convertirse en repetidora"

El titular de Televisión Litoral confía en que el presidente "no cometerá esa barbaridad"
El presidente de Televisión Litoral S.A., Alberto Gollán, habló sin pelos en la lengua sobre las consecuencias de la futura ley de radiodifusión. Tanto es así que adelantó que, de sancionarse el proyecto, a Canal 3 le quedan dos caminos: "O ser una repetidora o cerrar". Además, dijo que "la ley actual es obsoleta", pero que la que está motorizando el ComFeR (Comité Federal de Radiodifusión), con su interventor Gustavo López a la cabeza, "es un avasallamiento" para los canales del interior. Sin embargo, vio una pequeña luz de esperanza en esta problemática: "No creo que el presidente (Fernando) De la Rúa firme el decreto. Confío en su equilibrio, y que no va a cometer esa barbaridad".
La ley de radiodifusión Nº22.285 surgió en la dictadura y es la que sigue vigente por estos días. Con el fin de reemplazarla, el gobierno nacional -a través del Comfer- ya tiene en trámite parlamentario una iniciativa que mueve a polémica. Es que mientras para el gobierno la propuesta intenta una federalización de los medios, de acuerdo a la óptica de la mayoría de los empresarios de comunicación del interior sólo se trata de una concentración del tratamiento de la información. Y de ser así, los nuevos canales se convertirían en meras repetidoras de Capital Federal.
Gollán, que lleva 37 años al frente de Canal 3 y del grupo de Televisión Litoral, es uno de los que se opone a la iniciativa oficial. En una entrevista con La Capital, dialogó sin tapujos sobre este tema en compañía del vicepresidente de la empresa, Avelino Méndez.

¿Qué implica la nueva ley de radiodifusión para los canales del interior?
Primero un avasallamiento de lo que son las expresiones del interior de la Argentina. O sea, el país no puede seguir así, que lo único importante sea la Capital Federal mientras las provincias están marginadas.

¿La situación es tan grave que hasta podemos hablar de reducción de personal?
Sí, y el personal de Canal 3 lo sabe. En Rosario hay dos alternativas, el mercado no da para más canales. La prueba la tiene en Córdoba, donde hay tres canales, de los cuales uno está fundido y el otro semifundido. Nosotros acá cuidamos el centavo. Yo superviso las compras personalmente, ya que no es el momento de invertir dinero si no se justifica.

¿Qué personal tiene actualmente Televisión Litoral?
Acá tenemos 150 empleados, pero hay 50 más que son independientes, y también se le agrega el personal de limpieza y de vigilancia que no depende de nosotros, pero indirectamente sí. En realidad, contando las familias de cada uno, de esta empresa comen 500 personas.

Pero, ¿ante qué escenario se encontraría Canal 3 si De la Rúa firma el decreto que habilita la instalación de más canales en el interior del país?
Acá hay dos alternativas, la primera es convertirnos en una repetidora, que estaría a cargo únicamente del personal técnico, con una manija que se sube a la mañana y se baja a la noche. O sea, dejar únicamente el personal indispensable para que salga una señal al aire y que venga por satélite. Y la otra es directamente cerrar el canal.

¿O sea que usted no descarta la posibilidad de cerrar Canal 3?
No, y es gravísimo. Le digo más, si lo primero no funciona (en referencia a ser una repetidora), después de tantos años de trabajo yo no puedo llegar a fin de mes y decirle al personal que no puedo pagar, ni llegar a un litigio porque la empresa no tiene dinero. No puedo tener gente en la calle porque no cobra. Acá hay una relación afectiva, hay gente que hace más de treinta años que está acá adentro. Tengo una relación familiar con toda la gente de la empresa.

¿Quién está atrás de este proyecto de ley que impulsa el gobierno?
Acá hay una multinacional, y no sé qué otros intereses que quieren tener una cadena donde Rosario, por ejemplo, sea un polo de venta y toda la plata se vaya a Buenos Aires.

El oficialismo argumenta que con esta nueva ley de radiodifusión habrá más posibilidades para las producciones locales independientes, y que esto generaría más fuentes de trabajo.
Es mentira, es todo mentira. Al contrario, va a disminuir el trabajo. Es más, cuando dicen que no van a poner repetidoras es un cuento. Porque al poner un canal acá, pondrán un testaferro, y será una repetidora.

¿Qué pasaría con la programación local de Canal 3?
Le puedo dar el ejemplo con "De 12 a 14". Allí trabajan 80 personas. Es un programa que lleva 18 años ininterrumpidos, y en Rosario se ve más que el programa de Tinelli (Videomatch). Y si se aprueba la ley, forzosamente "De 12 a 14" tiene que terminar.

¿Y los programas especiales del 3, como la entrega de los premios Magazine, que tiene tanta respuesta del público?
Desaparece, porque no habrá dinero ni pantalla para hacerlo.

¿Qué opina del artículo del proyecto gubernamental que propone más programación local?
Nosotros tenemos el 30 por ciento de programación local. Somos el canal que más produce en el interior. Y estamos dentro de las exigencias que pide la nueva ley. Le digo más, los canales porteños no producen. Ellos compran lo que hacen las grandes productoras y también les compran los derechos para todo el país. O sea lo amortiza todo el interior.

¿Hay un ejemplo de esta situación?
Hay muchísimos, pero uno es el caso de "El sodero de mi vida". Nosotros no podemos comprar ese programa. Se lo compra Artear (el 13) a Adrián Suar con derechos para todo el interior, y a su vez Suar lo vende en toda Latinoamérica y donde puede.

¿Cómo se financian los canales?
Con la publicidad, y si no hay publicidad no tenemos ingresos. Es lo único que hay.

¿Y entonces cuál es la salida?
Que le exijan mayor eficiencia a los medios. Que tengan las producciones que nosotros tenemos. Televisión Litoral tiene cuatro repetidoras, en El Trébol, Venado Tuerto, Rufino y Pergamino. Podemos poner cinco más, pero no lo hacemos porque las repetidoras dan pérdidas. Y la repetidora es una carga. Fíjese que ningún canal de Buenos Aires las tiene y nosotros sí.

Ahora, convengamos que la ley de radiodifusión como está tampoco puede quedar.
No, la ley actual es obsoleta. Pero en Estados Unidos para hacer la ley de radiodifusión estuvieron 15 años discutiendo. Allá se puede poner un canal en una plaza siempre y cuando sea redituables de lo contrario, no lo ponen.

¿Cree que el presidente Fernando De la Rúa va a estampar finalmente la firma en el decreto?
No sé si lo va a firmar. En realidad no creo que lo firme.

¿Por qué lo dice tan seguro?
Tuve la oportunidad de hablarlo con él en persona. Y yo confío en el equilibrio del presidente de la República. No creo que cometa esta barbaridad.
Fuente: Diario La Capital

miércoles, 24 de octubre de 2001

SIDE: Secretaria para la impunidad del Estado

Por: Norberto Bermúdez
En mí debía residir el error de creer que tenía el derecho a acusar y juzgar la locura y el rigor del mundo.
Eduardo Sguiglia, No te fíes de mí, si el corazón te falla, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 1999
El sábado 21 de julio de 2001 hacía frío en Buenos Aires. El invierno hería con sus cinco grados. Las noticias amedrentaban. Mientras iba en el subte hacia el departamento de mi cuñada, en Caballito, picoteé los diarios. La Cámara de Diputados había votado medidas para aliviar el ajuste. La poda a jubilados y estatales alcanzaría a quienes ganaran más de 1. 000 pesos, siempre y cuando la recaudación impositiva llegara al nivel que exigían los reintegros de la deuda externa. No se preveían devoluciones ni rebajas del impuesto a las Ganancias. Las naftas se encarecerían 10 centavos y el gravamen a los cheques también mordería las cajas de ahorro. Las protestas contra la globalización ante la cumbre de los ocho países más desarrollados del planeta, que se llevaba a cabo en Génova, cobraban su primera víctima: un joven anarquista de 23 años, con un balazo en la frente disparado a corta distancia por un policía. En Medio Oriente, israelíes y palestinos no se cansaban de matarse. Maurice de Bèvére, Morris, el creador de LuckY Luke, había sucumbido a una embolia en Bélgica. Javier Saviola, el delantero de River, reemprendía con 19 años el camino de Diego Armando Maradona en Barcelona.

No surtieron efecto las 300 firmas de diputados, sindicalistas, empresarios, abogados y los senadores Antonio Cafiero y Pedro del Piero, congregados diez días antes al pie de un documento, leído solemnemente durante un acto público en el Congreso, en el que se suplicaba a la justicia que avanzara "hasta el esclarecimiento total".

El vaticinio de los fiscales resultó cierto. El Diario judicial del viernes 20 y los cables de Telam y DyN ametrallaron las redacciones. "Ninguna prueba se ha recolectado en los abultados 32 cuerpos de expediente que lleve a sostener que los imputados cuyo procesamiento se pretende hayan aceptado promesa para hacer o dejar hacer algo relativo a su función", se resolvía en el dictamen de doce carillas suscripto por los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani. Aseveraban que "no se ha logrado avanzar en la instrucción: sólo se cuenta con las versiones, fueren periodísticas o políticas, volcadas en el expediente pero sin que ninguna resulte ni alcance de manera alguna a tener el imprescindible valor de referencia directa". Con esas pinceladas, los camaristas refrendaban la falta de mérito propuesta por el juez Liporaci el 29 de diciembre de 2000, en desahogo de los once senadores imputados en la causa: Augusto Alasino (PJ, Entre Ríos), Emilio Cantarero (PJ, Salta), Ricardo Branda (PJ, Formosa), Alberto Tell (PJ, Jujuy), Remo Costanzo (PJ, Río Negro), Alberto Meneghini (UCR, Santiago del Estero), Eduardo Bauzá (PJ, Mendoza), Ramón Ortega (PJ, Tucumán), Ángel Pardo (UCR, Corrientes), Alcides López (UCR, Entre Ríos) y Raúl Galván (UCR, La Rioja).

El Ministerio Público había apelado la decisión del juez contra los siete primeros. La Cámara devolvía el recurso sin ordenar ninguna medida de prueba. No aducía consigna alguna sobre el incumplimiento respecto de las peticiones de los fiscales Freiler y Delgado, salvo que se llevara adelante la estancada indagación del patrimonio de los senadores en cuestión. Dejaba el sumario en estado vegetativo, sin mérito para procesar y sin instrucciones sobre cómo proseguir, a merced de la pusilanimidad del juez Cavallo. Al pasar, los camaristas blanqueaban a la SIDE. "En cuanto al cobro de los cheques de la secretaría, así como la ampliación de su presupuesto, bien que ello no sea materia de esta revisión ha de estarse a las conclusiones vertidas en la documentación adjunta por el técnico de la Oficina Anticorrupción designado para su estudio."

Yo ya había examinado los "cheques de la secretaría". Me faltaba "la ampliación de su presupuesto". aquellos treinta millones de pesos que, en sus auditorías a la SIDE, el Síndico General de la Nación, Rafael Bielsa, se desvivía por investigar.

Me llevó todo el día. Apenas interrumpí el trabajo para ir hasta la rotisería de Rivadavia casi Castro Barros, la que está al lado de Tuñín, y comprarme un peceto al horno mechado con panceta y adobado con manteca colorada, una porción de ensalada de tomates y una botella chica de Parrales, un borgoña de Chilecito. De sobremesa fumé relajadamente un Sancho Panza «hecho a mano» en Cuba, que me había regalado mi hermano al volver de alguno de sus viajes como consultor internacional, Para no dejarme adormilar por el tedio de la siesta, me puse a buscar algo de música. Deseché las Lecciones de las tinieblas, de los franceses defines del siglo XXVI Marc-Antoine Charpentier y François Couperin, y puse a rodar un CD con el stábat mater del italiano Giovanni Battista Pergolesi. Envuelto en ese clima sacro revisé infinidad de veces los ficheros de la computadora, saltando de una carpeta a otra, y escribí toda la tarde.

"Soy Coti. Estoy enfrente. Hay que arreglar un asunto. Venite para acá.» Fernando de Santibañes se lanzó en busca de Enrique Nosiglia, que lo aguardaba en la Casa Rosada.

Transcurría la mañana del 24 de enero de 2000. Leonardo Aiello, Ricardo Ostuni y Ana Cernusco, los tres secretarios de De la Rúa, agitaban la víspera de la primera gira internacional del Presidente, que lo llevaría a Estocolmo. Tenía previsto participar en Suecia del Foro Internacional sobre el Holocausto. Luego iría a la cumbre geopolítica de Davos, en Suiza, donde su ministro de economía, José Luis Machinea, presentaría a una nube de empresarios y banqueros el plan de gobierno de la Alianza.

Cerca del mediodía, en la sala de espera del despacho presidencial, el jefe de la Casa Militar, general de brigada Juan Alberto Conrado Hang, controlaba con el director de Ceremonial, Jesús Fernando Taboada, los pasajes de la delegación oficial que abordaría el vuelo 527 de Lufthansa del martes 25 de enero. Minutos después, uno de los edecanes le avisaba que el Presidente estaba libre. El general Hang pidió permiso y entró. Debía entregarle a De la Rúa una carpeta de cuero azul con el Escudo Nacional grabado en oro en su cubierta, que contenía los detalles del programa de viaje. En ese instante advirtió, sobre una mesa cercana en torno de la cual había tres sillas desacomodadas, otros tantos pocillos de café vacíos. Sin embargo, no había visto entrar ni salir a nadie.

Fernando de Santibañes había salido a escape de la Rosada. En 25 de Mayo 11 avisó a una de sus dos secretarias, Gladys Mabel Mota, que durante la hora siguiente no le pasara llamadas, ni lo interrumpiera. Cerró la puerta de su despacho insonorizado, se sentó frente al teclado de su procesador Pentium II, y comenzó a escribir. Encabezó la nota con la frase "Buenos Aires, enero de 2000», dejando en el lugar correspondiente al día dos espacios en blanco. Dirigida al "Señor Secretario", la nota decía textualmente:

"Tengo el agrado de dirigirme al Señor Secretario a efectos de solicitarle quiera tener a bien gestionar, para el Organismo a mi cargo, la asignación de un refuerzo de crédito en la partida ’GASTOS EN PERSONAL’ (Otros Gastos en Personal) de $50.827.804,00 para el ejercicio en curso, de acuerdo a lo conversado oportunamente con el jefe de Gabinetes (sic) de Ministro Dr. Rodolfo Terragno.

"Se fundamenta el presente requerimiento en la necesidad de afrontar indispensables gastos en personal para el normal cumplimiento de las misiones asignadas a la SIDE. "Por último, solicito de Ud. que la asignación presupuestaria sea efectuada mediante Decreto de carácter RESERVADO por tratarse de erogaciones comprendidas en la Ley «S» 19.373.

"Saludo a Ud. atte."

De Santibañes se estiró levemente para tomar tres folios que llevaban impreso el Escudo Nacional y el membrete "Presidencia de la Nación - Secretaría de Inteligencia de Estado» y los colocó en la impresora Hewlett Packard Deskjet 679C. Al minuto, garabateó de su puño y letra un "24" en el espacio de la fecha, y firmó las tres copias. Se acercó a su escritorio y, por el intercomunicador, ordenó a Cristina Mónica Nakamatsu, su otra secretaria, que lo comunicara con el 4345-1386. Al otro lado de la línea, se puso al habla Rodolfo Terragno.

Eran cerca de las dos de la tarde de aquel 24 de enero, cuando de Santibañes se asomó al recinto contiguo y solicitó a sus asistentes que llamaran a Mario Guido Bissoni y Juan José Gallea y les pidieran que estuvieran allí cuanto antes. «Después, que nadie nos moleste», agregó. A sus espaldas, en las mudas pantallas se multiplicaban las imágenes satelitales. La hecatombe del euro y la inminente asunción de George W Bush copaban los canales.

El abogado Bissoni, integrante del bufete Archimbald, Carcavallo, Bissoni, Vila & Asociados, es un viejo amigo personal de de Santibañes, con quien había colaborado estrechamente en el Banco de Crédito Argentino. El Señor 5 lo había nom- su asesor unos días antes. El joven contador Gallea, era, asimismo, nuevo en la SIDE. De Santibañes lo aposentó en la estratégica Dirección General de Administración y Finanzas. Sucedía al experimentado José Daniel Salinardi, que pasaría a trabajar en el estudio de abogados de Hugo Anzorreguy, predecesor de Fernando de Santibañes como titular de la SIDE.

Una vez que Bissoni y Gallea estuvieron en su presencia, de Santibañes fue al grano. Les pasó las tres copias de la nota que le había dirigido a Terragno y, mientras ellos las leían, les dij o que 30 de los 50 millones se destinarían a pagar las indemnizaciones del grueso millar de agentes que despedirían a partir del 1 de febrero. Hizo hincapié en que, entre ellos, había varios accionistas de las compañías de cobertura. Debían encargarse de citarlos para que cedieran las acciones a otros espias.

No sabremos nunca si Bissoni y Gallea preguntaron para qué hacían falta los otros 20 millones, de los 50 que se le pedían en refuerzo presupuestario al jefe de Gabinete. Una vez encomendada la purga, el Señor 5 acompañó a sus subordinados hasta la puerta. A Gallea le indicó que archivara una de las tres copias del documento creado minutos antes, que no fue clasificado como "estrictamente secreto y confidencial".

A Terragno, por su parte, aquella conversación telefónica lo había puesto de mal humor. Le había manifestado al Señor 5 su oposición a que el refuerzo presupuestario se aprobara por un decreto reservado. El capataz de la SIDE lo había abrumado con sus quejas: sostenía que no tenía plata para computadoras y abonos de Internet. Insistió en que lo había hablado con el Presidente, y que éste le había dado su consentimiento. Evitó mencionar las indemnizaciones para los multitudinarios despidos. El Jefe de Gabinete no retrocedió. Doce días antes de aquella conversación telefónica había firmado una Decisión Administrativa que distribuía todas las partidas del Presupuesto Nacional para el ejercicio en curso.

En el artículo 6 de dicha norma había dejado establecido que las modificaciones al presupuesto de la SIDE y los gastos reservados debían estar respaldados por un decreto público firmado por el Presidente. De manera que tenía fundadas razones para mantenerse firme. Lo que Terragno argumentaba era que, si bien los gastos de la SIDE podían ser confidenciales, la asignación de los recursos no lo era. "A ver si me entendés: a mí no me alcanza el presupuesto que tengo, no me importa si los fondos son reservados o públicos, a mí lo único que me interesa es la guita", vociferó el Señor 5.

Indignado, y constatando la inutilidad de la charla, Terragno colgó.

Lo que hizo en definitiva fue proponerle al Presidente que dictara un decreto de publicidad diferida de los actos de la SIDE, para desclasificar información secreta -especialmente la relativa a la utilización de fondos reservados-, después de transcurrido cierto tiempo como se estila en Estados Unidos.

Cuando de Santibañes se enteró, montó en cólera. Hizo que sus abogados, Presa y Bissoni, prepararan un dictamen en el que se afirmaba que no se podía modificar el régimen de gastos reservados, pues estaba regulado por ley, y se lo llevó a De la Rúa. El Presidente estuvo de acuerdo.

El Jefe de Gabinete había comenzado a cavarse la fosa y no lo sabía. La guerra fue larvada, y devastadora. A principios de julio, cuando faltaba apenas un mes para que el terremoto de los sobornos por la Ley de Reforma Laboral invadiera los grandes titulares de la prensa, Terragno viajó a Alemania, España y Portugal, enviado por De la Rúa. Estuvo en Hannover, presidiendo el acto del 9 de julio en el Pabellón Argentino de la Exposición Mundial; y en Madrid, donde se entrevistó con el Presidente del gobierno español, José María Aznar, y con su alter ego del Ministerio de Economía, Rodrigo Rato.

El domingo 16 de julio, mientras se encontraba en Lisboa, recibió una llamada urgente de su Secretario de Coordinación, José Raúl Palacios. El Vicejefe de Gabinete estaba preocupado. "Desde Presidencia o desde la Secretaría Legal y Técnica me piden el expediente para asignarle cincuenta palos a la SIDE, y lo quieren ya. Decime qué hago." Terragno calculó que aún tenía tiempo para discutir el asunto con De la Rúa a su regreso. "Raúl, si te lo piden de Presidencia mandalo, pero sólo por treinta millones, y por decreto público."

De inmediato, Terragno discó el número de la centralita de la residencia de Olivos y pidió que lo comunicaran con De la Rúa. "Presidente, no estoy de acuerdo con hacer un decreto reservado para darle fondos a la SIDE.» El primer mandatario se disponía a analizar con el Ministro de justicia, Ricardo Gil Lavedra, qué hacer con los presos de la seudoasonada guerrillera de La Tablada -que se morían a causa de una huelga de hambre-, y prefirió desentenderse: "No sé, mejor háblelo con Legal y Técnica», fue su escurridiza respuesta.

Dos días después, el 18 de julio por la noche, Terragno llegó a Buenos Aires. Al día siguiente por la tarde le avisaron que en su ausencia De la Rúa había firmado un decreto que no se iba a publicar en el Boletín Oficial, y en el que autorizaba un refuerzo presupuestario de treinta millones para la SIDE. Cuando lo tuvo en sus manos le empezó a oler mal. Estaba fechado el 14 de julio y remitía por planilla separada a una partida para "1. 1. 5. Gastos en Personal-Planta-Otros varios". En el "considerando-" se modificaban "los créditos vigentes del Presupuesto de la Administración Nacional, a fin de atender compromisos contraídos por el Estado Nacional,". En un anexo se afectaban los fondos a la jurisdicción 20 (Presidencia), Subjurisdicción 08 (SIDE), Programa 16 (Información de Inteligencia). Al no figurar la palabra «publíquese", el decreto era automáticamente reservado. Le extrañó que apareciera un rubro codificado con la cifra 1, utilizada para los fondos públicos de la SIDE que no exigen confidencialidad. Preguntó a la Subsecretaria Técnica de la Presidencia de la Nación, María Elena Machinea (prima del entonces ministro de Economía), si había rastros de algún "compromiso contraído por el Estado Nacional" o de "Información de Inteligencia". La respuesta fue que la asignación se acordó "para gastos en personal de la SIDE".

Terragno retrocedió mentalmente hasta su conversación telefónica con de Santibañes y no encontró vestigios de un pedido por personal de planta "y otros". Se pasó la mano por la barbilla y fijó la mirada en la firma que aparecía bajo la rúbrica presidencial: era la de Federico Teobaldo Manuel Storani, Fredi, Ministro del Interior, Jefe de Gabinete subrogante mientras él estaba en Europa.

El aria da chiesa de Pergolesí seguía acariciándome los oídos. No quería desviarme del tema principal, tal vez porque la jornada se me estaba haciendo muy larga, pero sabía que la figura de Storani merecía un párrafo aparte. Y se lo dediqué.

Federico Storani es una personalidad de calibre superior en la política argentina. En sus 51 años se condensan la trayectoria y los renovados bríos de la Unión Cívica Radical (UCR) por dirigir el país.

Comenzó su militancia cuando era muy joven. Graduado de abogado en la Universidad de La Plata con medalla de oro en 1972, le insufló ímpetu a la agrupación universitaria Franja Morada y a la Junta Coordinadora de la juventud Radical. Presidió la Federación Universitaria Argentina (FUA) entre 1973 y 1975, y fue editor de la revista En lucha.

Durante la dictadura bregó en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y fue electo diputado nacional en 1983, cuando se restableció la democracia en el país. En 1985, cuando se trataron las leyes de amnistía, se opuso verbalmente pero las votó «por disciplina partidaria». Fue reelecto diputado nacional en 1987 y en 1993.

En 1995 fue precandidato presidencial de la UCR, acompañando a Rodolfo Terragno. La fórmula Terragno-Storani perdió la elección interna ante el binomio del rionegrino Horacio Massacessi y el cordobés Antonio María Hernández.

En 1999 le atribuyeron apetito por la candidatura a la Vicepresidencia para posicionarse con Fernando De la Rúa, que lo detesta. El núcleo fundador de la Alianza optó por Carlos Chacho Álvarez, del FREPASO. No obstante, ese año Storani revalidó por quinta vez su diploma de diputado, postulándose además a la Presidencia de la Cámara. Quien consiguió apartarlo fue el Coti Nosiglia, que supo jugar con la inquina que le tiene Fernando De la Rúa. Si no hubiera sido por la veloz intervención de Raúl Alfonsín, que intercedió ante el Presidente, Federico Storani no habría llegado a ser el primer Ministro del Interior del gobierno de la Alianza.

Suficiente. Tenía que volver a las desventuras con las que había tenido que enfrentarse Terragno al regreso de su misión en Europa.

El 19 de julio de 2000, a la noche, Terragno llegó en un coche oficial a la Embajada de Francia. El país que fuera cuna de los derechos humanos celebraba su fiesta nacional en Buenos Aires con cinco días de retraso. Tras las venias diplomáticas de uso, el jefe de Gabinete se topó con el ex presidente Raúl Alfonsín, que lo tomó del brazo y lo llevó a un aparte. «Mirá, Rodolfo, recién acabo de hablar con Morales Solá y me ha contado algo terrible. Tiene información confirmada de que hubo sobornos para que los senadores votaran la Ley de Reforma Laboral, y que se pagaron desde la SIDE. La piensa publicar y vos sabés que Morales Solá no es un cualunque. Va a ser una crisis terminal. Creo que deberías hablar con él."

No quería irme a casa sin haber terminado el capítulo. Pero tuve que admitir para mi . s adentros que si había escrito un retrato de Storani, no podía dejar de hacer lo mismo con Rodolfo Terragno, que al fin y al cabo tampoco es un cualunque.

Rodolfo Héctor Terragno es abogado y, tal vez, uno de los mejores periodistas argentinos de los últimos treinta años. Nació el 16 de noviembre de 1943, y entre sus diversos libros destacan Los 400 días de Perón y La Argentina del siglo XXI. Durante la dictadura estuvo exiliado en Londres, donde tuvo la corresponsalía de la prestigiosa revista Crisis, y en Venezuela, donde fue una de las plumas principales del diario El Nacional de Caracas.

Durante el gobierno de Alfonsín fue Ministro de Obras y Servicios Públicos. Terragno, que tiene por costumbre llevar consigo una agenda en la que anota horas y minutos, detalles y frases intrascendentes de cada conversación, fue uno de los fundadores de la Alianza que llevó a Fernando De la Rúa al poder. Muchos lo consideran el dirigente más capacitado e inteligente que tiene la UCR, partido que presidió a partir de noviembre de 1995, después de Raúl Alfonsín. En 1998 Terragno entregó la conducción radical al actual senador y Presidente Provisional del Senado, Mario Losada, quien a su turno, a finales de 1999, volvió a depositar la responsabilidad partidaria por segunda vez en Alfonsín.

Terragno asumió como jefe del Gabinete de Ministros el 10 de diciembre de 1999. Y el 25 de julio de 2000, seis días después de que Alfonsín le revelara el escándalo que se cernía sobre la República, con toda la autoridad que le daba su cargo, encaró a Storani a la salida de la reunión de Gabinete. Quería saber por qué había firmado el decreto reservado reforzando el presupuesto de la SIDE. La relación entre los dos hombres era buena, y de aprecio y respeto mutuos. El Ministro del Interior se justificó diciendo que De la Rúa le había pedido que firmara porque había urgencia, pero que desconocía la naturaleza del decreto. El avezado Storani, con una trayectoria política larga e intensa en la UCR, nieto, hijo y hermano de radicales, y que incluso tenía aspiraciones presidenciales, no debía de creer en sus propias palabras cuando decía que firmaba papeles de Estado sin saber lo que contenían realmente.

Apesadumbrado, Terragno fue a pedir su parecer a José Luis Machinea quien, en un rincón, comparaba números con su segundo, Mario Luis Vicens. Los responsables del Ministerio de Economía, que habían desbloqueado los fondos a consecuencia del decreto "R-" 569, lo vieron acercarse con el entrecejo fruncido. Sin dejarlo hablar lo enfrentaron a la realidad: "Mirá, el dictamen que mandaron ustedes lo pulverizaron entre Legal y Técnica y de Santibañes, y nosotros no pudimos ni preguntar. Te hicieron la cama..."

Con verdadero placer, como el que debe de sentir un coleccionista, comparé datos para averiguar cuál había sido el destino final de esos treinta millones de dólares de refuerzo presupuestario para la SIDE.

Fernando de Santibañes jugaba con la confusión para desviar la pesquisa. Había aparecido en el programa Día D del 19 de octubre de 2000, por América TV, con el periodista Horacio Verbitsky. En ese reportaje, el Señor 5 soltó otro de sus embustes. Con entusiasmo de pastor evangélico dijo ante las cámaras que el dinero en cuestión había sido la estopa de un colchón con el que sostener una negociación que se estaba haciendo con las empresas telefónicas, por deudas atrasadas en los servicios que prestaban al espionaje estatal.

Si la realidad es para los burócratas un conjunto de estadísticas, las que se encuentran archivadas en la SIDE alcanzarían para empapelar la celda en la que debería estar preso Fernando de Santibañes. Desde que asumiera sus funciones, a fines de 1999, Telefónica de Argentina no había renegociado contrato alguno con la SIDE, y la deuda de 5.531.263,61 dólares con Telecom, heredada de la administración anterior que comandara Hugo Anzorreguy, fue saldada por convenio el día antes que el Señor 5 se maquillara para contar fábulas a los telespectadores de Día D. 0 sea que de 30 se habían gastado 5. ¿Qué había pasado con los otros 25?

El 30 de marzo de 2001 Carlos Becerra, sucesor de Fernando de Santibañes, informó por escrito al juez Gabriel Cavallo que estaban "en proceso de renegociación contratos con Telefónica de Argentina S.A.". Con ese armatoste de palabras en clave falsa se mantenía la ficción para entretener a la justicia e impedir que se indagara sobre los 24.468.737,39 dólares diluidos en las fosas subterráneas de la SIDE, que eran parte de los 30 millones ensobrados en el controvertido decreto presidencial.

Esta estrambótica afirmación, lo mismo que los informes que el 6 de abril de 2001 le elevara el Banco Macro sobre los extractos de la cuenta personal de Fernando de Santibañes en ese establecimiento, paralizaron al juez Cavallo. Al 30 de junio de 2000, el saldo negativo de esa cuenta era de 533.858,92 pesos. Aquel medio millón de dólares en rojo se arrastraba desde que lo designaran Señor 5 en diciembre de 1999, e iba incrementándose a razón de 7.200 pesos por mes.

Otros 12 millones de dólares adeudados por Fernando de Santibañes al Banco Macro desde 1997 lo cuelgan en una enredadera con la familia presidencial, el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el titular del Gabinete, Chrystian Colombo. En diciembre de 1998 y por 12 millones de dólares, Fernando de Santibañes le compró al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Parque Diana S.A., una empresa en cesación de pagos que valía 18 millones de dólares. Lo hizo a través de la compañía instrumental de su propiedad y domiciliada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, Montford Finance Ltd. Santiago Obarrio, en nombre de la sociedad caribeña que detentaba apenas un capital de 50.000 dólares, firmó la operación por los 12 millones con la parte vendedora, representada por Horacio Chighizola, Carlos Pérez Rovira y Marcelo Rubén Sánchez. Chighizola es hoy vicecanciller del gobierno de Fernando De la Rúa e integra el estudio de abogados del Ministro de Relaciones Exteriores, Adalberto Rodríguez Giavarini. A su vez, Pérez Rovira está casado con una prima de Fernando de Santibañes, y Marcelo Sánchez proviene del Banco de Crédito Argentino (BCA), entidad de la que de Santibañes fue dueño y Rodríguez Giavarini fue asesor. El dirigente más notorio del Banco Macro que le prestó los aún impagos 12 millones de dólares a Fernando de Santibañes fue Chrystian Colombo, que actualmente es el jefe de Gabinete de Ministros de la Presidencia. De esos 12 millones, hay 5 que no aparecen como ingresados en los libros contables del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y nadie sabe quién o quiénes los percibieron. El 4 de julio de 2000, el delegado gremial de la Comisión Interna de la entidad financiera oficial, Miguel Corsani, hizo la denuncia a la Oficina Anticorrupción (OA). Una semana después se presentó ante el juzgado Nacional de Instrucción de Primera Instancia número 24 de la Capital Federal a cargo de Sergio Torres. La Oficina Anticorrupción, inmersa en el Ministerio de justicia que maneja Jorge De la Rúa no ha producido nada sustancial. El hermano del Presidente ha elevado el pliego del juez Torres al Senado de la Nación, para ascenderlo en reemplazo del defenestrado juez federal Fernando Branca.

Unos días más tarde, el periodista Joaquín Morales Solá cumplió con lo que le había anticipado al ex presidente Alfonsín en la Embajada de Francia. El 6 de agosto lanzó a Fernando de Santibañes a la hoguera del pago de favores. Siguiendo sus artículos en el diario La Nación se podía desentrañar el "sistema" configurado en el Senado durante la década anterior, según el cual los senadores peronistas y radicales recibían contraprestaciones del gobierno por aprobar leyes. La compraventa hacía su reaparición con De la Rúa en la Presidencia, con sobornadores en la SIDE.

El 3 de diciembre de 2000, después de ordenar sus notas, Morales Solá publicó una larga crónica en la revista dominical de su diario. Contó el calvario de dudas que padeciera Terragno hasta que De la Rúa lo cesara, aquel espectacular 5 de octubre. Tras los enroques ministeriales que ese día anunció el Presidente, Carlos Chacho Álvarez salió a trompicones del gobierno. En esa misma fecha el primer mandatario de la República firmó subrepticiamente un nuevo decreto, desclasificando el carácter secreto del "R" 569, que Terragno se había negado a firmar. La norma reservada se hizo pública repentinamente. Y de manera desprolija. El decreto 881/00 se autojustificaba diciendo que "los hechos de dominio público han demostrado un claro interés en conocer las decisiones adoptadas respecto de los créditos presupuestarios asignados a la Secretaría de Inteligencia de Estado", como si dos meses y medio antes ese interés no hubiera existido, con un jefe de Gabinete "puenteado" y que ignoraba a dónde iba el dinero de los contribuyentes que se distribuía solapadamente desde la Casa Rosada.

Según cuenta Morales Solá, el día que Terragno fue a pedirle al Presidente que le aclarara el tema del decreto, se encontró a la salida de la reunión con Storani, que le preguntó con desesperación: "¿Qué te dijo De la Rúa?". Visiblemente ofuscado, y con un ademán de resignación, Terragno apartó con amabilidad a Storani de su camino.

¿De la Rúa le quitó la cláusula confidencial al «R" 569, cincuenta días después de haberla aprobado, para lograr que Terragno no hablara? ¿Qué confidencia compartía Storani con el Presidente y temía que le fuera revelada a Terragno? Su contenido no late explícito en la renuncia del 16 de marzo de 2001, al dimitir como Ministro del Interior. Debe quedar oculto, para que lo desentierren biógrafos o historiadores.

Fuentes
Diario judicial, Internet, Buenos Aires, y cables de las agencias TelAm y DyN, 20 de julio de 2001. La Nación, Clarín, Página 12, Buenos Aires, 11 y 21 de julio de 2001 y 6 de octubre y 19 de noviembre de 2000.

Alberto Ferrari y Francisco Herrera, Los hombres delpresidente, Ediciones Tarso, Buenos Aires, 1987. Martín Granovsky, Biografía no autorizada de Federico Storani, fascículo revista Somos, Argentina, sin fecha, archivo de los autores.

Decreto "R» 569 del 14 de julio de 2000, desclasificado por el Presidente de la Nación el 5 de octubre de 2000. Causa 9900/00 "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho", declaración testimonial de Rodolfo Héctor Terragno del 5 de diciembre de 2000, Tomo xvi, folios 3.026-3.03 1. Declaración testimonial de María Elena Machinea del 26 de septiembre de 2000, Tomo vi, folio 1. 110 y Tomo xvi, folios 3.019-3.022.

Transcripción de la entrevista de Horacio Verbitsky a Fernando de Santibañes el 19 de octubre de 2000 en Día D, América TV, Buenos Aires. Causa 9900/00, "Ortega, Ramón B. y otros s/cohecho", nota 21-29.141 del 26 de marzo de 2001 firmada por el abogado Ricardo Felippelli del estudio O’Farrell, apoderado de Telefónica de Argentina S.A. Nota con membrete de la SIDE del 30 de marzo de 2001, firmada por su titular Carlos Becerra, Tomo xxvi, folios 5.029 y 5.086. Expediente 3951/00 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda y Resolución 209/00. Convenios entre la SIDE y Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A. del 7 de marzo de 1996 y 12 de marzo de 1998. Documento de Reconocimiento de la deuda y compromiso de pago entre la SIDE y Telecom firmado por Fernando de Santibañes y Carlos Masjoan, sin fecha. Carta del 3 de abril de 2001 de Telecom S.A. firmada por su gerente de Asuntos Contenciosos Raúl Rogelio Poletti y recibo R707-00003854, extendido a nombre de "Observaciones judiciales-cliente 0000000132/0000, Tomo XXVI folios 5.094-5.109, Diligencia judicial 069-71-0001/01, División Delitos Complejos de la Policía Federal, 27 de febrero de 2001, Carta al Banco Macro del 4 de abril de 2000 y su respuesta del 18 de abril de 2000. Extractos de cuentas de Fernando de Santibañes, Tomos xxix y xxx. (Véase Anexo I Documentos)

Jefatura de Gabinete de Ministros, Memorándum SCG 416/00 y Ficha PROGSCOORD 686/2000. Copias en el archivo de los autores. (Véase Anexo 1 Documentos)

Noticias, Buenos Aires, 8 de julio de 2000 y 3 de marzo de 2001. Clarín, Buenos Aires, sección economía, 5 de mayo de 2001. Causa 34888/01 del juzgado Nacional de Instrucción de Primera Instancia número 24, Secretaría a cargo de la Dra. Fabiana Palmaghini. Los detalles de la deuda de Fernando de Santibañes con el Banco Macro admitidos por el jefe de gabinete, Chrystian Colombo, en abril de 2001 durante su informe mensual obligatorio en la Cámara de Diputados de la Nación. La vinculación de Marcelo Sánchez con de Santibañes quedó asentada en su testimonio en la audiencia pública del 29 de diciembre de 2000, cuando se aprobara el Directorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
*Capítulo II, del Libro La Prueba

miércoles, 20 de junio de 2001

Denuncian a Vila y a Manzano por lavado de dinero

Edita el Diario La Nación La Sindicatura General de la Nación imputará hoy al conglomerado de medios ante la Justicia
Denuncian a Vila y a Manzano
Acusarán al multimedio por operaciones de lavado de dinero que alcanzarían los $ 600.000.000 La Sindicatura investigó durante meses los movimientos de este holding. Se basó en expedientes del ComFeR. Detectaron serias irregularidades en transferencias accionarias 
Por: María Fernanda Villosio
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) denunciará hoy ante la Justicia al grupo Vila-Manzano, un poderoso inversor en medios de comunicación, por supuestas operaciones de lavado de dinero y de evasión fiscal.
Este holding multimedio habría realizado negocios, de 1994 a 1999, por montos que ascenderían a los 600 millones de pesos, según estimaron fuentes de la Sindicatura.
El organismo, presidido por Rafael Bielsa, logró confeccionar un mapa, al que tuvo acceso La Nación , de las inversiones básicamente en canales de cable, pero también en radios FM, que ubicaron a este grupo como uno de los más influyentes en el interior del país.
Al rastrear los pasos de cada una de las sociedades, los contadores de la Sigen se toparon con una maraña de operaciones empresariales que, a su juicio, podrían servir de pantalla para disimular el ingreso de dinero proveniente de hechos ilícitos.
En ese sentido, la presentación judicial que hoy recaerá en el juzgado federal de Claudio Bonadío da cuenta de empresas que se compraban a sí mismas, presuntos autopréstamos, compraventa de sociedades que desafiaban las leyes clásicas de la contabilidad e intervenciones de bancos off shore con domicilio en las islas Caimán.
Es la primera vez que un organismo público denuncia penalmente a la sociedad que integran Daniel Eduardo Vila y el ex funcionario menemista José Luis Manzano por supuestas maniobras de blanqueo de divisas. Por otra parte, en la justicia mendocina se tramita otra presentación, impulsada por un ex socio de Manzano, Bernardo Ruti, que lo acusó de haber obtenido "dinero ilícito durante su paso por la función pública".

Papeles secretos
La Sigen detectó las presuntas irregularidades al analizar 51 expedientes que se encontraban en poder del Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR). Estos papeles permanecieron ocultos durante el menemismo.
Sucede que las empresas de comunicación deben solicitar autorización ante el Comfer para realizar cualquier operación vinculada con compra, venta o fusión de sociedades.
Esto explica por qué la documentación celosamente guardada en ese organismo fue la herramienta que permitió a la Sigen conectar a la empresa Supercanal SA, cuyo directorio integran Vila y Manzano, con más de 37 sociedades.
En la Sindicatura están convencidos de que con esa información la Justicia podrá hallar la ruta del dinero presuntamente "negro" que sirvió para edificar este emporio mediático, por cierto ahora venido a menos, ya que se encuentra en proceso de concurso preventivo.
"Hubo fusiones y absorciones de empresas para que se pierda el rastro de los verdaderos dueños", aseguraron fuentes de la Sigen.
La Nación intentó, sin éxito, comunicarse con Manzano en sus oficinas porteñas. Amigos del ex ministro del Interior menemista aseguraron que se encontraba de viaje en el exterior.

Irregularidades
La investigación de la Sigen se inició cuando el ComFeR puso en marcha una auditoría interna para sanear sus alicaídas arcas y descubrió estos documentos desconocidos.
El auditor interno del ComFeR, Gustavo Garnería, requirió entonces ayuda de los especialistas de la Sigen, que buscaron en los archivos durante meses y cruzaron datos.
Primero encontraron anomalías en la acción del Comfer, que nunca se preocupó por averiguar el origen de los fondos de estas inversiones, como le exige la ley. Después, los técnicos de la Sigen -Ricardo Pérez Vélez, Hugo Carcavallo, Rafael Lombardi y Sergio San Román- puntualizaron sospechas en las transferencias realizadas por los dueños de Supercanal. Algunos ejemplos:
Compras de empresas y de aperturas de subsidiarias (Mas Tec off shore INC, Latlink Argentina Inc, Latlink Corp) que, al final, pertenecían a una sola sociedad: Mas Tec Inc. Aparece como su titular el fallecido empresario anticastrista Jorge Mas Canosa. Ruti asegura que Mas Canosa es, en realidad, testaferro de Manzano. En 1997, Mas Tec Inc. adquirió una parte de las acciones de Supercanal SA por un valor de 13,6 millones de pesos. Antes, había comprado un adicional por $ 2.000.000.
Operaciones crediticias de Supercanal SA y Supercanal Holding S.A con el ING Bank, sucursal Gran Caimán, por 90 millones de pesos, en las que se pusieron como garantías las propias acciones de la empresa. Esta operación es considerada altamente riesgosa.
Daniel Vila adquirió la firma CTC Mercedes SRL por 5.507.160 pesos y, ocho meses después, en octubre de 1997, la vendieron a la empresa Mirror Holding SRL en sólo 15.000 pesos. Vila tenía el paquete mayoritario de esta sociedad.
El informe de la Sigen menciona una serie de hechos que la obligan a pedir una investigación judicial: "Instituciones off shore , sucesiva mutación de sociedades, otorgamiento de préstamos y aumento patrimonial".

Datos
Bajo la lupa: el análisis de la Sigen abarcó las tramitaciones en las que fue parte la empresa Supercanal SA.
Muestreo: de los estados contables de Supercanal surge que las empresas integrantes del grupo son, entre otras, Horizonte SRL, Red Celeste y Blanca SA, TV Cable La Rioja S.A, TV Cable Catamarca SA.
Aumento: la Sigen detectó un aumento del patrimonio de Daniel Vila. En 1997, dijo tener 993.000 pesos y en 1999 ascendió a 150 millones de pesos.

El esplendor y el ocaso de un supergrupo surgido de la nada
Daniel Vila creó un multimedio a partir de una pequeña radio. Nunca ocultó su amistad y su sociedad con el ex ministro Manzano. Cómo se llegó a la crítica situación actual 
Por: Susana Reinoso
Daniel Vila es el rostro visible de un conglomerado de medios del interior -Grupo Uno- nacido al amparo de una familia que comenzó amasando su fortuna en la industria de la construcción. Tras comprar su primera radio en 1983, Grupo Uno creció de prisa desde 1996 hasta el ocaso del menemismo, justo en el tiempo en que el CEI Citicorp Holdings devoraba canales, radios, sistemas de cable, medios deportivos y revistas.
Astuto, directo, de temple animoso y hábil para prohijar sociedades, Vila es el integrante de la familia que ha sobrellevado el peso de la fama en los medios. Siempre admitió su amistad con José Luis Manzano y con Raúl Moneta, el ex mandamás del CEI, pese a que el ex banquero de Carlos Saúl Menem no lo invitó a sumarse a la adquisición del Banco Mendoza y lo convocó mucho tiempo después.
Hijo del empresario de la construcción Alfredo Vila Santander, la familia construyó hace 20 años el primer barrio privado de Mendoza en tierras que continúan en litigio, pues la Universidad Nacional de Cuyo las reivindica como propias. Abogado matriculado en 1976, no fue sino hasta 1983 cuando Daniel Vila dio el puntapié inicial en el mercado de los medios con la compra de Radio Nihuil, a la que luego le siguieron Supercanal, el diario Uno y otros medios. Todas las inversiones, reitera Vila, fueron realizadas con endeudamiento y emisión de bonos, hasta que el grupo hizo el primer crack con la caída de Supercanal Holdings hace poco más de un año, hoy en concurso de acreedores.
En plena efervescencia alfonsinista, mientras Daniel Vila se entrenaba como empresario de medios, su padre afinaba los vínculos con Jorge Mas Canosa, el dirigente cubano anticastrista -muerto de cáncer en 1997- que amasó una controvertida fortuna en Miami y que ingresó en Supercanal con el 29% de las acciones.

Plataforma de despegue
La compra de Supercanal fue la plataforma de despegue del Grupo Vila en el nivel nacional e internacional. Se sumó luego la opción de compra, discutida en la Justicia, por Radio Rivadavia y la adquisición de una parte de Radio La Red. Con voluntad ganadora y de la mano de Manzano, Vila compró sistemas de TV paga en Bolivia y la República Dominicana, y se alzó con licencias para TV por cable en España, las que vendió después.
A mediados de los años noventa, con Manzano como sagaz operador, Vila dividía sus días entre Miami, Nueva York y Buenos Aires, cautivando a los bancos extranjeros por un total de US$ 600 millones de dólares. Tiempo después, Vila y Manzano adquirieron el diario La Capital, decano de la prensa argentina. Y continuaron su expansión en Entre Ríos.
Paralelamente comenzó a tejer un complejo rompecabezas jurídico de sociedades con el paraguas de La Capital Multimedios, que agrupa los medios del grupo en Rosario, Paraná y otras ciudades entrerrianas. El ex dueño de La Capital, Carlos María Lagos, denunció a Vila y Manzano por supuesto vaciamiento de empresa a raíz de un intrincado traspaso de fondos entre esa empresa y el Grupo Uno, de Mendoza.
Cuentan los memoriosos que dos de las figuras descollantes en el relanzamiento del diario rosarino fueron José Luis Manzano y Enrique "Coti" Nosiglia, viejos amigos que confrontan en la arena política.
La situación financiera del Grupo comenzó a complicarse justo en el tiempo en el menemismo se extinguió en el horizonte electoral. Y, si en honor a la verdad, Vila siempre ha negado haber sido favorecido por Menem para sus operaciones de medios, no es menos cierto que en la opinión pública siempre ha existido una sombra de duda sobre los orígenes de los fondos con los que la familia adquirió tantos medios con tanto vértigo y en tan poco tiempo hasta el crack de Supercanal, cuyo destino permanece incierto.

Y cuando Vila defendía a Kirchner:
Alfredo Leuco cuenta su ida de América TV
“Hijo de puta, comprate un canal si querés hacer periodismo”, me dijo a los gritos y por teléfono Daniel Vila un día antes de que se emitiera el último programa de Fuego cruzado, que yo coconducía con Marcelo Longobardi por América TV. Fue la última vez que hablé con él. Se negaba a que emitiéramos un informe riguroso (que guardo en mi archivo con orgullo) precisamente sobre el origen, la ruta y el destino incierto de los tristemente fondos de Santa Cruz. “Esa investigación no va”, me dijeron a dúo Vila y su comisario político Román Lejtman, delegado por entonces de Alberto Fernández y Enrique Albistur en el canal.
“Si no va el informe de los fondos de Santa Cruz, yo no voy el domingo a hacer el programa”, contesté absolutamente asqueado por las presiones brutales que ya veníamos recibiendo diariamente durante meses y que, curiosamente, Vila recordó como un adalid de la libertad de prensa en su discurso. “Me querés extorsionar, hijo de puta. Querés que yo quede como un censurador y vos como un ídolo. Ahora te ordeno que vengas y hagas el programa”, dijo antes de cortar la comunicación. Hice el último programa solo. Nerviosamente, dije varias cosas entre líneas porque confieso que tuve temor. A la respuesta violenta de Daniel Vila que tiene un par de causas en la Justicia por sus reacciones contra dos periodistas, y a que el resto de los empresarios periodísticos no me diera trabajo porque una parte importante en ese momento jugaba para Kirchner por terror o conveniencia.

domingo, 11 de febrero de 2001

A investigar sus millonarias inversiones. Manzano, Vila y compañía

José Luis Manzano y su socio Daniel Vila fueron denunciados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, por presunto lavado de más de 400 millones de dólares e infracción a la ley penal tributaria. También se pide que se investigue si el dinero no fue “obtenido ilícitamente” cuando Manzano era funcionario. El rol del Citibank y de Moneta
Por: Susana Viau
Una denuncia ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sostiene que el ex ministro menemista José Luis Manzano y su socio, el empresario mendocino Daniel Vila, cometieron infracciones a la Ley Penal Tributaria “y lavado de dinero de Manzano” por más de 400 millones de dólares “obtenidos ilícitamente durante su paso por la función pública”.
La presentación de Bernardo Martín Rutti pivotea sobre el prodigioso crecimiento del grupo Vila-Manzano en materia de comunicaciones, compra de cables, medios gráficos y radios, en el país y en el exterior. El denunciante aportó, asimismo, las rutas empleadas para la supuesta evasión y el presunto lavado. Según Rutti, los capitales depositados en el exterior reingresaban al país a través del Citicorp Banco de Inversión. Se sospecha con sólidos fundamentos que algunas de estas operaciones estarían incluidas en la documentación que tuvo en cuenta el subcomité del Senado norteamericano que investiga el lavado de dinero. La pista podría haber sido seguida a través de Seabrook, una sociedad de Manzano domiciliada en Montevideo, cuyo apoderado es Nicolás Martín Becerra (hijo del procurador general de la Nación) y que habría operado con el Federal Bank.

La “Cototo” conection
El denunciante Rutti, que según pudo establecer Página/12 es un ex empleado del grupo Vila, detalló con prolijidad el tipo de inversiones “ no declaradas o declaradas por montos inferiores” a las que hace referencia en su presentación a la AFIP. Asegura que los iniciadores del negocio de Supercanal S.A. fueron la familia Vila en acuerdo con la de otro coterráneo, Orlando Terranova. En 1995, el vínculo entre ambas se debilitó y los Terranova acabaron vendiendo su participación accionaria. El comprador fue nada menos que uno de los líderes de la “contra” de Miami, el anticastrista Jorge Mas Canosa a través de la firma Mas Tec Inc. y se hizo a un valor de 18 millones de dólares, aunque afirma Rutti “fue declarada a un precio mucho menor”.
No es ésa la más dura de las señalizaciones de Rutti, quien asegura que en realidad la participación de Mas Canosa se limitó a poner su nombre dado que el verdadero inversionista era el también mendocino José Luis Manzano, imposibilitado de reaparecer después de su desdoroso alejamiento de la función pública con una inyección de dólares de semejante envergadura. “Prueba de ello –relata Rutti– es que el grupo Mas Tec, figurando con el 28,80 por ciento de las acciones de Supercanal Holding S.A. nunca tuvo ningún representante en el directorio y que Adelina Dalesio de Viola, que fuera viceministra de Manzano en el Ministerio del Interior, figuraba como apoderada de ese grupo.” Por el contrario, en el directorio de Supercanal figuraban como presidente Daniel Vila y en calidad de directores Alfredo Vila Santander, Neil Bleasdale, Mariano Lucero, Sergio Ceroi, Guillermo Bordallo, José Luis López, Nicolás Martín Becerra y... José Luis Manzano.
En esas fechas el ex Guardia de Hierro, llamado “Chupete” en ambientes políticos y “Cototo” en Tupungato, su pueblo natal, había regresado al país con low profile, de la mano de su por entonces compañera sentimental y socia, la modelo Alejandra Massilo. Dejaba un prolongado ostracismo en Estados Unidos que, en sus últimas estribaciones, no le impidió concurrir a las recepciones organizadas por círculos republicanos en agasajo a personajes del justicialismo.
A partir de ese momento, cuenta Rutti, “el grupo tuvo un rápido e injustificado crecimiento económico comprando gran cantidad de cables en el interior del país, con una inversión del orden de 300 millones aportados por Manzano. Luego obtuvieron créditos del banco ING Baring completando el raid de inversiones en medios de comunicación que se llevó a cabo entre los años 1995-1997”.

El cable conductor
De acuerdo a la presentación, en ese período la sociedad Vila-Manzano compró o constituyó 25 empresas de televisión por cable con una cartera de 227 mil abonados. El área de las operaciones abarcaba la provincia de Mendoza y también las de San Juan, Catamarca, La Rioja, San Luis y Córdoba. Explicó Rutti que el precio promedio pactado fue de 1500 pesos por abonado, que era el estimado en esas fechas, y Vila reconoció en declaraciones formuladas en noviembre de 1998. Agrega que en 1997 Sucanal SA fue vendida a Daniel Vila y a Mirror Holding SRL a un precio de 9 millones y medio y también declarada en sumas mucho menores. Mirror Holding tenía su sede en la calle Cerrito al 700 de Capital Federal, donde funciona el estudio Beccar Varela. “En suma –informa Rutti–, desde la venida de Manzano concretaron 46 operaciones de compra o fusión en televisión abierta y por cable, radio y gráfica, conforme surge de la información suministrada por el grupo” y publicada por los medios en octubre de 1998.
La presentación hecha a la AFIP refiere que para borrar las señales que pudieran conducir al verdadero origen de los fondos “se creó un entramado de sociedades controlantes de las sociedades titulares de las emisoras de cable” y precisa que en el caso de La Rioja (Cablecolor SA y TV Regional Centro SA) se encontraban a nombre de Jorge Camzutti, pero “su verdadero dueño era Carlos Menem (...). El apoderado de todas esas empresas es Nicolás Martín Becerra, quien comparte poder de administración con Oscar Apesteguía. La prueba de que pertenecen al grupo es que todos esos canales de cable emiten la misma señal que Supercanal”.

De Argentina al mundo
La extraordinaria y más que llamativa expansión del grupo Vila-Manzano se puso en evidencia con la compra de cables en el extranjero con fondos procedentes de Argentina: en 1977, adquirieron en 7 millones el 25 por ciento de Procono –un canal de cable con telefonía– de las regiones de Castilla y León, en España. La inversión no fue declarada, pero sí reconocida por Daniel Vila en un matutino porteño el 22 de setiembre de 1997. Crearon, asimismo, Supercanal de Cable de España (constituida en Madrid el 23 de abril de 1997) con un capital de 20 millones de pesetas (100 mil dólares), aportando una inversión de alrededor de 150 millones de dólares procedentes de Argentina. Dos años después anunciaron en los diarios que habían vendido en 7 millones de dólares el 3 por ciento del paquete accionario a Unión Fenosa (empresa de energía eléctrica de España).
Brasil fue otro de los objetivos comerciales del pujante grupo inversor: adquirieron VVC, Alvarez & Alvarez, Video Selimn, MEG, Teresópolis Electro Audio e Imagem; CATV Sat Litd, Spectrum Sistemas de Televisao. El precio pactado fue de algo más de mil dólares por abonado. La cartera de abonados de estas empresas sumaba 26 mil clientes. Del mismo modo se hicieron de cables en La Paz y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) por unos 10 millones de dólares. Igual que las anteriores, estas compras no fueron declaradas, aunque su titularidad la reconoció Daniel Vila ante los medios. Otra joya de la corona es Dominicana Supercanal, ubicado, obviamente, en República Dominicana.

Negocios de papel
Entre 1993 y 1994, historia Rutti, el grupo invirtió 20 millones en el diario Uno y la revista Primera Fila. En 1997 pasó a poseer el 51 por ciento del diario La Capital, de Rosario; el periódico Nueva Hora, de Paraná; las emisoras LT3 Radio Cerealista y LT 8 de Rosario; radios de frecuencia modulada en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. “La sociedad compradora –expresó Rutti a la AFIP– fue Grupo Uno SA y parte de los pagos se realizaron por medio de instrucciones irrevocables de pago de Supercanal Holding SA libradas contra ING Baring para depositar los fondos en la cuenta SBC Warburg del Suiss Bank Corporation en Stanford, USA, la cuenta 101-WA-360783 abierta por el Banco Mendoza SA, conforme surge de la documentación que acompañó, firmada por Germán Ranftl, en esa época vicepresidente de ING Baring y en la actualidad funcionario del grupo Vila-Manzano. A través de esa cuenta se hizo el resto de los pagos en negro al grupo vendedor.”
La lista de medios enumerados por Rutti como nueva propiedad del grupo Vila-Manzano es casi interminable. Merecen destacarse las compras del 72 por ciento al grupo Stornell (dueño del Canal 7 de Mendoza, 8 de San Juan, Radio Calingasta de San Juan, Radio FM Nuestra, de San Juan, y TV Río Diamante) por un monto de 92 millones, aunque declarado en un número menor. La operación incluyó a Los Algarrobos, un establecimiento vitivinícola con diferimiento impositivo, frondosa rama de los diversificados negocios del ex ministro del Interior. Vale mencionar, también, la compra en 1998 de Radio Rivadavia, propiedad del nosiglista Luis Cetrá, en 19.700.000, aunque los papeles marquen cifras más reducidas.

Las cuevas del Vaticano
En el apartado que Rutti dedica a describir los senderos recorridos por el dinero, cuya procedencia adjudica a la corrupción política y a la evasión fiscal es donde comienza la auténtica sorpresa. “El reingreso al país del dinero (...) lo hacía (el grupo) a través del Citicorp Banco de Inversión (...). La relación de Vila-Manzano con el Citibank la estableció el banquero Raúl Moneta”, afirma el ex empleado de los Vila. Rutti aclara que los accionistas titulares del Citicorp Banco de Inversión (absorbido en la actualidad por una entidad del mismo grupo –¡pero de menor capital!– el Citicorp Capital Market) eran Citibank Overseas Investments Corporation y Fideliter SA, sociedad inversora que está a nombre del abogado Damián Beccar Varela y miembros de su estudio jurídico.
De acuerdo a la presentación de Rutti, para realizar la maniobra de reintroducción del dinero –y a modo de entidades controlantes– se formaron diferentes sociedades cuyos accionistas eran en el momento de su constitución los miembros del estudio Beccar Varela. A poco de andar, éstos eran sustituidos por el propio Daniel Vila, sus familiares o prestanombres. Tal operatoria se observó en el caso de G Uno SA y se reiteró luego con Uno Multimediios SA, Compañía Independiente de Contenidos S.A, TV Uno SA, Uno Gráfica SA (interviniente en la compra del diario La Capital), Uno Radios SA, Uno Pay SA, Superfone SA. Damián Beccar Varela es el abogado del grupo Vila-Manzano. “Otra modalidad que utilizaron para blanquear la introducción de los capitales de Manzano y las sumas provenientes de la evasión de las empresas del grupo –dice Rutti– fue fraguar préstamos de bancos y/o empresas extranjeras, preferentemente del Uruguay y de sociedades constituidas en el Caribe.”
La denuncia contiene un pormenorizado informe de las propiedades personales del ingenioso y emprendedor ex ministro e indaga hasta en sus tarjetas de crédito, que exhiben un gasto mensual de 30 mil dólares que no condice para nada con su declaración de impuestos.
Fuente: Diario Página/12

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