domingo, 29 de enero de 2012

“Si la prensa no se interesa en debatir la nueva ley, lo hará la sociedad”

A menos de una semana de haber asumido sus funciones, la ministra de Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila, habló con Página Siete sobre la futura legislación en comunicación y otros temas de su agenda. Dijo que son los periodistas y empresarios de los medios y todos los involucrados en el área los llamados a elaborar las propuestas para la nueva legislación en comunicación e ingresar al debate; sin embargo, en caso de no haber planteamientos, las organizaciones sociales podrán elaborar sus propuestas pues se trata de un tema de interés de toda la ciudadanía.
¿Cómo llega usted al ministerio y cuál es su percepción?
El Ministerio de Comunicación no tiene ni un año de vida. Fue creado en febrero de 2011, como un esfuerzo del Gobierno destinado a institucionalizar y fortalecer la comunicación del Estado.
Ahora, en cuanto a lo otro, llego al ministerio por sorpresa. Tiempo atrás, el Vicepresidente me convocó a Palacio para conversar, por supuesto que fui inmediatamente. Nadie le dice no a un Vicepresidente. Cuando entré a la sala, estaban Álvaro García Linera y el mismo presidente Evo Morales. Fue una conversación que me gustó porque el Presidente escuchó con respeto, incluso críticas que hice, pues es abierto y muy franco; además, tiene buen humor, lo cual me encanta. Tiempo después me llamó el Presidente y me dijo que estaba reunido con el canciller David Choquehuanca y que habían acordado invitarme para que me hiciera cargo del ministerio. Me enteré que se tejían especulaciones sobre nombramientos en el área, pero espero que mis amigos y amigas comprendan que debía guardar silencio.

¿Cómo visibiliza de manera práctica ese acceso a los medios de sectores que nunca tuvieron espacios?
Por ejemplo, un diario que comprende el proceso y la nueva Constitución lo que tendría que hacer es abrir espacios para los movimientos afro, los movimientos de diversidad sexual religiosa, etc., pero sobre todo no criminalizar la política.
Criminalizar la política significa que los movimientos sociales que cogobiernan e influyen hoy en el Estado han pasado de ser víctimas de la crónica roja a cosas peores sobre las cuales hay que hacer caricatura, mofa, escarnio sólo porque estas víctimas han pasado a ejercer su derecho a participación y al ejercicio de la política sin pedir permiso a nadie.
La respuesta de algunos medios, frente a esto, es que nada bueno puede hacer el Gobierno y si hay algo bueno es un error, lo cual es un ninguneo; le invito a hacer un análisis de contenido de algunas columnas en la prensa, aunque creo que ya las están haciendo, lo cual trasluce una naturaleza racista.

¿Qué es lo que no se hizo en estos seis años de Gobierno y que ahora debe hacerse?
Creo que falta dar a conocer los logros del Gobierno de una manera menos propagandística y más informativa. Por otra parte, el Presidente ha reconocido que los medios estatales dan acceso más a los sectores de Gobierno dando a entender, yo creo, que los sectores de opinión diversa o de oposición no han tenido presencia en los medios estatales. Y éste es un reto que vamos a asumir para que los medios estatales se abran a la pluralidad. Y el Presidente lo ha dicho ya en su informe: “yo nunca ordené que los medios no tomen declaraciones de los opositores”.
Los medios del Estado no han sido lo suficientemente atendidos, y por ello no se tiene un canal fortalecido y con una buena infraestructura; debe avanzar más la instalación de radios comunitarias originario campesinas, obreras y mineras.
Hoy hay 39 radios instaladas y se espera llegar a más de 60 en todo el país.

Se ha mencionado que hoy su ministerio tiene un importante presupuesto para llevar adelante este plan. ¿Cómo ve usted esto?
Por el contrario, considero que el presupuesto del ministerio debe ser aumentado, pues debe encarar proyectos importantes que requieren muchos recursos; por ejemplo, la compra de una gran imprenta para el Estado, como la había antes en el Ministerio de Educación, liquidada también por la privatización y el desmantelamiento en épocas anteriores para promover los contratos del sector público alimentando al sector privado; entonces, tenemos por delante un desafío importante para fortalecer los medios del Estado.

¿Es posible que se esté considerando la construcción de un proyecto de ley que unifique la idea de la Ley de Medios y la Ley de Imprenta?
No, el Gobierno no tiene nada pensado al respecto, lo que ocurre es que el Primer Encuentro Plurinacional, llevado a cabo recientemente en Cochabamba, concluyó en la necesidad de elaborar un instrumento legal que adapte la legislación existente en comunicación a la nueva Constitución Política del Estado. Es decir, todas las leyes nacionales, sectoriales, así como los estatutos departamentales, tienen que adecuarse a la Constitución. Recuerde la Ley de Telecomunicaciones que ha sido destacada por diversos sectores pese a cierta oposición.

¿Y eso debe darse este año?
No, creo que eso forma parte de un proceso: diálogo, debate con sectores, etc. Por ejemplo, el tema de la legislación en comunicación no es una prioridad para el Gobierno porque hay otras muchas leyes fundamentales para profundizar el proceso.
En este sentido, el Gobierno no tiene un proyecto de ley, ni siquiera un anteproyecto ni un mero esquema en el área de la comunicación, lo que tiene sí es el mandato de la cumbre de que el área de comunicación en Bolivia debe tener una legislación que, recogiendo los principios de la libertad de expresión e información de la Ley de Imprenta, se adapte a la CPE.

¿Entonces eso quiere decir que una ley en este campo se va a construir en consenso?
Lo que se tiene previsto, como se ha hecho con otros sectores, es que las organizaciones involucradas en el tema puedan dialogar, debatir y presentar sus propias iniciativas para adecuar sus instrumentos legales que los amparan a la nueva Constitución Política del Estado. Lo que corresponde es que las organizaciones de periodistas, de medios de prensa, de propietarios puedan presentar sus ideas, sus propuestas para avanzar en la construcción de una nueva legislación en comunicación.
Ahora, ¿qué pasaría si todos estos sectores involucrados no lo hacen y no tienen interés de hacerlo? Me imagino que las organizaciones de la sociedad pueden también presentar sus propias propuestas, porque la Constitución Política del Estado dice claramente que la comunicación y la información son derechos básicos de la ciudadanía en general y, por tanto, no son un patrimonio de los periodistas.
Si la prensa no se interesa en debatir la nueva ley, lo hará la sociedad.
Quiero aclarar también que se va a recoger y respetar el principio filosófico, la base fundamental de la Ley de Imprenta, que es el libre acceso a la información, el derecho a la opinión, el derecho a la expresión, así como el derecho a preservar la fuente de información.

¿Se incluirá el tema de la necesidad de una información “veraz”?
No, yo creo que es mejor hablar de responsabilidad. Lo que sí es importante incorporar es la posibilidad de regular el número de medios de comunicación pues no creo que sea sano, siendo la comunicación e información un derecho de todos. Que, por ejemplo, un solo empresario detente ocho radios, tres canales de televisión y dos periódicos' no creo bueno el monopolio ni el oligopolio en la prensa ni en ningún sector, pero esto puede partir o no de las propuestas que se generen.

Finalmente, nos gustaría saber cómo se va a trabajar en la transparencia de la información.
Se van a mejorar los sistemas de acceso y difusión de la información. Con el Presidente hemos acordado que los ministros y viceministros deben estar abiertos a dar información, porque no hay nada que ocultar. Todo tiene que estar disponible no sólo para los periodistas, sino para todo el público, ésa es la diferencia. Finalmente, uno de los mandatos del Presidente es el diálogo con la prensa, y las puertas del Palacio y del Ministerio de Comunicación están totalmente abiertas.
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Fuente: Página Siete

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