lunes, 13 de agosto de 2012

Para Vila-Manzano Cablevisión no acata los fallos de la justicia

El 16 de diciembre pasado se dispuso la intervención de Cablevisión, la empresa perteneciente al Grupo Clarín, por abuso de posición dominante. La medida solicitada por Supercanal, integrante del Grupo América, fue hasta la fecha desconocida
Pese a que la Justicia federal disputo la intervención de Cablevisión el 16 de diciembre de 2011 por abuso de posición dominante en el rubro televisión por cable, la empresa perteneciente al Grupo Clarín no acató la medida desde entonces con una serie de recursos de amparos tendientes a dilatar la resolución judicial.
La intervención de Cablevisión se hizo efectiva el 20 de diciembre pasado, y se designó al contador Enrique Anzoise como interventor por el término de 12 meses, pero su tarea se vio obstruida por las trabas que interpuso el Grupo Clarín.
Sin embargo, todos los recursos de amparo presentados por el monopolio Clarín y las denuncias de incompetencia del magistrado que actuó en el caso, fueron desestimados por la Justicia.
Rechazo. En ese contexto, la Cámara de Apelaciones de Mendoza ratificó todo lo actuado por el juez federal Walter Bento, quien fue denunciado por el Grupo Clarín ante el Consejo de la Magistratura, pero la acusación fue rechazada de plano por insustancial.
El haber negado la intervención ante sus accionistas le costó además a los gerentes de Cablevisión un grave sumario de la Comisión Nacional de Valores por ocultamiento de información.
Cablevisión ha intentado, infructuosa e injustificadamente por el denominado Forum Shopping, obstaculizar el actuar de la Justicia Federal. Primero por intermedio de un juez de Salta y luego por una intervención de un juez de Capital Federal. En ambos casos, la Cámara Federal ratificó la competencia y jurisdicción de la Justicia Federal de Mendoza para continuar interviniendo en la causa.
A la fecha y no obstante encontrarse ratificada la competencia de la Justicia Federal de Mendoza, confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones la medida cautelar oportunamente dictada y en funciones el interventor designado, Cablevisión continúa incumpliendo la orden judicial, no obstante haber transcurrido casi ocho meses desde que fuera notificado de la misma.
El fallo judicial que dispuso la intervención de Cablevisión busca terminar con la competencia desleal en el mercado de la TV por cable que generó la fusión de esa compañía con Multicanal, unión que le permitió al Grupo Clarín conformarse como un cuasimonopolio y mantener bajo su dominio el 90 por ciento de la televisión paga en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y el 60 por ciento en el resto del país.
Lo cierto es que si hay competencia, hay más puestos de trabajo y mejor calidad de servicio como lo demuestran cientos de experiencias de mercados transparentes en todo el mundo.

Las contradicciones
Clarín, desde sus columnas de opinión, editoriales y artículos, reclama con enjundia sobre la institucionalidad del país, y en cientos de ocasiones, apela a ese discurso para argumentar que los problemas que afectan a nuestra sociedad obedecen a esa práctica insana para la república
Clarín, desde sus columnas de opinión, editoriales y artículos, reclama con enjundia sobre la institucionalidad del país, y en cientos de ocasiones, apela a ese discurso para argumentar que los problemas que afectan a nuestra sociedad obedecen a esa práctica insana para la república. Sin embargo, cuando las instituciones del Estado exigen cumplimientos que son contrarios a los intereses del CEO del Grupo Clarín, Héctor Magneto, y sus discípulos, omiten la importancia de las instituciones y pretenden someter a los distintos actores a través de sus prácticas de campañas mediáticas. Ayer cualquiera que pudiese leer alguno de sus medios, escuchar alguna de sus radios o mirar algunas de sus señales televisivas, inevitablemente debió soportar esa práctica mañosa y archi-utilizada, esta vez, para evitar que la Justicia pueda hacer efectiva una medida que atenta contra su principal caja, el oligopolio de la televisión paga, Cablevisión.
Pero los hechos y las pruebas son de una contundencia que hasta el más ingenuo puede advertir que el ardid que monta Clarín tiene la misma credibilidad que los horóscopos que publica en sus páginas.
Desde el 16 de diciembre, fecha en la que la Justicia Federal de Mendoza dispuso la intervención, Clarín y todos los medios de Magneto montaron una campaña para desprestigiar, primero, y para amedrentar luego a los jueces y responsables de tal medida.
La campaña montada por Clarín y replicada por el resto de sus medios, es el método usual de Magneto para amedrentar a los distintos actores (de la Justicia, de la política o de cualquier otro ámbito) y domesticar las decisiones según sus propios intereses. Mecanismo que le fuera muy útil para construir un imperio con recursos que ni legal ni legítimamente le corresponden. Aunque quiera desconocerla, la historia siempre pasa facturas.
Fuente: Diarios Grupo UNO

La orden de Cristina es desguazar Cablevisión
Por: Carlos Pagni
Es imposible que Cristina Kirch- ner se refiera a los medios de comunicación sin despotricar por las dificultades que encuentra frente a su principal objetivo: la reducción del Grupo Clarín. Por esa razón, hace tres semanas impartió una instrucción para terminar con lo que, para ella, son dilaciones derivadas de una conspiración mediática y judicial. A partir del 7 de diciembre la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) no sólo deberá revocar al holding de Héctor Magnetto las licencias que excedan el cupo establecido por la nueva ley de servicios audiovisuales. También deberá entregar a competidores de Clarín la infraestructura de las empresas de las que ese grupo deba desprenderse. En el caso de Cablevisión, la transferencia incluye a los abonados. Para justificar esta cirugía se dirá que, por los artículos 85 y 113 de la norma, el Estado debe garantizar la regularidad y continuidad de las emisiones.
También en Clarín se sienten víctimas de un complot mediático y judicial. Es el que llevarían adelante los mendocinos José Luis Manzano y Daniel Vila para terminar de instalar en Cablevisión a un interventor afín, que conduzca la jibarización de la empresa según las pautas del Gobierno. Manzano y Vila aspiran a quedarse con algunos de los activos a los que tenga que renunciar Clarín.
El 7 de diciembre es el límite que fijó la Corte Suprema para el amparo que el juez Eduardo Carbone concedió a Clarín hasta que se defina si el artículo 161 de la ley, que obliga a la desinversión, es constitucional. Si la Justicia no se expide antes de esa fecha, la medida cautelar quedará anulada. Como Carbone se jubiló, el concurso del que surgirá su reemplazante se ha convertido en una batalla crucial para esta guerra.
Los expertos en radiodifusión coinciden en que, si no hay un pronunciamiento judicial de fondo, el 7 de diciembre se activarán los plazos para adecuar el número de licencias, que tomarían otro año. La Presidenta, en cambio, instruyó a la Afsca para que revoque las licencias y transfiera los activos ese mismo día.
Cristina Kirchner se ufanará de estar brindando un homenaje a la democracia. Está convencida de que Magnetto es el cerebro de una operación destituyente. (Incógnita: ¿a qué va a atribuir sus desventuras cuando ese genio maligno sea reducido?)
Sin embargo, la imagen de una administración que arrasa con las garantías de la prensa terminará de consolidarse. El debate se plagará de referencias a Hugo Chávez, que también retiró la licencia e incautó los activos de la cadena Radio Caracas Televisión, bajo acusaciones de golpismo. Aunque el peronismo no necesita de la experiencia bolivariana para encontrar antecedentes. Dispone de ellos en su propia tradición.
Los funcionarios que venían negociando con los medios las pautas de la desinversión suspendieron las conversaciones. El 19 de julio pasado intimaron a las empresas a informar su composición accionaria y el número de permisos para operar. Fue un requerimiento muy tardío, ya que sólo Clarín consiguió un amparo judicial. Los demás deberían haberse adecuado a la ley el último 28 de diciembre. La demora demuestra lo obvio: la única desinversión con la que sueña el Gobierno es la de ese grupo. Esta arbitrariedad es un regalo que acaso Magnetto no esperaba. La propia señora de Kirchner alimenta la tesis según la cual ella no pretende garantizar la pluralidad de voces, sino desguazar una empresa "enemiga".

Licencias
Para doblegar a Clarín el kirchnerismo puso en la mira a Cablevisión, que representa el 60% de los ingresos de ese emporio. La empresa controla 158 licencias de TV por cable, 134 más de las permitidas. La Presidenta quiere que se deshaga de ellas cuanto antes. Pero pretende evitar un apagón que la enemiste con la audiencia. No quiere que se repita lo que sucedió a Julio De Vido en agosto de 2010, cuando anunció que "Fibertel no existe" y que, por lo tanto, los usuarios debían buscarse otro proveedor. Como esa alternativa tampoco existía, sólo consiguió la antipatía de los internautas.
Santiago Aragón, el titular de la Afsca, tiene instrucciones de entregar infraestructura y abonados de Cablevisión a los competidores de cada zona. Aunque los convierta en monopólicos. Ejemplos: Telecentro, de Alberto Pierri, en el área metropolitana; Tele Imagen, de Néstor Ick, en Santiago del Estero; Supercanal, de Vila y Manzano, en Santa Fe. A esos recipiendarios se les exigirá, claro, dejar de emitir Todo Noticias.
La señora de Kirchner eligió como socio a Manzano para esta batalla decisiva. Quedó demostrado el 20 de diciembre pasado, cuando la Gendarmería irrumpió en la sede porteña de Cablevisión para hacer cumplir una orden del juez mendocino Walter Bento. A pedido de Supercanal, y por un conflicto que se desarrolla en Salta, Bento intervino la compañía y le dio un plazo de 60 días para que divida sus activos. La justicia federal porteña y la de Salta lo declararon incompetente. El 5 de julio pasado, los representantes del Gobierno en el Consejo de la Magistratura debieron salvar a Bento del juicio político.
Pero Bento consiguió designar en Cablevisión a un coadministrador. Es Enrique Anzoize, a quien en Clarín vinculan con Manzano. Ayer la empresa denunció que el juez mendocino, con la colaboración de un colega porteño, estaría por remover a su directorio. De verificarse esa profecía, el avance sobre Cablevisión, el 7 de diciembre, no encontraría resistencia. Al contrario: Anzoize sería el dócil y solitario ejecutor del plan del Gobierno. Y de Vila y Manzano.
Juan Manuel Abal Medina es el nexo entre la Presidenta y Manzano. Las vueltas de la vida: Abal fue discípulo de Carlos "Chacho" Alvarez, quien acusó a Manzano de "robar para la corona", cuando "la corona" era Carlos Menem. La frase tituló un libro del periodista Horacio Verbitsky, quien meses atrás recordó sus reproches a Néstor Kirchner por aliarse con Manzano en la guerra contra Magnetto. A la luz de estos datos, la Presidenta debería descartar el tribunal de ética para la prensa. No vaya a suceder que los que vayan a la hoguera sean los propios. Aunque ya lo aclaró aquel colaborador de Ramón Saadi: "En política la ética es un procedimiento para aplicar al adversario".

Dificultades
Supercanal tiene dificultades para quedarse con los negocios de Clarín. Cuenta con 90 licencias, 66 más de las permitidas. En cambio Advsps no tiene ese límite: es la sociedad que constituyeron el 12 de abril del año pasado el hijo de Vila, Agustín, con el abogado de Supercanal, Eduardo Vila. Advsps está gestionando, con bastante éxito, permisos en la Capital Federal, Lomas de Zamora, Tigre, Paraná, Rosario y Santa Fe, ciudades en las que opera Cablevisión.
Carlos Zannini diría que el conflicto con Clarín es la "contradicción principal" del kirchnerismo. Pero la tormenta que se prepara en Olivos siembra miedo entre los funcionarios de la Afsca. Allí rige una conducción bicéfala, como en casi todo el organigrama oficial: Aragón es controlado por su segundo, Ignacio Saavedra, un delegado de La Cámpora. Saavedra ganó notoriedad como productor de contenidos de TV -Telefé ha sido casi su único cliente- en sociedad con Fernando Pérez, el responsable de conducir los procesos de desinversión.
Los talibanes del Gobierno tienen con Aragón los mismos reparos que les provocaba su padrino y antecesor, Gabriel Mariotto: lo acusan de tibio. A Mariotto se le reprocha haberse marchado a La Plata dejando inconcluso el expediente de suspensión de la licencia de Cablevisión. Saavedra sostiene esa tesis.
Aragón y Saavedra amenizan las conversaciones con sus ocasionales visitantes hablando mal del otro. Todo en voz bien alta, para que el vituperado se entere. El dúo está separado apenas por un tabique en un gran salón en "L".
Sería superficial, sin embargo, atribuir el enredo de la política de medios a que la Afsca se ha convertido en un conventillo. El problema central es que la norma diseñada por Mariotto resulta inaplicable. De hecho, todavía no se ha otorgado ninguna frecuencia bajo el nuevo régimen. Tampoco se conoce el censo de radiodifusores, que debía estar listo para marzo de 2010. En esta nueva etapa se realizó un solo concurso, el de la televisión digital, que debió declararse desierto. Como en YPF, en Aerolíneas o en la guerra contra Boldt, también en esta reforma el kirchnerismo se arriesga a quedar empantanado. Hasta ahora sólo ha sido eficaz en demorar la constitución de la comisión bicameral que debe designar a los representantes de la oposición en la Afsca.
Las dificultades del Gobierno se deben a que tampoco en el campo mediático comprende cómo funcionan los mercados. Las compañías de comunicación no son sustentables por debajo de determinada escala. Sobre todo porque la publicidad no es infinita. Ni siquiera la oficial. Basta ver cómo Gerardo Luis Ferreyra, Sergio Szpolski, y muchos otros empresarios alineados con el Gobierno, hacen malabares para pagar los sueldos, debido a que la agencia Télam les abona las facturas con una demora de 200 días. La crisis fiscal también llegó a esos medios.
Fuente: Diario La Nación
Ver anterior: Gobierno y Vila-Manzano van por una nueva intervención a Cablevisión

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