El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) repudia la violenta represión, con posterior detención, que sufrieron dos comunicadores indígenas en la Puna jujeña, durante una protesta que mantenían comunidades locales disconformes con el paso del rally Dakar. A la vez, FoPeA exige que se les retire de inmediato la imputación por resistencia a la autoridad doblemente agravada, que aún pesa sobre ellos
El domingo último, pasadas las 8.30, un grupo de 30 representantes de instituciones y de comunidades aborígenes se manifestaba pacíficamente en Rumi Cruz –en una zona desértica y desolada, a unos 30 km. al este de Abra Pampa–, en reclamo por el paso del rally Dakar por territorios indígenas.
La protesta se produjo a raíz de que las comunidades locales no habían sido consultadas debidamente y con anticipación por el paso de la competencia, derecho constitucional que les corresponde como pueblos originarios. Los manifestantes alegaban que tampoco habían sido informados debidamente sobre el evento deportivo y que temían por el impacto ambiental de su zona, así como por el posible deterioro de sitios sagrados o riesgos para su ganado. Con anterioridad a los hechos, las comunidades habían realizado pedidos formales a las autoridades jujeñas, a quienes les habían expresado su disconformidad por la organización del rally en sus territorios.
Según las denuncias que recibió FoPeA, mientras los comunicadores Sergio González, de radio Luna Azul de Humahuaca y Armando Quispe, de FM Pachakuty de Abra Pampa, filmaban y registraban la protesta, fueron reprimidos violentamente por la policía provincial, recibieron amenazas y numerosas agresiones físicas y verbales. En todo momento, los oficiales intentaron sin éxito secuestrar celulares y filmaciones, tanto de ellos como de los demás manifestantes. Posteriormente, González y Quispe fueron trasladados en condiciones de hacinamiento, en un vehículo sin la suficiente ventilación, a la ciudad de San Salvador de Jujuy, esposados por la espalda.
Junto con González y Quispe –quien también se desempeña como vice comunero de la comunicad de Queta– fueron detenidas otras ocho personas, entre ellas, el intendente de El Aguilar, Sergio Laguna, y el presbítero de la Prelatura de Humahuaca, Enrique González.
Los comunicadores expresaron a FoPeA que en ningún momento nadie les informó qué autoridad había dado la orden de represión o de desalojo y que permanecieron sin conocer su paradero hasta que llegaron, unas cinco horas después, a la capital provincial. Allí, en dependencias policiales, continuaron detenidos hasta la madrugada del lunes 13 de enero, donde se les informó su imputación.
En declaraciones oficiales posteriores al hecho, el ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Alberto Matuk, declaró que se trató de “una cosa menor que pertenece al ámbito de la justicia provincial”. El funcionario consideró que la actitud de los reclamantes fue de una “total irresponsabilidad” y que podrían haber ocasionado “serios daños físicos” tanto a los competidores como a los propios manifestantes.
El Foro de Periodismo Argentino se solidariza con los comunicadores indígenas afectados y reclama enérgicamente a las autoridades y a la Justicia jujeñas que desistan de toda acción legal contra ellos. A la vez, FoPeA destaca el enorme valor que tienen los comunicadores y periodistas en los medios de comunicación que se encuentran alejados, como sucede en la Puna jujeña y en tantas otras zonas alejadas del país, que tienen de hecho una limitación en el acceso a la información. Por último, hace un llamado a los medios de comunicación en general para que colaboren particularmente con la visualización de los conflictos, reclamos y ataques de toda índole contra la libertad de expresión en los lugares y comunidades más vulnerables.
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