COMUNA expresó reiteradamente que la convivencia democrática no se construye tolerando ataques violentos a ningún ciudadano. Si se sintió ofendido por acciones de Casalongue, De Narváez debió recurrir a la justicia que más de una vez dijo defender, para hacer valer el derecho a la intimidad personal y de su familia y para preservar su dignidad, que contempla expresamente la Ley de Servicios Comunicación Audiovisual -en cuya elaboración y aplicación este dirigente jamás se anotó-.
La Argentina caería verdaderamente en un caos y en una violencia interminable si ciudadanas y ciudadanos ofendidos, injuriados, calumniados y sometidos a coacción por los medios de comunicación tradicionales respondieran cada vez con un acto delictivo, como lo es agredir a un ciudadano.
Los grupos mediáticos más poderosos vienen pisoteando el ejercicio del periodismo concebido con responsabilidad social y con honestidad al lanzar toda clase de maniobras, como acusaciones infundadas, mentiras y montajes injuriosos o denigrantes sobre funcionarios públicos, dirigentes políticos y sociales, artistas, intelectuales, pensadores. Más de una vez estas maniobras incluyeron avasallamientos a la intimidad personal y familiar, un procedimiento despreciable que no es periodismo, sino descomposición del periodismo.
