Hoy el sector de los medios protagoniza un proceso inédito de convergencia y ello marca algunos de los principales desafíos en la progresión de una agenda de libertad de expresión y derecho a la comunicación y la cultura.
La convergencia opera como un escenario en el que los distintos grupos pugnan por posicionarse y, la regulación, como un contorno sometido a negociaciones para que ese posicionamiento, aun en contextos de desinversión, no impida participar de un mercado en constante evolución.
Este es el contexto en que fue sancionada la Ley de Telecomunicaciones “Argentina Digital” a fines de 2014. La ley autoriza la convergencia y el triple play al prodigar beneficios a los conglomerados telefónicos, que podrán eludir la prohibición de la ley audiovisual (y de los pliegos de licitación de ENTel de 1991) para prestar servicios de televisión a través del tendido de sus redes.
La profanación del carácter anticoncentrador de la ley audiovisual a través de la “Argentina Digital” puede analizarse como el aval del gobierno nacional para que las telefónicas avancen sobre el mercado de TV por cable que domina el grupo Clarín y horadar por la vía de la competencia una posición –que hasta ahora– no pudo afectar por la vía normativa. Es por ello que “Argentina Digital” tiene coordenadas muy diferentes a la mal llamada “Ley de Medios” de 2009: es mucho más tolerante con la concentración de las telecomunicaciones que la ley audiovisual con el sector de medios. Por ello, después de la pausa que se abrió con la sanción de esta norma en 2009 y que colocó a la concentración como una cuestión de política pública, pero que no se materializó en una desconcentración sino en nuevas relaciones de fuerza empresariales, la Ley “Argentina Digital” consolida la apertura de una nueva etapa del proceso concentrador iniciado en 1989: la “concentración convergente”.
El modelo de mercado que se proyecta con estos cambios es convergente y concentrado, con el liderazgo de grupos extranjeros de telecomunicaciones como Telefónica, Telmex, Fintech (David Martínez) y, probablemente, DirecTV (cuyo accionista principal es AT&T). La única continuidad entre este modelo y la etapa de política de medios inaugurada por Cristina Fernández de Kirchner en 2008 es el conflicto con el grupo Clarín.
Esta etapa será testigo de los cruces entre telecomunicaciones y medios audiovisuales autorizados ahora por ley (ya que de hecho esos cruces existen con la presencia de Telefónica en Telefe). En la lucha por la supervivencia, los viejos multimedios se sienten amenazados y perciben a las telefónicas como depredadores. Estas, a su vez, recelan de reglas de neutralidad de la red consagradas en “Argentina Digital” porque intentan bloquear el advenimiento de especies todavía más movedizas y globales, como Google o Facebook.
La nueva ley de telecomunicaciones declara que abogará por la protección de pequeños y medianos empresarios y cooperativas del sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) cuando se ordene compartir las redes entre operadores. “Argentina Digital” tiene problemas conexos, como la definición de los servicios a regular como un conjunto polimorfo que abarca compilación, procesamiento, almacenamiento y transporte de información, lo que comprende a indexadores como Google y a desarrolladores de aplicaciones, que deberán tramitar licencia.
Aun sin saber el resultado electoral de 2015, el análisis de las últimas tres décadas arroja algunas certezas sobre el futuro de las políticas de comunicación: la adecuación de los grupos multimedios a la ley audiovisual, demorada en casi todos los casos por tácticas y disputas variopintas, constituye un tema que se deberá afrontar junto con la dispar tolerancia con la concentración y extranjerización del mercado dispuesta por la Ley “Argentina Digital”. Al mismo tiempo, muchas licencias de radio y televisión vencen a partir de 2016 y, mientras los emisores actuales clamarán por la renovación, existen organizaciones sin fines de lucro, a las que la ley reserva el 33% de las frecuencias, que presionarán para ingresar como licenciatarias.
Otra cuestión candente se refiere al carácter y la organización de los medios estatales, donde el kirchnerismo fue a la vez renovador y conservador. Creó numerosas señales audiovisuales (Encuentro, Paka Paka, IncaaTV, DeporTV, Tecnópolis) que se suman a los tradicionales Canal 7 y Radio Nacional; apostó a contenidos documentales y de ficción de calidad; tercerizó gran parte de la programación; fomentó capacidades de producción en el interior del país y recargó la línea editorial con un oficialismo incontinente.
El programa Fútbol para todos, su gratuidad de acceso, su opacidad económica, sus criterios de contratación y cesión de derechos demandan revisión, al igual que la política de implantación de la televisión digital. El reparto del espectro para telefonía móvil 4G y el uso de frecuencias para televisión digital por licenciatarios privados, organizaciones sin fines de lucro y universidades nacionales estarán en ebullición en los próximos años, ya que el apagón analógico está previsto para 2019.
El programa TDA también requerirá definiciones, tanto las que se refieren a la importante infraestructura construida por el Ministerio de Planificación, como para encuadrar esta experiencia en el marco de la ley audiovisual y evaluar qué sucedió con el escaso impacto social del importante esfuerzo presupuestario de entregar más de un millón de decodificadores a la población de menores recursos.
Por otra parte, el manejo selectivo de la publicidad oficial, condenado por la Corte Suprema de Justicia, es otro eje pendiente y sensible, dado que las principales formaciones políticas del país comparten la lógica del Poder Ejecutivo. Lo mismo ocurre con la ausencia de ley de acceso a la información pública.
Asimismo, es un interrogante abierto el futuro de la vasta infraestructura de red construida por el Estado a través del programa “Argentina Conectada”. Esta infraestructura sumó un tercio de fibra óptica a las capacidades existentes, pero con la ventaja de que su tendido es más federal y no se reduce a los grandes centros urbanos. No obstante, a fines de 2014 estas redes estatales de fibra óptica no estaban operativas y se desconocía cuál sería su modelo de gestión.
La extensión del debate sobre la función y la regulación de los medios y otras actividades infocomunicacionales convergentes invitan a evaluar lo realizado y a proponer críticas imprescindibles para la progresión de mejoras en la producción y circulación social de ideas diversas.
El riesgo de regular en forma separada puede generar gran confusión
“Con regulaciones separadas pero que autorizan el cruce entre empresas de telefonía y de televisión, puede ser que un mismo operador, por operar una red que transporta servicios de tv por cable, telefonía e Internet tenga licencias diferentes, que vencen en distintos plazos, pagan tasas diferentes y deba obedecer órdenes de diferentes autoridades estatales”.
El experto español Ángel García Castillejo abrió con esta provocación el seminario sobre “Regulación de la Convergencia” que el grupo de investigación y la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), organizó el jueves y viernes en la Cámara de Diputados.
El Relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, presentó desafíos de defensa de la libertad de expresión en contextos de digitalización y los recientes estándares para que la migración a la televisión digital. Valentina Delich repasó los derechos de propiedad intelectual y los conflictos crecientes en entornos digitales.
El seminario contó con ponencias que analizaron la ley de telecomunicaciones “Argentina Digital” aprobada en diciembre y que se halla en proceso de implementación a través de la reglamentación que constituirá la autoridad regulatoria (AFTIC). Eduardo Bertoni, Hechoch Aguiar, Ricardo Porto y otros especialistas nacionales y del exterior se refirieron a la variada gama de normas vigentes que colisionan en el marco de la convergencia entre medios, telecomunicaciones e Internet. Guillermo Mastrini, Gustavo Arballo y Graciana Peñafort debatieron sobre la ley audiovisual.
Antes, el diputado nacional Mario Oporto (FPV) había valorado los aportes de la academia para fundamentar mejor la toma de decisiones en temas estratégicos como los que refieren a la producción y circulación de información. Martín Becerra, director del Programa de Investigaciones sobre Espacio Público e Industrias Culturales de la UNQ, brindó indicadores del alto grado de concentración de la propiedad que tienen estas actividades, que ameritan una continua revisión de los marcos regulatorios.
Fuente: Diario Perfil
