martes, 19 de septiembre de 2017

"El gobierno logró que me despidieran de C5N", asegura Roberto Navarro

El conductor había criticado con dureza al gerente de contenidos del canal y lo había acusado de censura. "Lo hicieron bajo la presión del Gobierno" y apuntó: "Esto sucede después de un mes de fuertes presiones para que fuera yo quien renunciara": Este es su comunicado:
Hoy las autoridades del canal me comunicaron mi despido. Sé que lo hicieron bajo la presión del Gobierno.Esto sucede después de un mes de fuertes presiones para que fuera yo quien renunciara. Las mismas fueron llevadas a cabo por el gerente, Federico Maya, y sus subordinados y constan en innumerables watsapp que publicaré en Eldestapeweb.

Días después de las elecciones del 13 de agosto, supe por una fuente oficial que el Gobierno le exigió mi salida al propietario del canal y le sugirió que intente antes lograr mi renuncia.

Lo intentaron de diversas maneras, fundamentalmente, censurándome. Me prohibieron difundir una denuncia sobre la Nº 2 de la lista de Cambiemos en Provincia, Gladys González. Me prohibieron difundir un informe sobre la financiación de la elección, que compromete gravemente a Gabriela Michetti. E informes sobre Larreta y otros actores importantes del Gobierno. Investigaciones que publicaré en Eldestapeweb.

Se buscó que yo me vaya del canal sin pagar el costo público del despido. Y sin que el Gobierno pague el costo político de la censura. No les molesta mi critica, que también existe en el resto de la programación de C5N; les molestan nuestras investigaciones: Arsat, El Socio del Presidente, Dólar futuro, Compra de armas y tantas otras. Y el ingreso a Economía Política de Horacio Verbitsky, que difunde sus investigaciones de Página 12 en el programa. El blanqueo de más de 600 millones del hermano del presidente, por citar una.Conduje el programa Economía Política, que es el más visto en señales de noticias y gana de manera consecutiva desde hace tres años. Y también El Destape TV, que acaba de ganarle el mes a Los Leuco, A dos Voces y Juego Limpio, juntos.

En la radio dupliqué la audiencia que heredé hace un año al comenzar. Lo que deja claro que los problemas no son profesionales.Tampoco, como intentan camuflar, una pelea con un gris funcionario del canal, que sólo fue una herramienta para provocar mi renuncia.Esta es la tercera vez que ocurre un hecho similar desde que asumió Macri.

En diciembre de 2015, el reclamo del público frenó mi salida. Luego volvió a ocurrir en febrero de 2016 y también se echaron atrás. En esas oportunidades no perdí mi empleo. Pero fueron dejando la sensación – y eso se buscaba también- de que el problemático soy yo. La idea era que me fuera sin un telegrama de despido y mostrar un canal que sigue siendo crítico a partir de las 18 horas. Así conseguir sacar del medio a un periodista que con su grupo de trabajo, cadete incluido, daña la imagen del Gobierno.

Es un cambio de época y van por más. Todo indica que lo que Macri piensa hacer en los próximos tiempos necesita la complicidad del silencio. Estamos ante una democracia precarizada.

Luján: El Concejo apoyó el reclamo judicial de Pares TV

La presentación judicial del canal cooperativo fue avalada durante la sesión ordinaria, al tiempo que pidieron el cumplimiento de la Ley Audiovisual
El canal cooperativo Pares TV sigue sumando apoyo en su lucha judicial para continuar transmitiendo los partidos de Flandria en el Nacional B. En la sesión del lunes por la noche, el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución y otro de comunicación para pedir las gestiones necesarias ante la autoridad competente.

En tal sentido, se solicita al “Ejecutivo que realice las gestiones correspondientes ante el ENaCom a los fines de colaborar en la continuidad de la transmisión abierta y gratuita de los encuentros deportivos del Club Social y Deportivo Flandria y del Club Luján que realiza la cooperativa de trabajo Pares Limitada”. También pide dirigirse al “Consejo Federal de Comunicación Audiovisual solicitando la inclusión de los encuentros futbolísticos que realicen el Club Social y Deportivo Flandria y el Club Luján en su listado anual de acontecimientos de interés general, en función de garantizar las transmisiones abiertas y gratuitas en el ámbito del partido de Luján”. Por otra parte, estas actuaciones serán remitidas al Tribunal de Mercedes que cursa el recurso de amparo presentado por el canal local.

Luego que la periodista Carolina Bauzá leyera el comunicado firmado por un grupo de trabajadores de la comunicación, Ariel Senestro, representante de Pares TV sostuvo que “nosotros que somos pequeños y que no sabíamos cómo íbamos a resolver los primeros problemas hicimos todos los partidos. Y quien tiene mayor espalda y es un gran medio, evalúa que si no es rentable no lo hace. Nosotros lo entendemos de otra manera”.

“El gran interrogante era este retome de campeonato con el amparo cursado y aceptado por este Tribunal. El amparo tuvo lugar, corresponde evaluar por qué. Si ese amparo era desechado, no hubiésemos podido hacer la transmisión desde Gualeguaychú. Suponemos que no vamos a tener problemas hasta que el amparo tenga una respuesta formal. Estamos a la espera de esas respuestas”, agregó el periodista.

“Venimos al Concejo Deliberante porque pensamos desde Pares TV que el canal abierto y gratuito es de la comunidad. Me parece que en este caso es muy cierto. Vale la pena aguantar el proyecto, construir el proyecto, estamos muy felices de la amplitud de micrófono. No existe la neutralidad, todos tenemos posición. El punto es que a la hora de ejercer la tarea el micrófono debe ser de la comunidad, desde esta punta y hasta esta punta”.

En la resolución aprobada, se plantea dirigirse al Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) para solicitarle el pleno cumplimiento de la Ley Audiovisual en lo referente al Capítulo VII sobre el “Derecho al acceso a los contenidos de interés relevante”. Los ediles recuerdan que la norma garantiza “el derecho al acceso universal —a través de los servicios de comunicación audiovisual— a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”. También plantean que “la cesión de los derechos para la retransmisión o emisión, tanto si se realiza en exclusiva como si no tiene tal carácter, no puede limitar o restringir el derecho a la información”.

Los autores del proyecto exponen, además, que el mismo ordenamiento jurídico define que “la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”.

Por otra parte, recuerdan que el Concejo Deliberante declaró de Interés Cultural Municipal las actividades que lleva a cabo Pares TV. En ese camino, los ediles expresan la necesidad de dirigirse al Departamento Ejecutivo Municipal para que realice “gestiones ante el Ente Nacional de Comunicaciones a los fines de colaborar en la continuidad de la transmisión de los partidos de Flandria que realiza la Cooperativa Pares Limitada para garantizar el derecho al acceso a los contenidos de interés relevante en el Partido de Luján y la continuidad laboral de los trabajadores de la Cooperativa Pares Limitada”.
Foto: María Laura Fourment
Fuente: El Civismo

Ver anterior: El Canal Comunitario ParesTV pone en jaque la privatización del fútbol

Jornadas de cable en plena convergencia

Por: Sebastián Amoroso
Del 19 al 21 de septiembre se realizará la nueva edición de Jornadas Internacionales en el Hotel Hilton en Buenos Aires, con la participación de más de 50 expositores y una agenda de conferencias y workshops, en un mercado rumbo a la convergencia digital.

Este martes 19 de septiembre comienza la edición número 27 de Jornadas Internacionales, que se realizará en el Hilton de Buenos Aires (Argentina), hasta el jueves 21 de septiembre.
"No hay duda de que el sector está viviendo un momento de grandes cambios a nivel general y es nuestro deber seguir impulsando esa transformación porque la demandan los clientes, pero con el cuidado de garantizar el bienestar de quienes hacen grande esta industria".
Walter Burzaco,  presidente de ATVC
Esta nueva edición, organizada por la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA), promete ser "la gran fiesta del cable" para el Cono Sur que "presentará un formato dinámico, intenso y enriquecedor".

La exposición comercial contará con la presencia de más de 50 empresas expositoras entre programadores, operadores y empresas de servicios y soluciones de tecnología para el sector.

Además, contará con una variada agenda de conferencias, paneles y workshops para la industria de la TV paga y sectores afines; se suma la reunión de la Junta Directiva de la Organización de Asociaciones y Empresas de Telecomunicaciones para América Latina (TEPAL).

El Acto Inaugural será el miércoles 20 con la presencia de autoridades del Gobierno Nacional.

El gobierno nacional alista la Ley de Comunicaciones Convergentes, derogando la anterior Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522.), que fue promovida por el Kirchnerismo, y es en este contexto, que la ATVC sostiene que "es fundamental la protección de los pequeños y medianos operadores" a nivel nacional.

En cuanto a esta nueva edición de Jornadas Internacionales, Burzaco comenta: "Por primera vez, dentro de los tres días tradicionales de las Jornadas Internacionales, destinaremos uno de ellos -el 19 de septiembre- exclusivamente a la presentación de conferencias. Esta idea surge a partir del creciente interés que se fue generando en las últimas ediciones sobre los temas abordados y la necesidad de un enfoque más detallista, diversificado y especializado".
"Se está produciendo una dinámica interesante en el mercado de la TV paga con la inminente incursión de nuevos players y la consolidación de estructuras que apuntan hacia la convergencia"
Sergio Veiga, presidente de CAPPSA
En este sentido, las conferencias abordarán diversas problemáticas que partirán de algunos conceptos generales como: la banda ancha fija y móvil como motor del desarrollo económico y social, la importancia de la colaboración público-privada para acelerar el desarrollo, y la necesidad de una regulación que parta como política de estado hacia el sector.

"Jornadas Internacionales ha crecido a pasos agigantados hasta convertirse en el evento más relevante de la escena regional. En particular, estoy muy esperanzado con que esta edición pueda ser el escalón necesario para que termine de profundizarse la transformación que necesita la industria para seguir creciendo", asegura el presidente de ATVC.

Por su parte, Sergio Veiga, presidente de CAPPSA –que a la fecha cuenta con 15 de las más importantes empresas programadoras y productoras asociadas-, destaca a ttvnews que la Cámara se encuentra "trabajando activamente para proteger y defender los derechos e intereses de nuestros asociados y en ese punto mantenemos una fluida y abierta comunicación con los distintos organismos que regulan la industria audiovisual".

"Entiendo que el escenario que se viene dando responde a proyectos que estaban esperando un nuevo escenario político para ser impulsados y por eso se están produciendo ahora. Confío en que seguiremos viendo ese dinamismo en los próximos tiempos", añade.

Con respecto a la Ley de Comunicaciones Convergentes que alista el Gobierno, Veiga sostiene que si bien el contenido del proyecto aún está en desarrollo, "desde CAPPSA hemos tenido la oportunidad de exponerle nuestras inquietudes y sugerencias a la Comisión encargada de la redacción. Estamos esperanzados en que puedan ser tenidas en cuenta y en que el proyecto de ley apunte al desarrollo de la industria de las comunicaciones especialmente en este momento de cambio y transformación".

Esta nueva edición de Jornadas Internacionales encuentra al mercado audiovisual en Argentina en plena trasformación y apertura hacia la inversión extranjera, con la reciente adquisición de Telefe (ex Telefónica) por parte de la estadounidense Viacom International Media Networks, además de la adquisición de los derechos de emisión de la Primera Divisional del fútbol argentino en conjunto por los estadounidenses FOX Networks Group Latin America y Turner Latin America.

Asimismo, el anuncio de la fusión de Cablevisión (Grupo Clarín) con la telco Telecom Argentina y una creciente tendencia hacia la coproducción de contenido audiovisual con grandes players internacionales.
Fuente: todotvnews.com

Iniciativa para abolir canon sobre radio y televisión en Suiza

Por: Balz Rigendinger
El Consejo Nacional (cámara baja del Parlamento suizo) comenzó recientemente el debate de una iniciativa popular que pide la abolición del canon sobre la radio y la televisión. Lo que está en juego es el valor de la información en una democracia y la tasa de recepción de 450 francos que deben pagar todas las personas que viven en Suiza.

¿Qué es el canon?
La Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR-SRG), de la que swissinfo.ch forma parte, está financiada en 75% por el canon y en 25% por la publicidad. Las personas que viven en Suiza tienen que pagar una cuota de recepción. Es una obligación legal, independiente del programa que se vea o se escuche y cualquiera que sea el medio de transmisión, por cable, satélite, antena, teléfono móvil o Internet. Ese canon asciende a 0,74% de un ingreso medio anual en Suiza (alrededor de 61 152 francos), 451 francos por año: 165 por la recepción de la radio y 286 por aquella de la televisión.

¿A dónde va el dinero?
El ingreso anual de la SSR-SRG es de unos 1 600 millones de francos. Con ese presupuesto opera 17 estaciones de radio y siete canales de televisión en las cuatro lenguas nacionales. Los ingresos se utilizan principalmente para financiar programas de radio y televisión. Las estaciones privadas de radio y televisión también reciben una parte de ese dinero.

¿La SSR-SRG es un organismo estatal?
No, la SSR-SRG no es una empresa estatal de radio y televisión, ni un “difusor público” como la BBC británica, sino una institución de derecho privado. Nadie está autorizado a intervenir en el trabajo editorial de la SSR-SRG, ni siquiera los políticos. Todo comenzó en 1931 con un grupo de entusiastas emprendedores que se reunieron para entrelazar las empresas de radio locales de la época. Por ello, la financiación nunca se ha basado en impuestos, sino, desde el principio, en las contribuciones de los auditores.

¿Qué significa ‘No Billag’?
El organismo encargado de recaudar el canon audiovisual se denomina Billag y la iniciativa que busca eliminarlo, ‘No Billag’. El argumento de los autores del texto: se trata de una cuota “obligatoria”, que limita la libertad de decisión de los ciudadanos, ya que cada uno tiene que pagar por la totalidad de la oferta (la use o no).

¿Qué dicen los políticos?
Según la mayoría parlamentaria, la cuota permite un buen servicio de base con información y programas en todos los idiomas. En Suiza se habla de “servicio público”. El Consejo de los Estados (cámara alta del Parlamento) rechazó la iniciativa y pretende someterla al pueblo sin cambios y con la recomendación de rechazarla. El Consejo Nacional (cámara baja del Parlamento) aún tiene que decidir si presenta la iniciativa en su forma actual o elabora una contrapropuesta.

Con excepción de algunos políticos de derecha, todos los legisladores estiman que el modelo actual es válido. El sistema de canon es fundamental para el funcionamiento de la democracia y la cohesión suizas, considera la comisión preparatoria del Consejo de los Estados. Sin embargo, su importe y los servicios a prestar son puntos en disputa. Es probable que los ciudadanos voten el texto en la primavera de 2018.
Fuente: swissinfo.ch

lunes, 18 de septiembre de 2017

La comunicación en tiempos de desregulaciones

Diego Rossi y Daniela Monje, de la Coalición por una Comunicación Democrática, participaron del XV Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y dialogaron con El Diario, de Paraná, sobre la actualidad en el sector
La Coalición por una Comunicación Democrática es una organización de organizaciones que redactó las bases de lo que luego fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Dos de sus integrantes, profesores universitarios que participaron del XV Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación en la UNER, dialogaron sobre la actualidad en el sector.

“Hoy la diferencia de acceso a bienes culturales va de acuerdo a tu capacidad adquisitiva, algo que hemos naturalizado los argentinos, al igual que saber la temperatura de la ciudad de Buenos Aires en todo el país”, dice Diego Rossi, profesor de políticas de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, y miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD). “Esto se va actualizando a medida que cambia la tecnología, por eso ahora cuando nos hablan de convergencia apuntamos a que esto no pise a la forma de promoción, de fomento, de que se pueda producir radio y televisión en cualquier lado de la argentina”, agrega.

La CCD entiende a la comunicación como un derecho humano, surgió en 2004 con la presentación de los 21 puntos para una radiodifusión democrática, y tuvo su ventana de oportunidades en 2009 con la sanción de la Ley 26.522. “Nos juntamos en Buenos Aires y en todos los lugares del país donde haya regionales y gente preocupada por que circule mejor la palabra”, expresa Rossi sobre esta red de estructura horizontal. “Están en retroceso una cantidad de cuestiones que habíamos logrado, pero qué importante es que esté la Coalición, en las buenas y en las malas, porque es en las malas que hay que arremangarse y remar con paciencia”, sostiene.

Objetivos. La regresión a la que se refiere Rossi tiene que ver con los parámetros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, y con “lo que nos damos cuenta todos: que los actores tienen menos laburo, que hay menos producciones de ficción argentina, que a los medio gráficos y a las radios les cuesta mucho pagar la luz, a los laburantes, y por eso es importante que esté viva la Coalición”, indica. Entre los objetivos de la CCD está sostener el trabajo en las industrias creativas, tanto de emprendedores como de organizaciones sin fines de lucro que generan contenido y lo hacen circular (gremios, universidades, asociaciones civiles); pero también empujar proyectos de ley o marcar incumplimientos gubernamentales. “Hacer propuestas, denunciar, actualizarnos y ayudar a las organizaciones libres del pueblo”, resume Rossi. “Desde la Universidad Nacional de Córdoba estuvimos en 2004 en la formación de la CCD, cuando se produjeron los 21 puntos, originados en un consenso amplio sobre necesidades, urgencias y esperas que había tenido la democracia por una ley de radiodifusión”, comenta Daniela Monje, docente de políticas de comunicación de la UNC y directora de la Maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea de esa casa de estudios.
“Las circunstancias políticas permitían marcar un horizonte de trabajo que recuperaba de manera virtuosa lo hecho por el Concejo para la Consolidación de la Democracia, que presentó un documento público en 1988. Esos 21 puntos de 2004 sirvieron para discutir el proyecto que luego se transformó en la Ley 26.522 (2009), tan dañada desde la llegada al poder del partido gobernante a nivel nacional”, informa Monje.

Nuevos puntos. Esos 21 puntos pensaron –entre otras cosas- a la comunicación con una perspectiva democrática, de ampliación de derechos, de inclusión de nuevos actores, de producción local y regional, de construcción de medios públicos no gubernamentales y de distribución de la pauta oficial de manera equitativa. Los decretos de necesidad y urgencia de Mauricio Macri de diciembre de 2015 “atacaron a la Ley en su corazón, y esto suscitó la reacción de la coalición que publicó unos nuevos 21 puntos, como un documento político de acción y lucha”, subraya Daniela Monje. Lo que aportan estos puntos, remarca Diego Rossi, es “por un lado a la defensa de los derechos adquiridos que fueron vulnerados; y por el otro, a actualizar lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y la denominada autopista de internet. Retomamos la demanda del empresariado nacional, por ejemplo, que se queja de la competencia desleal de Netflix o de Google y pensamos que tiene que haber una cuota de pantalla que se cumpla, tanto para la televisión de aire como por suscripción o plataformas digitales. Que haya producción nacional en el catálogo, no un 1%, sino un 20 o 30%, y que esté en puntera de góndola -como se dice en el supermercado-, que no la escondan. Que haya, además, abono social para que a los sectores populares no les cueste la mitad del bolsillo tener que pagar para ver”. Rossi advierte sobre consecuencias negativas para la diversidad y el pluralismo a partir de las fusiones entre medios de comunicación y de telefonía: “en Paraná, por ejemplo, entre Cablevisión y Telecom van a generar una situación de concentración inédita. Ni en los países más concentrados como México tienen este nivel de dependencia de un prestador”. Desde la CCD plantean abrir una agenda a la comunicación del siglo XXI, pero con otro horizonte mundial: “hay que ver que está haciendo el parlamento europeo, las mejores prácticas de los norteamericanos, de los mexicanos, los colombianos”, propone Rossi.

Empobrecimiento. En 2016 el gobierno nacional anunció que se iba a generar una nueva ley de convergencia y sintetizó en 17 puntos los aspectos que serían incluidos. “Cuando asume Macri se modificó la Ley 26.522 pero también la Ley Argentina Digital, sobre telecomunicaciones, sancionada en 2014. Lo que se hizo fue suspender las autoridades de control en cada una de las áreas, y eso fue agrupado en el ENaCom (Ente Nacional de Comunicaciones). En el marco del ENaCom hay una comisión redactora que ha pospuesto la entrega de un proyecto de ley en todo este tiempo”, expone Monje.“Vienen pateando para adelante, y mientras esa comisión sigue estudiando para la ley, habilitan Nextel para Clarín, le dan frecuencias para su incursión en las telecomunicaciones, sacan requisitos para que las telefónicas puedan invertir con exclusividad de uso de todo lo que invierten… En fin, hay un reparto de juego donde no viene nadie nuevo, seguimos esperando las inversiones y no presentan el proyecto de ley”, argumenta Rossi. “Hay un cambio de sentido que se operó en la política pública, vemos un empobrecimiento. De ser un país con aspiraciones de ilustración, de ser creativos, de exportar contenidos culturales, nos están llevando a un país mediocre en términos de creación y de balanza comercial de contenidos culturales. Es más lo que entra que lo que sale. Y no éramos así nosotros. Este no es el cambio que necesita un sector dinámico y frágil como el de las industrias culturales, el cine, la televisión y la radio, que involucra a miles de personas que llegaron a generar el 3% del producto bruto del país”, subraya Rossi.
Fondos. Los tiempos parlamentarios ante las elecciones de medio término posponen toda discusión de fondo hasta el año próximo. Mientras tanto, no se utilizan algunos presupuestos: “todas las partidas destinadas a comunicación, cultura, educación, ciencia y tecnología el gobierno nacional las está sub ejecutando. Por eso hubo crisis en el Instituto de Cine: se están rodando menos películas porque no largan los fondos. No le están pagando los Fomecas a las pequeñas emisoras. Crearon una sociedad de contenidos públicos del Estado a la que fueron a parar las señalas como Encuentro o Paka Paka, y no producen nada. Dicen que están reordenando, transparentando. Para mí van a querer ajustar después de octubre con una reforma tributaria que cambie la estructura del financiamiento (del sector). Este desfinanciamiento o sub ejecución de partidas puede venir articulado con un cambio de la ley para la que están esperando que pasen las elecciones”, opina Rossi.

Futuro. El panorama a futuro, para Rossi, es de empresas globales norteamericanas que han logrado un nuevo escalón de supremacía en su búsqueda de excedentes. “Cuando lográs una posición dominante en una parte de la cadena de valor, incursionás en otras: si Netflix se consolida a nivel mundial como distribuidor de contenidos, se dedicará a producir. Esto marca tensión con prestadores regionales o nacionales, reconfigura estrategias y hoy no hay tanta capacidad regulatoria nacional, más allá de la ideología del gobierno de turno”. Hay cuestiones que el Estado nunca va a resolver, por eso Rossi pide “no esperar que llueva café, sino seguir sembrando y caminando. Desde las universidades, seguir capacitando, generando conocimiento. Este es un panorama en el cual vamos a seguir viviendo, amando, organizándonos. No hay vientos favorables en el corto plazo, pero tampoco es un desastre natural. Sabemos que la comunicación la construyen las personas, y en eso tenemos un montón de posibilidades a nivel macro y a nivel local”.
Aquella ley y su aplicación

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue ásperamente resistida por sectores de poder, que la judicializaron durante años; pero también fue una normativa que no se aplicó en todo su potencial. En algunas provincias y medios se desatendió la democratización, el ordenamiento del espectro radioeléctrico, la federalización y el reparto de la pauta oficial. “Por supuesto que hay críticas, autocríticas y miradas retrospectivas. Como país en transición hay procesos incompletos, puede haber funcionarios mejores y peores, y las capacidades estatales son a desarrollar. Podemos criticar a la ley o su aplicación, pero hay situaciones mucho más de juego político de grandotes que también tiene su paciencia y leen de las pérdidas y después van por la revancha”, expresa Diego Rossi.

Distancias. “Sobre los criterios del sistema Interamericano de Derechos Humanos aplicados a la libertad de expresión, ahora claramente hay regresividad. Durante el período anterior no la hubo: no cerró ni quebró ninguna empresa ni medio. El abono de la televisión por cable hoy me sale más caro y no tengo mejor salario. Tal vez poner el acento tanto en la pelea y no en otro tipo de gestiones fue no confiar en otros actores de la comunicación. También es cierto que nuestra burguesía nacional empresaria deja bastante que desear, y que las universidades no se terminaron de consolidar como actores de la comunicación. En fin, fue un proceso incompleto”, reflexiona Rossi.

Avatares. “La Ley se sancionó en octubre de 2009 y fue suspendida varios meses en su totalidad. Luego, cuando se restituyó, hubo cautelares de Clarín entre 2010 y 2013, y eso impidió poner energía en reordenar a los más pequeños, porque si el actor más grande no podía ser ordenado parecía una subversión empezar por los más pequeños”, piensa Daniela Monje. “Hubo, en ese sentido, una decisión política de espera no expresada claramente. Cuando se empezaron los planes de adecuación quedó poco tiempo, desde agosto de 2013 a diciembre de 2015 algunos grupos se habían empezado a ordenar y otros estaban en proceso, pero fueron desactivados por este gobierno. Fue un proceso demorado, aunque iniciado. Mientras tanto se podrían haber hecho otras cosas que no se hicieron, como un plan técnico.

En un punto creo que también faltó el tiempo necesario para la implementación de una política; la ley no es la política, y venir a desmontar un sistema de estructura de propiedad concentrada no es sencillo”, concluye Monje.
Fotos: José Carminio
Fuente: El Diario

Los medios de comunicación en el escenario de la posverdad

Una exposición a cargo de la doctora Adriana Amado presentó una crítica radiografía del periodismo argentino, situado en el marco de una investigación global
Por: Pablo Russo pablomarianorusso@gmail.com
La docente e investigadora Adriana Amado compartió una serie de resultados sobre el periodismo argentino que encienden una alarma sobre la profesión, en el marco del XV Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación que se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, entre el miércoles y el viernes. De su conferencia sobre la cultura periodística de nuestro país se desprenden una serie de críticas de las rutinas actuales en el contexto de la posverdad. Entre ellas, que la mayor parte de los periodistas no tienen contacto directos con las fuentes institucionales y políticas de las cuales, además, desconfían.

“Las fuentes políticas no los atienden, mandan la información encapsulada. El trabajo del periodista se ha convertido en una tarea de procesamiento del material de relaciones públicas más que en una iniciativa periodística propia”, indicó la doctora en ciencias sociales y miembro de Poder Ciudadano Argentina. ¿Qué lugar le queda al periodista cuando depende de una fuente centralizada?, cuestionó.

Posverdad
“La posverdad viene a ser un concepto novedoso para algo que conocemos desde siempre: las noticias falsas, las imprecisiones y las operaciones de prensa”, define Adriana Amado en diálogo con El Diario en la puerta del auditorio Rodolfo Walsh. “Da cuenta del escepticismo con el que leemos las noticias. Hasta hace poco nosotros creíamos que una noticia deberían aceptarse porque era una noticia; ahora de lo que estamos dando cuenta es que ni las propias fuentes dicen que lo que hay en las noticias es verdad, y las audiencias tampoco. La posverdad es un concepto que recupera esta idea de la confianza como eje fundacional de las noticias. Podemos tener periodistas, fuentes, recursos, pero si no tenemos confianza no tenemos medios. Y hay tristes pruebas en la argentina de medios que en algún momento tuvieron mucha plata, acceso privilegiado a las fuentes de información, y no sobrevivieron porque no construyeron confianza en lo que hacían”, amplió.

En este escenario de la posverdad, “reducimos la discusión a que las audiencias se creen cualquier cosa o que los medios mienten, y en el medio hay un actor importante que es el periodista, un actor que tampoco ha tenido la dimensión, el cuidado y el trabajo que merece. Sabemos muy poco de las condiciones de trabajo de los periodistas de todo el país. Ni siquiera sabemos cuántos son. El periodismo es una profesión cada vez más débil, precarizada, con más urgencias y menos recursos”, argumentó. En este contexto, Amado también se refiere a la poscomunicación: “Es este escenario en el que todos comunicamos. Seguir culpando a un solo actor del asunto es no entender que todos estamos activos, discutiendo, conversando, no creyendo”, indicó.

Universo
El núcleo de los resultados expuestos combinó varias investigaciones, entre ellas dos centrales: una encuesta en 66 países del proyecto Worlds of Journalism, que permite establecer parámetros comparativos a nivel mundial; y un muestreo local a partir de los diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Diario Popular. “Esos diarios fueron la específica de las noticias, pero la investigación de los periodistas fue en todo el país, o sea que las conclusiones que nosotros tenemos es para todos los medios”, indicó Amado sobre la muestra de 360 casos.

“El periodismo digital tiene baja presencia en cuanto al modelo profesional, es una constatación. La mayor parte de los entrevistados son de radio, diario y televisión; es decir, los medios tradicionales como fuente de trabajo siguen siendo los principales. Hay mucho periodismo digital pero amateur, por lo cual no lo incluimos porque la investigación era sobre periodismo profesional. Eso también es un diagnóstico, porque nos muestra que el lugar hacia el que va el periodismo no está profesionalizado”, agregó.

“Cada vez hay menos diferencia entre el papel y la versión web de los medios tradicionales. Antes salía el diario impreso y de ahí se levantaban las noticias al digital; hoy es al revés, el digital empieza a marcar la agenda del impreso del día siguiente, que se vuelve como una especie de fósil de lo que sobrevivió de la hecatombe de noticias del día anterior. Vemos que el soporte empieza a ser menos determinante, muchos incorporaron el componente audiovisual, entonces vos además de estar grabando la nota y desgrabándola, tenés que hacer un videíto, producir. Por eso planteaba también la cuestión sindical: ¿está entendiendo estos nuevos espacios que hay que conquistar?”, se preguntó. De sus investigaciones concluye que no hay tantas diferencias en cuanto a cultura periodística entre los diarios, la televisión y la radio.

Otro dato destacado es que solamente el 3 por ciento de la muestra nacional hacen una sola nota por día, y el promedio nacional es de 6 noticias producidas por periodista en una jornada.

Comparativas
“La constatación más interesante a la hora de dar la discusión es que el periodismo argentino se parece poco al periodismo latinoamericano. Tenemos menos factores en común con Chile, Brasil o Colombia que con Rumania. Nuestro periodismo tiene más similitudes en cuanto a prácticas, costumbres y condiciones de trabajo con Europa del este que con Latinoamérica”, señaló Amado.

Esas características tienen que ver, por ejemplo, con la dependencia de las fuentes oficiales y con la baja credibilidad de las fuentes institucionales (el Congreso Nacional aparece como el menos creíble por los propios periodistas). “La plurifunción y la flexibilización de las cuestiones éticas también: en Argentina como en Europa del este, es admisible que publiques algo por pedido de una fuente; en Finlandia eso es imposible”, expresó la profesional.

“Que no haya periodistas muertos como en México no significa que acá no haya problemas de libertad de expresión. En la censura indirecta estamos entre los niveles más altos. La censura indirecta se da en países que salieron de regímenes totalitarios, quiere decir que quizás nosotros tenemos que explorar un poco más la matriz cultural que hace que la autoridad se nos imponga en la declaración, en la versión de los hechos, en la pauta. Es una matriz de cultura”, concluyó.
Fuente: El Diario

Hablar de comunidades originarias en Facebook incumple sus Normas comunitarias

Publiqué en Facebook: Lo que sus ojos vieron, un trabajo de la realizadora Valeria Mapelman, autora del reconocido documental Octubre Pilagá, Relatos sobre el Silencio, también integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. La nota de Mapelman, refleja la muerte de Solano Caballero, sobreviviente de la Masacre de La Bomba, perpetrada por Gendarmería en 1947. Para la red social esto se trata de un Spam. Solo fue publicada una vez y decidieron eliminarlo:

Siguen sancionando a trabajadores de Canal 9

Continúan las sanciones en el canal público de Santa Cruz. Ya lo había adelantado el presidente del Directorio, Mario Borgna. Los trabajadores son el blanco de las sanciones por reclamar lo que les corresponde

Mario Borgna sigue persiguiendo a los trabajadores que, reclaman por una histórica deuda que el estado mantiene con los empleados del canal estatal.

Al igual que lo hizo con los trabajadores de Radio Nacional en su paso por allí, Borgna sigue sancionando a quien considera bloquea la señal del Canal 9.

En esta ocasión sancionó con tres días de suspensión al trabajador Matías Battle, por haber colocado la placa en la que realizan el reclamo y considerar que esta acción bloquea la pantalla del canal estatal de televisión.
Fuente: Nuevo Día
Ver anterior: Canal 9 de Río Gallegos: la asamblea profundiza la lucha, ante deudas y persecución

Desaparición forzada de Santiago Maldonado: Repudian operaciones del gobierno a través de medios de comunicación

"Una operación del gobierno no es periodismo: es difusión de mentiras destinadas a proteger al poder"
En momentos en el que el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado es un grito social que se escucha en todo el país, denunciamos el peligro que representa que las empresas de medios de comunicación se conviertan en una herramienta del gobierno para montar indignantes operaciones de encubrimiento.

El compromiso con la verdad y la defensa de los derechos humanos es fundamento y base de la libertad de expresión, patrimonio social que las y los trabajadores de prensa ejercemos con responsabilidad y compromiso ético.

Por este compromiso es que hacemos explícito nuestro repudio a las operaciones montadas por el gobierno para encubrir las responsabilidades de funcionarios y del Estado en la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Por este compromiso es que advertimos que esto no es periodismo: es difusión de mentiras destinadas a proteger al poder.

Como trabajadoras y trabajadores de prensa consideramos que la información debe estar al servicio de la sociedad, producida en forma independiente a los intereses del gobierno y de sus promiscuas relaciones con las empresas de medios. Sabemos que hoy no es una tarea fácil, pero sabemos también que son muchas las y los periodistas que están haciendo el esfuerzo por investigar y aportar información y quienes, con valentía, han dejado en claro que no son cómplices de estas operaciones, sosteniendo en fotografías colectivas el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y enarbolando así la dignidad del oficio periodístico.

Que así sea es nuestra tarea.

En Buenos Aires, a 17 días del mes de septiembre de 2017
Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) / Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) / Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA)

domingo, 17 de septiembre de 2017

La conducta del periodista está amparada por el derecho a la libertad de expresión

Un periodista que cubría el juicio de encubrimiento de la causa AMIA fue denunciado por violación de secretos de Estado porque hizo pública la declaración de un agente de inteligencia. El juez Sergio Torres lo sobreseyó, entendiendo que estaba amparado por la libertad de expresión.

Claudio Goldman, director de EMET “La Verdad de la Gente”, fue sobreseído por el juez federal Sergio Torres en una causa en donde se investiga si incurrió en el delito de violación de secreto de Estado, por haber efectuado en su programa una crónica de una de las audiencias del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, en donde un agente de inteligencia declaró.

Según pudo constatar Diario Judicial, en diciembre de 2016 declaró en el juicio oral un ex agente de la desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Su testimonio fue brindado dentro de las “limitaciones inherentes” a su condición de agente.

Pocos días después Goldman hizo la crónica respectiva, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que lleva adelante el debate, fue anoticiado de la publicación de la información y ordenó extraer testimonios a fin de que se investigue si el periodista incurrió en la comisión del delito tipificado en el artículo 222 del Código Penal, que reprime con reclusión o prisión de uno a seis años, al que “revelare secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación”.

El fiscal federal Jorge Di Lello, al requerir la instrucción de la causa, solicitó que como medida de prueba que el TOF N° 2 informe si el periodista es “asiduo concurrente a las audiencias” y si “pudo constatar que Goldman concurrió en reiteradas oportunidades”.

Tras analizar las actuaciones, el juez Torres concluyó que Goldman “no cometió el delito investigado en autos”. Además, el magistrado destacó que la conducta desplegada por el periodista “se encuentra amparada por el derecho a la libertad de expresión y de prensa”.

El juez federal aclaró que la protección de la libertad de expresión tiene preeminencia sobre el resto de la legislación, “entre ellas, la penal”. “Algunos autores sostienen inclusive que existen pocos derechos tan importantes como el mencionado”, añadió Torres.

En su resolución, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 destaca que en el caso no se podía “pasar por alto” que la publicación efectuada por Goldman “aludía a un asunto de pleno interés público” porque se vinculaba “al desarrollo de un proceso judicial que se viene desplegando como consecuencia del encubrimiento a uno de los atentados más importantes que vivió nuestro país”.

Del mismo modo, Torres puso de resalto que la audiencia en cuestión “fue reservada unicamente a las partes y al personal de seguridad encargado de la seguridad y filmación del acto”, de modo que Goldman “no se encontraba en el círculo de obligados a guardar la información”. “En otras palabras, no era uno de los encargados de mantener la reserva de lo publicado”, precisó el magistrado, de modo que concluyó que la figura era “atípica” para el caso de Godman, ya que el periodista no reveló un secreto que “debía mantener en reserva”.
Fuente: Diario Judicial

sábado, 16 de septiembre de 2017

Preocupante amenaza de un gendarme al enviado de Infobae en Esquel

Al mejor estilo El Padrino, el uniformado ofreció un "consejo" al periodista, quien había descubierto datos llamativos en torno a licencias tomadas por efectivos tras la desaparición de Santiago Maldonado
El clima es muy "espeso" en Esquel, según reportan quienes se encuentran allí trabajando. La ciudad está prácticamente militarizada, y todos desconfían de casi todos en un marco donde el gobierno trata de sostener un encubrimiento a la vista de muchos ojos.

El caso de Santiago Maldonado ya tiene amplia repercusión internacional y pone en jaque al oficialismo, que trata de maniobrar dentro de un margen cada vez más estrecho.

En ese difícil contexto, uno de los periodistas de medios nacionales que se encuentran en el sur como enviados especiales tocó una cuerda que no agradó a la Gendarmería. Y se lo hicieron saber "amablemente".

Fernando Soriano, redactor de Infobae, analizó los pedidos de licencias de varios gendarmes que participaron del operativo que culminó con la desaparición de Maldonado el 1º de agosto pasado, ante lo cual un miembro de la Gendarmería le advirtió: "Un consejo, dejen de hurgar en la vida de los gendarmes".

La (no tan) velada amenaza es doblemente grave, ya que se da en medio de la investigación de una desaparición forzada producida a manos de la propia Gendarmería.

El "hurgamiento" de Soriano que tanto molestó a los uniformados había derivado en la siguiente conclusión por parte del periodista: "Apenas 24 horas después del operativo en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, al menos seis gendarmes que participaron de las acciones que podrían haber derivado en la desaparición de Santiago Maldonado pidieron licencia a sus superiores y dejaron de trabajar".

En su nota publicada en Infobae detalla las fechas, los lugares a donde viajaron, los roles que cada uno de ellos tuvieron durante el operativo, y especula acerca de las razones que llevaron a tan llamativa "coincidencia" en la necesidad de un descanso.

Luego de reseñar toda la información al respecto, y sobre el cierre de la nota, el periodista dejó constancia -como saludable medida preventiva- de la intimidatoria advertencia que recibió por parte de su interlocutor uniformado.
Fuente: InfoNews

Cristina Fernández- Daniel Hadad, buen negocio tras viejos rencores

No se veían desde 2011, antes de que el empresario vendiera C5N y Radio 10. Se reunieron hace dos semanas en la casa que la ex presidenta tiene en Recoleta para acordar los detalles del reportaje en Infobae. Los dos dijeron que quedaron conformes
Por: Mariano Confalonieri
La relación entre el empresario Daniel Hadad y Cristina Kirchner sobrevoló la entrevista que Infobae le hizo a la ex presidenta. Él le aseguró a su entorno que entre los dos hay cuentas pendientes. Ella, que el vínculo entre ambos mientras estuvo en el Gobierno fue “institucional” como con el resto de los medios.

Para los dos, el reportaje fue positivo. Hadad quedó contento con la audiencia que tuvo, y con haber marcado, según dijo a sus colaboradores, un hito en la historia de los medios. Ella entendió que salió “bien parada” de la nota que le hizo el periodista Luis Novaresio, y que le sirvió para recuperar el centro de la escena y aclarar lo que ella considera “mitos”, como la reacción kirchnerista ante la desaparición de Julio López. “Con esto y el acto del domingo vamos a sumar de uno a tres puntos”, se entusiasmó un colaborador de la ex jefa de Estado.

Pero el creador de C5N y Radio 10 guarda viejos rencores que datan de la confusa venta de sus medios al empresario kirchnerista Cristóbal López, que se consumó hace cinco años, cuando CFK encaraba su segundo mandato. Algunos de los puntos oscuros de esa historia los contó el propio Hadad en público, y otros los relató en privado. El empresario sugirió que hubo una persecución a través de la AFIP que manejaba Ricardo Echegaray y que incluso lo amenazaron con mandarlo a él y a su esposa a la cárcel con una evasión inventada. La caída de las antenas de las radios y los balazos que impactaron en un restaurante en el que cenaba con su mujer enturbiaron aún más el panorama.

Según pudo reconstruir Perfil de fuentes cercanas al empresario, el último contacto con Cristina se produjo en octubre de 2011, en la Quinta de Olivos, y terminó mal. Su versión es que la ex presidenta lo “invitó” a desprenderse de sus medios y a cederlos a Cristóbal López. El se negó. “Ya me vas a conocer”, le habría contestado CFK. Siempre siguiendo la versión de los colaboradores de Hadad, esa negativa desencadenó la persecución que finalizó cuando aceptó la operación de venta por unos 49 millones de dólares. Ese acuerdo tuvo una cláusula que generó suspicacias: se le impedía al empresario montar medios que pudieran competir con el canal y las radios hasta diciembre de 2015, es decir, cuando finalizaba la segunda presidencia de Cristina. Claro que cerca de la ex mandataria niegan cualquier presión sobre el dueño de Infobae.

El kirchnerismo marcó un antes y un después para Hadad. Según él, Néstor tenía una obsesión con Marcelo Longobardi y con Mariano Grondona. Y Cristina con Longobardi también, pero al final agregó a su lista a Novaresio. “Por eso, a Daniel le produjo cierta satisfacción que el reportaje lo hiciera Luis”, contó un colaborador.

Hadad se reencontró con la ex presidenta hace dos semanas en la casa que ella tiene en Recoleta. En Infobae dicen que ella pidió que la entrevista se la hiciera él, en el Instituto Patria, y que él propuso a Novaresio y en el estudio de Humdbolt. “Había que separar lo personal de lo profesional”, se lo escuchó decir a él. En el entorno de Cristina dicen que la idea siempre fue que la hiciera Novaresio. El jueves, Hadad y CFK se vieron las caras y se saludaron cordialmente. Ella estaba acompañada del asesor catalán Antoni Rubi y de su vocero Hernán Reibel. El pasado no alteró los planes de ninguno de los dos. Al contrario.
Fuente: Diario Perfil

viernes, 15 de septiembre de 2017

Paritarias ATA-CAPIT, entre cuatro paredes

La negociación paritaria entre la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y el Sindicato de Televisión, SATSAID, se desarrolla entre cuatro paredes: sin participación del conjunto de los trabajadores y en la más absoluta reserva
El pedido del 29% y una suma fija de $15.000 es el mismo presentado por el Satsaid en la reciente paritaria con la otra cámara de Televisión, ATVC (de empresas de circuito cerrado), que finalmente cerró de nuevo por debajo de la inflación –un 23% en dos cuotas– y sin realizar siquiera una movilización para presionar por algún punto más durante las negociaciones en el ministerio.

El deterioro y atraso de los salarios de los compañeros de las productoras y canales de aire se ve claramente cuando se observa que la totalidad de las escalas salariales se encuentran debajo del costo de la canasta familiar (hoy en $27.500), aún en un supuesto escenario de un aumento del 29%.

De este modo, se termina de hacer efectiva la pérdida de diez puntos vía inflación sufrido el año pasado.

La directiva del Satsaid continúa sin sacar los pies del plato de la tregua de la CGT con el ajuste del gobierno nacional y los gobernadores.

Las paritarias nuevamente separadas, entre cuatro paredes y lejos de la deliberación de los compañeros y compañeras de televisión, son un claro síntoma del agotamiento de esta dirección.

Para peor, los despidos no cesan y el sindicato insiste en no realizar ninguna medida de conjunto.

La reciente entrega de CN23 o el abandono a los compañeros santacruceños que siguen con el mismo sueldo de hace tres años son un claro ejemplo.

En contraste, el reciente acuerdo paritario de un 27% de los compañeros del Neumático, aprobado por una asamblea de más de 1.500 compañeros, muestra el camino que debemos seguir.

Emerge la necesidad de recuperar nuestras comisiones internas y seccionales para recuperar nuestro sindicato y ponerlo al servicio de los trabajadores.

Salario básico inicial de $27.500 igual a la canasta familiar. Ocupación de toda empresa que cierre o despida. Abajo el impuesto al salario. Basta de despidos. Abajo la reforma laboral. Plan de lucha y paro nacional.
La Naranja Televisión

Noticias falsas: "Te operaron, Silvia"

Publicó Infobae: "El Gobierno fue felicitado por la titular del Comité contra las Desapariciones Forzadas", sumó a esto que Suela Janina, presidenta del Comité contra las Desapariciones Forzadas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le transmitió su respaldo al subsecretario de Derechos Humanos de la Argentina por las causas que investigan la desaparición de Santiago Maldonado.
En Twitter algunos usuarios dudaron y le consultaron a la supuesta autora del respaldo a nuestro gobierno @suelajanina que respondió: "Esto simplemente no es cierto. El Comité reaccionará en consecuencia", advirtió.
La nota fue retirada de Infobae y nunca se publicó una fe de error o disculpas. Mercado respondió desde su cuenta de Twitter:







El ENaCom se reunió en Jujuy y aprobó más de 7 millones para el FoMeCA

“Seguimos reafirmando nuestro compromiso con la libertad de expresión”, así se refirió el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) al definir la gestión realizada en la provincia de Jujuy, donde se aprobaron nuevos subsidios para el FoMeCA y se otorgaron 13 nuevas licencias de radio FM para diversos medios locales.

En el marco de una visita a la ciudad de San Salvador de Jujuy, el Directorio de ENaCom aprobó los proyectos del del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) para medios de comunicación audiovisual correspondiente a la línea 1 sobre equipamiento y adecuación edilicia para radios. Un total de 20 beneficiarios recibirán $7.417.262,88 con el fin de mejorar su infraestructura y brindar una mejor prestación.

Aprovechando la ocasión, el titular del ENaCom, Miguel De Godoy, se reunió con el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, con el objetivo de conocer el estado de las comunicaciones y delinear planes de acción para mejorar y desarrollar los servicios para los usuarios.

Asimismo, se realizó la entrega de 13 licencias de radio FM para medios de las localidades de Tilcara, Humahuaca, San Pedro y San Salvador, entre otras, reafirmando el compromiso para que haya más voces y que la información llegue cada vez mejor y a más hogares. “Sabemos que las radios locales son muy importantes para las comunidades porque son quienes cuentan las noticias que pasan a su alrededor, en la vida cotidiana. Por eso venimos a saldar una deuda del Estado, reconociendo esta importante tarea, a través del otorgamiento de licencias para que más medios puedan operar y ver resguardados plenamente sus derechos”, concluyó De Godoy.

Finalmente, el presidente de ENaCom participó de la firma de una Carta de Intención junto al rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi, donde asumieron el compromiso de brindar nuevas y mejores herramientas para el desarrollo de las telecomunicaciones en la región, con la posibilidad de proyectar a futuro convenios de cooperación técnica y académica*.
Fuente: ENaCom
El titular del ENaCom le entrega a Claudio Gastón Jacquet Matillón, socio gerente de Radio City la licencia oficial para la retransmisión de su programación a través de la FM 107.1 en San Pedro, Jujuy.

*Según Jujuy al Momento la firma del acuerdo con la UNJu prevé la implementación de la diplomatura en telecomunicaciones.

Nueva amenaza a FM Alas de El Bolsón

El jueves 14 de septiembre, nuestra radio comunitaria recibió una nueva amenaza. Al igual que en otras oportunidades, fue a través del teléfono móvil que se utiliza para la radioparticipación.

Al parecer ahora las amenazas tienen mayor frecuencia. Si bien en diciembre de 2016 nos advirtieron que se nos podía quemar la radio, ahora recibimos dos mensajes intimidatorios en una semana, lo que evidencia la intención de amedrentar a quienes ejercen su derecho a comunicarse a través de estos micrófonos.

Cabe mencionar, que el último mensaje hace referencia a la campaña lanzada por la radio en el marco de sus 30 años para conseguir la sede social del proyecto: Un Nido para FM Alas. No es menor que intenten atacar donde más energía colectiva, autogestiva y comunitaria estamos poniendo. La participación bien intencionada está desbordando el proyecto en estos días y cada paso se ha fortalecido, a pesar de las dificultades.

Quienes integramos el colectivo de FM Alas tenemos el compromiso de seguir denunciando los atropellos a los derechos, el daño a los bienes comunes, la intención de hacer negociados a espaldas de la comunidad, como también hacer visible las múltiples formas de construir en conjunto, con respeto y armonía, que se expresan en la Comarca Andina que habitamos.

En la Patagonia, las comunidades de pueblos originarios y las agrupaciones sociales, estamos viviendo un constante amedentramiento por distintos sectores de la sociedad, que utilizan distintos mecanismos: violencia institucional, manipulación mediática, llamadas y mensajes intimidatorios a particulares y organizaciones, entre otras situaciones igualmente repudiables, y en el alarmante contexto de una desaparición forzada de persona. Esto hace suponer que se trata de una estrategia de naturalización de la violencia para desacreditar y deslegitimar las acciones que se llevan adelante en materias de derecho.

Desde el Colectivo de Alas no vamos a acostumbrarnos y por eso seguiremos denunciando cada hecho de estas características. Por eso, a pesar de las intimidaciones, declaraciones y amenazas que recibimos en la radio, reforzamos nuestro compromiso con la comunicación popular.

Sin medios comunitarios no hay democracia. Aparición con vida de Santiago Maldonado.
FM Alas 89,1 – Asoc. Civil Alas para la Comunicación Popular
Ver anterior: Amenaza a FM Alas de El Bolsón: “Están tirando demasiado de la soga”

Estado de la libertad de expresión en Argentina 2017

Censura, amenazas, restricciones, ataques físicos y detenciones policiales contra periodistas en la cobertura del caso Maldonado y del conflicto social
Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone fueron detenidos mientras trabajaban durante la marcha por Santiago Maldonado
La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa denuncia la existencia de censura, amenazas, restricciones al trabajo periodístico, ataques físicos y detenciones policiales que están sufriendo diversos periodistas que llevan a cabo la cobertura de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en el sur del país y de diferentes conflictos sociales.

El periodista Dante Lobo de canal 4 de Esquel fue censurado y sacado del aire en los últimos días. Lobo y su equipo habían llevado a cabo la cobertura de los hechos del 1º de agosto, que luego fueron aportados como elementos de prueba por la familia de Maldonado a la causa.

También había hecho una entrevista de gran relevancia a uno de los jefes de Gendarmería, el comandante mayor Diego Conrado Héctor Balari, en la que éste afirmaba que la entrada a la comunidad mapuche se había realizado siguiendo expresas instrucciones del ministerio de Seguridad de la Nación.

Lobos ya había recibido restricciones a su trabajo periodístico en ocasión de intentar hacer la cobertura informativa del caso. El día 16 de agosto cuando junto a su equipo se dirigía a cubrir un operativo ordenado por el juez federal Guido Otranto, en la comunidad mapuche Pu Lof, fue interceptado por personal de la Policía Federal y de la Policía de Chubut quien le impidió continuar el paso. El personal policial adujo que cumplía órdenes del juez Otranto. Este grave hecho fue denunciado por el Sindicato de Prensa del Oeste del Chubut.

Los trabajadores de prensa de FM Alas, de El Bolsón, recibieron amenazas directas por el tipo de cobertura que están realizando del caso. “Están tirando demasiado de la cuerda. Después a llorar a Plaza de ^Mayo. Están avisados”, decía un mensaje llegado al celular de la emisora, cuando informaban sobre un incidente relacionado con el mismo. “Es parte de una cadena de intimidaciones que ya recibimos”, dijo Esteban Santamaría, uno de los integrantes de la radio.

El mismo día miércoles 16 de agosto, en Cushamen, Chubut, integrantes de la revista Cítrica fueron intimidados por personal de la policía provincial y la Gendarmería. Los efectivos policiales no les permitieron circular libremente por la ruta cuando intentaban acercarse al lugar donde fue visto por última vez Santiago Maldonado, quien permanece desaparecido tras la represión de Gendarmería contra la comunidad mapuche del Lof en Resistencia.

El periodista Rafael Saralegui, quien viajó a la zona para una investigación periodística para chequeadocom, también denunció presiones por parte de personal de la Policía de Chubut y Gendarmería.

Se agrega la existencia de presiones en algunas ocasiones abiertas y en otras más veladas a los trabajadores de prensa tanto de emisoras privadas como estatales respecto de la cobertura que debe darse al caso, que exceden los límites de una línea editorial y significan un avasallamiento a la libertad de expresión y el trabajo periodístico.

Agresiones y detenciones a periodistas
Los trabajadores de prensa venimos registrando un incremento de las agresiones físicas y detenciones por parte de distintas fuerzas de seguridad, en ocasión de la cobertura de conflictos sociales.

En el marco de la represión que efectuó la policía de la Ciudad de Buenos Aires el pasado viernes 1º de septiembre, al finalizar la marcha en reclamo de la aparición de Santiago Maldonado, se produjeron una gran cantidad de detenciones arbitrarias. Entre los detenidos había seis compañeros/as que se encontraban cubriendo periodísticamente los hechos al momento de ser arbitraria y violentamente “cazados” por los efectivos policiales. Estuvieron incomunicados hasta la madrugada del lunes, detenidos en condiciones pésimas, sufriendo violencia psicólogica y maltratos inadmisibles. Todo por estar registrando el accionar de los supuestos servidores de la ley.

Uno de los objetivos de las agresiones y detenciones fue infundir temor entre los periodistas para evitar que queden registros de la violencia policial en imágenes como lo muestra el especial hincapié en las agresiones a fotográfos y camarógrafos. Esto se vio claramente en los acontecimientos del 1º de setiembre pasado en la ciudad de Buenos Aires.

Estos son los compañeros/as que se encontraban realizando tareas de prensa cuando fueron detenidos/as:
Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Hugo Medone, trabajadores de prensa de Antena Negra TV, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), detenidos en Avenida de Mayo y San José. En la filmación de Medone -que estaba siendo transmitida en vivo a través del Facebook de la RNMA se escucha claramente a un policía gritando “ese también está filmando, agarralo”.

Daniel Lara, reportero gráfico y estudiante de la escuela de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), detenido en Avenida de Mayo y Perú.

Sofía Gamboa, fotógrafa, detenida sobre la Avenida de Mayo en el momento que comenzaba la represión. Tiene tres impactos de balas de goma en la pierna. No recibió asistencia médica. Le colocaron los precintos cortándole la circulación. Junto a los demás detenidos fueron amenazados por una policía que les decía que iban a terminar como Santiago Maldonado.

Paola Barriga Montero, fotógrafa y documentalista, integrante del Centro Integral Marcelina Meneses, se encontraba registrando cómo un policía reducía a un manifestante cuando recibió una patada en el brazo izquierdo y cayó al suelo, su cámara quedó destruida. Fue detenida brutalmente por personal policial masculino.

Carlos Ardila Guerra, fotógrafo de la Asociación de Trabajadores del Estado, detenido cuando se estaba retirando de la Plaza de Mayo, sacando fotos y videos en el lugar. También fue amenazado por policías que le decían que iba a terminar como Maldonado.

La brutalidad policial contra la prensa fue una constante durante la represión como lo muestran los siguientes hechos:
Dos trabajadores de prensa de la TV Pública recibieron gas pimienta en sus rostros. Se trata de un asistente de cámara y de un camarógrafo, que estaban registrando los hechos sobre la Avenida de Mayo.

Una movilera de Canal 13/TN también resultó afectada por el gas pimienta arrojado en sus ojos por la policía, tal como quedó registrado en varias transmisiones televisivas.

Un fotógrafo de la Colectiva Fotografía a Pedal recibió por parte de la policía un balazo de goma en la nuca.

A un periodista de la Agencia de Noticias Redacción (ANRed) le llenaron el cuerpo de balazos de goma y le arrojaron gas pimienta cuando preguntó adónde trasladaban a los detenidos.

Durante la represión, los trabajadores de prensa que se encontraban cubriendo los hechos fueron filmados de forma intimidatoria por la policía.

Violencia física policial contra periodistas

El 10 de agosto, precisamente el Día Internacional del Cronista de Exteriores, Ignacio Gallardo, movilero de la radio X5, fue agredido por el Comisario Orgóñez de la policía bonaerense, dentro de la Municipalidad de La Plata, quien lo agarró del cuello y lo empujó cuando se encontraba cubriendo una protesta. Los demás policías actuaron en complicidad, llegando a amenazar a todos los trabajadores de prensa que se encontraban realizando su tarea.

El 26 de julio la Guardia de Infantería de la Policía de la Ciudad reprimió una movilización de los trabajadores/as de Pepsico frente al Congreso de la Nación. Ni bien comenzó la represión tres efectivos lanzaron gas pimienta en la cara al reportero gráfico Rolando Andrade, trabajador de Clarín. En el desalojo de la planta, perpetrado el 13 de julio, la policía golpeó y gaseó a las obreras y obreros de Pepsico y también a trabajadores de prensa, como sucedió con el equipo de Telefe Noticias.

El 3 de junio, al finalizar la marcha por Ni Una Menos, un policía federal le roció gas pimienta en el rostro a la compañera Alelí Acuña de Télam e Infonews, luego de que ella le sacara una foto. Luego, volvieron a tirarle gas pimienta, al igual que a los otros reporteros gráficos presentes en el lugar. El 8 de marzo, en ocasión del Paro Internacional de Mujeres, la policía realizó una brutal cacería, deteniendo sin ningún motivo y hostigando a 20 mujeres, entre ellas a dos compañeras, Josefina Nicolini, fotógrafa de Rumbos, y Laura Arnés, periodista del suplemento Soy, ambas de Página 12.

Las fuerzas actúan amparados por el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas” del Ministerio de Seguridad que, pese a carecer de toda legalidad, simboliza la vía libre para maltratar a los trabajadores de prensa.

El tristemente célebre corralito en el que nos quieren encerrar, o “zona determinada”, como lo llaman en el escrito, no es más que un aval para las restricciones y agresiones contra los trabajadores de prensa por parte de las fuerzas policiales. Tal como ha ocurrido en la ciudad de Santa Fe donde los trabajadores de prensa denunciaron restricciones y limitaciones al trabajo periodístico en ocasión de la visita del presidente Macri a la capital provincial.

La impunidad se cimenta en hechos como la reciente absolución de dos policías de la Metropolitana, y las leves penas que le dieron al tercero de ellos, en el juicio que se llevó adelante por disparar balas de plomo contra dos reporteros gráficos de la Red Nacional de Medios Alternativos en el desalojo de la Sala Alberdi, o en las dilaciones que hay en la causa que investiga el ataque por parte de una patota (que contó con zona liberada por la policía) a la redacción de Tiempo Argentino y Radio América.

A este panorama de agresiones, censura y restricciones a la prensa generadas por las empresas, funcionarios y fuerzas policiales y de seguridad se suma las, cada vez, mayores restricciones que padecen periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos a la hora de cubrir los actos presidenciales y de algunos gobiernos provinciales.

A su vez, nos ha tocado sufrir la prepotencia policial no solamente cuando estamos ejerciendo nuestro trabajo, sino también cuando protestamos por nuestros derechos: en oportunidad de la última movilización de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa la Policía Federal realizó acciones de provocación y maltrato hacia trabajadores de prensa que se manifestaban pacíficamente.

En el marco del incremento del accionar represivo del Estado en contra de los reclamos populares, los trabajadores de prensa de todo el país, sindicatos y medios comunitarios, alternativos, populares y autogestivos, reclamamos al gobierno Nacional y de los respectivos distritos, que cesen este tipo de acciones.

Basta de censura, amenazas, restricciones, ataques físicos y detenciones policiales en la cobertura del caso Maldonado y del conflicto social.

Por más y mejor periodismo.
En defensa de la libertad de expresión.
Aparición con vida de Santiago Maldonado.
Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa

Trabajadores de prensa piden que se garantice la protección en las manifestaciones

Representantes de medios y legisladores presentaron un proyecto para modificar la Ley de Seguridad porteña y garantizar la protección de la actividad periodística en las manifestaciones
Organizaciones sindicales y de derechos humanos se reunieron junto a los legisladores porteños Gabriel Fuks (Corriente Nacional de la Militancia); María Rosa Muiños, Claudio Heredia (Bloque Peronista); Carlos Tomada, Paula Penacca, Andrea Conde (FpV) y Marcelo Ramal (FIT), quienes presentaron el proyecto para garantizar la protección de la actividad periodística en las manifestaciones.

La reunión contó con la participación de trabajadores de distintos medios, como las agencias DyN, NA y Télam, Radio Nacional, Clarín, Tiempo Argentino, Agencia Paco Urondo, entre otros, que intercambiaron opiniones por casi dos horas.

Los representantes de organizaciones sociales fueron Santiago Magrone y Mariano Eliaschev, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); Daniel Vides, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA); Alejandro Carlos Ruiz, del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID); Miguel Iademarco, de Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren); Antonio Guillen, del Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBO) y Nora Anchart, de Organización Madres de Plaza de Mayo.

Fuks, autor del proyecto y moderador del encuentro, explicó que, a raíz de los incidentes ocurridos este viernes pasado en la marcha por Santiago Maldonado como también en otras oportunidades, "el proyecto que presentamos busca que los periodistas no sean molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el sólo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización de manifestaciones públicas".

Este proyecto expresa la modificación de la Ley de Seguridad Porteña -N° 5688- que establece las características y los criterios de uso directo de la fuerza de la nueva Policía de la Ciudad.

Al respecto, remarcó: "Proponemos la modificación del artículo 100 de dicha Ley, la cual fue arduamente debatida en esta casa legislativa, que trata sobre el protocolo utilizado por los efectivos de la fuerza en las protestas. El eje del debate que se planteó en su momento giró a un núcleo de garantías que la oposición exigió para aprobar la norma, como el uso de armas de fuego por parte de policías que están en contacto con los manifestantes, la identificación clara de los efectivos, entre otras".

Además, formaron parte de la mesa diferentes referentes de organismos competentes en materia legal y social, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio contra la Inseguridad y la Violencia Institucional (OCIVI), que apoyaron el proyecto y se pusieron a disposición de los trabajadores de prensa.

Finalmente, señaló "Estamos ante una crisis de seguridad pública en la Ciudad y de posible fracaso de la Ley que se está incumpliendo. Es necesario visibilizar esto de forma urgente, y lo que sucedió en la marcha del 1, como también los antecedentes represivos del día del Ni Una Menos, entre otros, que ya están cruzando la línea roja de la transgresión para pasar a la ilegalidad".

or su parte, las organizaciones sindicales detallaron con minuciosidad la violencia institucional que sufrieron por parte de la Policía de la Ciudad. Además, manifestaron su apoyo al proyecto y coincidieron en la necesidad de trabajar de manera articulada con los diputados y organismos competentes para hacer públicos todos los hechos de violencia institucional a la que están sometidos durante su labor en la calle.

Asimismo, revelaron que hay una intención por parte del Gobierno de la Ciudad de impedir la documentación de las movilizaciones, y en consiguiente la represión ejercida por parte de las fuerzas de seguridad.

Cabe destacar, que en los fundamentos del proyecto de los diputados se detalla "resguardar la tarea periodística, proteger especialmente la labor de los trabajadores de prensa en las manifestaciones públicas cuya labor puede ser central al momento de denunciar hechos de violencia estatal y aportar pruebas para la investigación judicial; constituye un elemento central a considerar en el protocolo de actuación policial".
Proyecto de Declaración
La Legislatura Porteña solicita al Poder Ejecutivo, en la elaboración del Protocolo de actuación de la Policía de la Ciudad en manifestaciones públicas, conforme a lo establecido en la Ley 5.688 sancionada por esta Legislatura en 2016, la inclusión del siguiente texto referido a la actividad periodística:
"Los efectivos de la Policía de la Ciudad deben respetar, proteger y garantizarla actividad periodística. Los periodistas, invocando su sola condición,incluyendo pero no limitándose a reporteros gráficos o camarógrafos no podrán ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el sólo hecho de estar ejerciendo su profesión durante la realización de manifestaciones públicas. Asimismo, los efectivos policiales deben abstenerse de realizar acciones que impidan el registro de imágenes o la obtención de testimonios en esas circunstancias".

Fundamentos
El pasado viernes 1° de septiembre en ocasión de cumplirse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado; familiares, organizaciones de derechos humanos, así como el conjunto de la ciudadanía se expresó pacíficamente en la Plaza de Mayo para solicitar al Estado argentino la aparición con vida de Santiago Maldonado, y el avance de la investigación que dé con los responsables de su desaparición.

Al finalizar la manifestación popular se sucedieron una serie de incidentes y hechos violentos que una vez más encontraron a la Policía de la Ciudad en una actuación cuya legalidad deberá ser investigada por el Poder Judicial, y por las áreas del Poder Ejecutivo que correspondan en virtud del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5.688 en cuanto al uso de la fuerza y la actuación en manifestaciones públicas.

La ley 5688 fue objeto de un amplio debate entre todas las fuerzas políticas representadas en esta legislatura y a raíz de ello se construyeron importantes consensos sobre las características que debe tener la nueva policía de la ciudad. Los criterios de uso directo de la fuerza son un aspecto fundamental que se debe respetar en las prácticas cotidianas de la fuerza de seguridad ya que involucran directamente la preservación de la integridad física y la vida de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas.

En este caso, como así también ocurrió en la marcha de Ni Una Menos en marzo de este año, se vieron conductas claramente violatorias de la Ley, donde una vez concluida la manifestación se produjeron detenciones arbitrarias de personas que no tenían relación alguna con hechos vandálicos que había sido perpetrados dos horas antes. El pasado 1 de septiembre se sumaron grupos de personal policial no identificado con el uniforme reglamentario que actuó en apoyo a la represión y las detenciones sin que estuviera claro el supuesto de excepcionalidad que prevé el artículo 159 de la misma.

En esta oportunidad, se dieron a su vez detenciones de personas que se encontraban ejerciendo su actividad periodística, la que debe ser resguardada y protegida si efectivamente queremos vivir en una Ciudad que respete las instituciones, el orden democrático y la libertad de expresión. Fueron los organismos de derechos humanos, organizaciones que trabajan la temática de violencia institucional y asociaciones y sindicatos de prensa; los que estuvieron acompañando y asesorando a los detenidos luego de la manifestación del 1 de septiembre.

En este sentido, no se puede deslindar la responsabilidad político-institucional del Poder Ejecutivo, en la conducción operativa sobre el accionar de la Policía de la Ciudad, en la protección sobre el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
Cabe señalar, que los Criterios Mínimos para el desarrollo de Protocolos de Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales en manifestaciones públicas, aprobados por resolución 210/11, garantizaba la protección de la actividad periodística en su artículo 21.

Sin embargo, en lo que se pudo conocer del protocolo "anti piquete"; presentado por la actual Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se restringía dicha libertad. Esta situación fue alertada por diferentes organizaciones de trabajadores de prensa y reporteros gráficos, como por ejemplo SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires) y ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina) quienes denunciaron un "corralito periodístico". El comunicado de ARGRA señala que: “No es necesario reflexionar demasiado para concluir que una cobertura periodística callejera no puede realizarse de ningún modo desde “una zona determinada” por la policía, y que esta solo sirve para ocultar un accionar que se presupone así represivo cuando no ilegal”. E hicieron “responsable en forma directa al gobierno nacional y a su ministra de seguridad por la integridad física de los trabajadores de prensa que cubren la protesta social, y exigimos que se les permita cubrir los hechos con la libertad de movimiento y perspectiva que corresponde a una prensa libre y responsable. No al Protocolo de seguridad. No al corralito periodístico.”

No establecer parámetros claros de actuación, afecta negativamente la libertad de prensa e impiden el control periodístico del trabajo policial. Darle atribuciones a la policía para restringir la cobertura de un hecho vulnera el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información pública y veraz. Así lo establecieron conjuntamente las relatorías que trabajan para la protección y promoción de la libertad de expresión en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos para quienes las autoridades deben asegurar que los periodistas puedan cubrir de manera adecuada las protestas sociales.

En este sentido, resguardar la tarea periodística, proteger especialmente la labor de los trabajadores de prensa en las manifestaciones públicas cuya labor puede ser central al momento de denunciar hechos de violencia estatal y aportar pruebas para la investigación judicial; constituye un elemento central a considerar en el protocolo de actuación policial.

Por todo lo expuesto, solicito al Cuerpo el acompañamiento del presente proyecto de Declaración.
Fuente: infonews.com

jueves, 14 de septiembre de 2017

Radios Comunitarias: Ruidazo frente al ENaCom

¿En qué se la gastan? Sin Medios Comunitarios No Hay Democracia
Con un ruidazo y una radio abierta, frente a la sede del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), de Perú al 100, medios de comunicación comunitarios, exigieron a las autoridades respuestas.

Por la tarde, se firmó un acta acuerdo con el ENaCom, donde se comprometieron a recibir formalmente el próximo martes a las 11:30 a una representación de los medios.

Como FARCo (Foro Argentino de Radios Comunitarias) peticionamos ante el Directorio del ENaCom (Ente Nacional de Comunicaciones) para que nos explique dónde está la plata de los FoMeCA.

Son casi dos años de asfixia económica y la sostenibilidad de los medios comunitarios está en riesgo, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo de comunicadores y trabajadores de prensa.
A esto se suman también episodios de violencia institucional, amedrentamiento y persecución en el ejercicio cotidiano del periodismo y el derecho a comunicar.

Por eso decimos con preocupación: Sin medios comunitarios no hay democracia.
“De los 75 millones que inicialmente debía el organismo en concepto de proyectos ganados en 2014 y 2015, se empezó a pagar una parte a fines del año pasado y hoy falta casi la mitad. Los concursos 2016 abrieron en noviembre y diciembre de ese año. A 10 meses de eso la mayoría no están cerrados. Y los concursos 2017, estamos en el último trimestre del año, todavía no tenemos noticias de su apertura. Además, planteamos que se modifiquen las normativas que hoy permiten secuestros y decomisos arbitrarios a emisoras por interferencias y que se comience a avanzar en la regularización del espectro”, detalló Pablo Antonini, presidente de FARCo.
En las redes sociales con la consigna #EnQueSeLaGastan y #SinMediosComunitariosNoHayDemocracia reclamaron por los fondos adeudados del FoMeCA.



Contacto: Pablo Antonini, presidente de FARCo 221 3559305

Trabajadores de la Agencia DyN rechazan el ajuste

Ante versiones de cierre o achicamiento los trabajadores y trabajadoras de la Agencia Diarios y Noticias rechazamos el ajuste y pedimos precisiones a la empresa
Los trabajadores y trabajadoras de la agencia Diarios y Noticias (DyN) denunciamos la actitud reticente que mantiene la empresa -cuyos principales accionistas son los diarios Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta (Tucumán)- para pronunciarse sobre las versiones de cierre que se vienen reproduciendo desde hace varias semanas, a pesar de reconocer su existencia y estar advertida de su origen en ámbitos allegados al gobierno.

Mientras tanto, ratificamos nuestro rechazo manifestado la semana pasada a otra posible decisión referida a una reducción de la planta de personal integrada por periodistas, reporteros gráficos, técnicos y administrativos, argumentando dificultades económicas.

La incertidumbre generada por esta situación vino a complicar gravemente el desarrollo de la tarea cotidiana en todos los ámbitos de la empresa, lo que torna indispensable y pronta una respuesta oficial del Directorio de DyN.

En tal sentido, la representación sindical de los trabajadores fue instruída por sus representados para realizar gestiones urgentes ante las máximas autoridades de la empresa, y también para considerar medidas gremiales consecuentes.

La presunta crisis, de ser cierta, no es responsabilidad de los trabajadores, y sin embargo serán estos los principales afectados por la pérdida de puestos de trabajo, del mismo modo en que hemos venido siendo afectados por el deterioro de nuestros salarios, particularmente desde la fuerte devaluación del peso, en el arranque de 2016.

Desde hace más de un año venimos denunciando además el ajuste en la agencia evidenciado por deterioro de las condiciones operativas producto de la desinversión en tecnología, y el no reemplazo del personal que accedió a la jubilación.

Vemos que accionistas principales y controlantes de DyN, como Clarín y La Nación, vienen reestructurando y ampliando su esquema de negocios, adentro y afuera de la actividad periodística, por lo cual descartamos que un achicamiento planificado de la agencia, o incluso su cierre, sean producto de una crisis económica insalvable.

Antes que esto es dable pensar que, por caso una reducción de la actual estructura del personal, obedezca a la idea de imponer la flexibilidad laboral de hecho, que el Derecho les niega por convenios y estatutos profesionales.

A pesar de esta pésima actitud empresaria el servicio producido por los trabajadores y trabajadoras de DyN se ve destacado a diario en medios escritos y audiovisuales de todo el país.

Hacemos bien lo que mejor sabemos, y con la misma convicción defenderemos nuestros puestos de trabajo, haciendo responsable a la empresa de posibles medidas gremiales que nos veamos forzados a realizar si la situación que denunciamos se mantiene o es agravada por la desidia y el manoseo al que nos vemos expuestos.
Comisión Gremial Interna
Fernando Cáceres - Santiago Magrone

Ver anterior: Los trabajadores y trabajadoras de la agencia Diarios y Noticias rechazan el ajuste empresario

Otras Señales

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