lunes, 11 de septiembre de 2017

El periodista que desafía a narcos colombianos desde su casa-búnker

Vive rodeado de estampas religiosas. Su cabeza vale 50 millones de pesos. Ha sobrevivido a cinco intentos de asesinato pero nada hace desistir al reportero colombiano Leiderman Ortiz, temido por las mafias, políticos y policía
Por: José Fajardo, @jos_fajardo
Hay un coche blindado y cuatro guardaespaldas junto al domicilio del periodista Leiderman Ortiz. En la puerta quedan las marcas de un atentado que sufrió en 2010, cuando lanzaron una granada para intentar silenciarle. En su periódico La verdad del pueblo denuncia a capos del narco y jefes paramilitares del Bajo Cauca, una de las zonas más peligrosas de Colombia. Su casa tiene un apodo que todos aquí conocen: El búnker.

Cuando entras, llama la atención la desproporcionada cantidad de vírgenes católicas e imágenes religiosas que cuelgan de las paredes. "Yo iba para cura. Habría sido uno muy bueno, a veces me arrepiento, no creas. Ahora los angelitos me protegen", dice mirando a través de la ventana oscura que da a la calle, a prueba de balas. Cuatro cámaras vigilan el lugar, incluido el jardín del patio trasero, cubierto por concertinas en los muros.

Ha sobrevivido a cinco intentos de asesinato. El último, 15 días antes de esta visita, a principios de mayo. Su cabeza tenía hace unos años un precio de 200 millones de pesos (60.000 euros). "Ahorita bajó a 50 millones (15.000 euros), ya me rebajaron", bromea. "Uno asume esta situación como una rutina, porque el peligro es real, no es que tenga un delirio de persecución. Otra persona no resistiría la presión de estos bandidos".

Se queda callado. Me alcanza un vaso de agua que se derrama. "Disculpa, me tiemblan las manos, apenas descanso". Cuenta que duerme con las piernas y los brazos cruzados por la tensión. Un ratoncillo asoma entre el ordenador destartalado y la tremenda pila de folios de documentación que se desbordan por su mesa. Hay un olor profundo a humedad en todo el edificio.

'Caucasistán'. Ortiz nació el 11 de junio de 1973 en Caucasia, donde sigue viviendo. Entre 2008 y 2009 este lugar se conocía como Caucasistán: con una población de 120.000 personas, registró una media de más de 10 muertes violentas al mes. "Aquello era pura granada, todos los días. Ni en las zonas de guerra se veía algo así".

Las cifras han bajado, pero desde el acuerdo firmado a finales de 2016 entre el presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, activistas como Ortiz denuncian una escalada del terror en el Bajo Cauca. Esta es una de las zonas de Colombia donde funciona el Plan pistola: una estrategia para asesinar a policías a través de recompensas que recuerda a las peores épocas del narco con Pablo Escobar.

No existen indicios de estructuras armadas ilegales que operen en connivencia con aparatos del Estado como en la época dura de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe, en 2006. Lo que sí hay es un nuevo actor armado poderoso y temible, que lleva años operando y que está dispuesto a aprovechar las zonas de vacío de poder que han dejado las FARC. Son los reductos del paramilitarismo, una realidad que el Gobierno niega.

Le tiemblan las manos y apenas duerme. "Con el miedo uno puede, pero la soledad es dura", se lamenta.
Caucasia y los otros cinco municipios que forman esta subregión del departamento de Antioquia, en el interior del país, están dominados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Este grupo mafioso cuenta con una estructura perfectamente organizada (una pirámide de mando con hasta ocho cabecillas con distinta autoridad), armamento potente, una visión expansionista (llegan hasta Ecuador y Perú) y una red de cómplices que se extiende desde el moto-taxista hasta el muchacho que ejerce de campanero, el que informa de movimientos sospechosos en las calles.

Su negocio está en la minería ilegal de oro, en el contrabando de cocaína y en la extorsión. Todos son susceptibles de pagar la vacuna en Caucasia: desde el pequeño comerciante hasta el dueño de una empresa de camiones, incluso los profesores han denunciado acosos. "Al que no colabora, lo matan", asegura Ortiz.

Dice que cuenta con informantes entre las fuerzas de seguridad, incluso entre las bacrim (el término que usa el Estado para los grupos paramilitares). "Están de acuerdo con mis denuncias, pero no pueden dar la cara. Los de Inteligencia se ponen bravos: '¿Cómo es que sé más que ellos?', se preguntan".

Sus dardos también incluyen a las fuerzas del orden y a los políticos. "El poder y el dinero son como las drogas: mientras más se tiene, más se quiere, y estos corruptos y mentirosos ya lo que respiran es veneno". Con este titular abre el número de abril de La verdad del pueblo. El texto va junto a una foto de Óscar Aníbal Suárez, actual alcalde de Caucasia, y su antecesor en el cargo, José Nadín Arabia, al que Leiderman Ortiz considera su "enemigo número uno".

Hay una línea invisible que separa al Leiderman Ortiz periodista del detective, el fiscal, el protector de los ciudadanos. Él mismo atrapa a los sicarios que amedrentan a los empresarios locales: "Alguien tendrá que cumplir la ley". Una de sus capturas, un joven de 21 años con 29 homicidios, ha facilitado la detención de otros 25 delincuentes. Está pendiente de cobrar una recompensa de 30 millones de pesos (9.000 euros). "Nunca antes me habían dado plata por entregar a bandidos, pero en este caso la ofrecieron, creo que la merezco".

"Esto se hunde!". Todo lo que me ha contado Leiderman Ortiz en Caucasia se hace realidad al moverme entre El Bagre y Nechí. La presencia de bandas ilegales que controlan el territorio no se ve, pero se siente en cada rincón. Además de los Gaitanistas, hay otros grupos armados que han operado (u operan) en la zona: Los Paisas, Los Caparrapos, Los Triana, La Oficina...

"¡Esto se va a hundir, señor!", grita una mujer a mi lado, que carga con dos bebés. Vamos por el río Nechí en una chalupa de madera estrecha, cargada con más de 20 personas y fardos con equipaje. Detrás de mí hay un bidón de combustible tan grande como yo y un motor que hace un ruido horrible. Cada 10 metros, la embarcación amenaza con perderse entre estas aguas marrones.

Hay tormenta y la deforestación causada por la minería ilegal en los cauces amenaza con inundar las poblaciones. A lo largo del río hay dragas ilegales que recuerdan a la película Waterworld: plataformas sobre el agua donde los mineros buscan pepitas de oro. Saco la cámara y un chico me avisa: "Ten cuidado si no quieres que te pase nada".
Cuando llego a Zaragoza, empapado pero a salvo, tomo un autobús para Segovia, fuera de los límites del Bajo Cauca, en el nordeste de Antioquia. Es el lugar más contaminado de mercurio en Colombia por causa de la minería.Antes paramos en Machuca, una pequeña población, para ir al baño y picar algo. Dos días antes hubo un asalto a la comisaría local. Desde la cafetería donde ahora me tomo un tinto (un café) y unas arepas, varios hombres dispararon ráfagas y lanzaron granadas a las fuerzas del orden.

Entro en la comisaría, protegida por sacos de arena y alambradas, y hablo con dos policías: "No sabemos quién fue, dicen que el ELN". El Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla del país con unos 3.000 hombres, también se disputa los negocios ilegales en esta zona. En Segovia, más tarde, comprobaré cómo las AGC mantienen el control del territorio: hay pintadas con sus siglas a la vista de cualquiera, en los muros de las casas. Nadie se atreve a borrarlas. "La ausencia del Estado es total", me había advertido unos días antes Leiderman Ortiz.

"A partir de este momento declaramos objetivo militar a todo organizador de marchas, protestas y plantones", se lee en un panfleto que circula por Segovia con el dibujo de una pistola. Las AGC distribuyen amenazas de este tipo desde que se inició el proceso de paz con las FARC, en 2012. Mientras el presidente, último Nobel de la Paz, ha insistido en sus declaraciones en que ya no hay guerra en el país, los líderes sociales de las regiones sufren amenazas constantes.

El caso de Leiderman Ortiz no es el único. En abril la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la impunidad de los crímenes contra informadores en Colombia, donde han asesinado a 153 entre 1977 y 2015. Según datos de la SIP, en la actualidad hay 147 periodistas en Colombia con alguna medida de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Durante 2016, 47 denunciaron agresiones físicas durante su labor informativa.

"Ahorita en Caucasia están volviendo a matar gente cada semana", dice Leiderman Ortiz. Habla de una "limpieza social" orquestada por las mafias: "Atacan a ladroncitos y chirretes (drogadictos, vagabundos)". El hostal donde me quedo tiene cámaras de seguridad y rejas metálicas. La carretera que lleva a este municipio desde Medellín, la capital del departamento, está plagada de prostíbulos que despiertan por la noche con luces de discoteca y sus vallenatos atronadores.

Cerca del búnker de Leiderman se encuentra el centro de operaciones de los clanes paramilitares. En las islas de La Amargura y La Platanera, en Piamonte, está la oficina de los jefes mafiosos. Para llegar al caserío hay que atravesar el río Cauca en ferri. Sólo pueden subir quienes tengan permiso de las bandas ilegales. En esta zona, en Guarumo, existe una casa de pique (tortura) que sirve como entrenamiento para los sicarios.

La última vez que hablo con Leiderman Ortiz antes de escribir estas líneas me cuenta que está preocupado: hay un plan para acabar con su vida y el plazo se agota. Me dice que nunca pensó en irse de Caucasia pero por primera vez fantasea con un cambio drástico que le aleje de El búnker, de las amenazas, de los temblores, que le permita dormir. "Con el miedo uno puede, pero la soledad es dura. Mi familia no quiere saber nada de esto. Quizá sería buena idea irme del país. ¿España es tranquila?".
Fotos: Leidman Ortiz y José Fajardo
Fuente: Papel, Suplemento diario El Mundo

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