sábado, 21 de abril de 2018

Lombardi miente: En la TV Pública no están todas las voces y hay censura

Los trabajadores del canal público realizaron este sábado una nueva edición del Noticiero de los Trabajadores, contra el apagón informativo. Además, hacen publico lo que el canal censura: #LombardiMiente cuando habla de que en TVPublica se escuchan "todas las voces". Censuró una nota a diputados que pedían su interpelación en el Congreso. #LombardiMiente cuando dice que respeta el convenio de prensa a rajatabla. Su violación de los artículos 71 y 36 implica el recorte ilegal de un 50% de salarios de periodistas
Ver también: “En los medios públicos no hay un plan de ajuste, sino de austeridad”"Hernán Lombardi miente", sostienen los sindicatos de Televisión y Prensa

Las perspectivas con la "Ley Corta" de Telecomunicaciones son muy malas, dijo Martín Becerra

El Encuentro Patagónico por una Ley de Comunicación, Federal, Participativa y Democrática se realizó ayer en la Sala del Pensamiento de la Legislatura pampeana para abordar los alcances de la nueva “Ley Corta” de Telecomunicaciones, que es cuestionada por el movimiento cooperativo, principalmente, al considerarla una maniobra que amplía el beneficio de los privados, en detrimento de las entidades solidarias y de las pequeñas y medianas empresas.

De la actividad, participaron el vicegobernador Mariano Fernández, los diputados nacionales Sergio Ziliotto, Melina Delú y Ariel Rauschenberger (PJ), el ministro de Desarrollo Territorial, Martín Borthiry, legisladores provinciales, funcionarios y representantes de cooperativas pampeanas, preocupados por el avance de la iniciativa que se debe tratar en el Congreso de la Nación. Durante la jornada, además, expuso Martín Becerra, que será el encargado de analizar los efectos de la ordenanza.

La denominada “Ley Corta” de Telecomunicaciones fue reclamada por la española Telefónica y la mexicana Claro, dos compañías multinacionales que nunca invirtieron en fibra óptica, y esta iniciativa les permite justamente a las telefónicas dar televisión satelital, obligando a las proveedoras de servicios públicos a ofrecerles su infraestructura. Un negocio redondo, sin dudas.

El movimiento cooperativo pampeano y de otras provincias del país manifestó su preocupación por el artículo 2 del proyecto que justamente obliga a “los prestadores o concesionarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales” a “facilitar” a los licenciatarios “el acceso a la infraestructura pasiva de la que sean titulares, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos”.

Un especialista
"En un país donde el 25% de la población no tiene acceso, o es muy degradado, a los servicios de telecomunicaciones pagos, da para pensar que todas las recetas implementadas fracasaron en dar una real cobertura universal de comunicación", aseguró Martín Becerra, quien cerró la lista de distantes. "La ley corta (que impulsa el Gobierno Nacional) es de una asimetría inversa", advirtió.

"Pretenden que las dos grandes empresas de telecomunicaciones utilicen la infraestructura que tienen las cooperativas, sin incluirlas en el negocio", afirmó. Una consigna del Gobierno es ahora todos van a poder "hacer todo". "Es un planteo engañoso", alertó. "Si no se cambia las políticas implementadas, los prestadores chicos tienen cierto riesgo de desaparecer", expresó Becerra.

Becerra explicó que el encuentro se generó como “una reacción ante el proyecto de ley corta, que es preocupante porque autoriza a las empresas de telefonía a dar servicio de TV satelital” y además, “carga a los operadores cooperativos y pequeñas y medianas empresas con obligaciones que facilitan la confiscación de sus infraestructuras en beneficio de las telefónicas”.

Según el investigador independiente del Conicet, también la propuesta “cambia la reserva prioritaria de espectro a AR-SAT, con la idea de hacer una licitación próxima en beneficio de los principales conglomerados de telecomunicaciones del país, que en el país fueron beneficiados históricamente”.

Afirmó que en La Pampa “las cooperativas, las Pymes y el gobierno provincial tienen claro que si se aprueba la ley, las perspectivas van a ser muy malas porque a los efectos de la concentración de las comunicaciones ya lo vemos los argentinos, con malos servicios y caros en telefonía móvil, porque es un sector cartelizado con poca posibilidad para actores medianos y pequeños”.

Por otro lado, el licenciado y doctor en Ciencias de la Comunicación reclamó un debate real en el Congreso donde “se presenta una posibilidad de modificar” la propuesta de la Casa Rosada “como debería suceder”, aunque advirtió que hasta el momento la oposición legislativa “fue permisiva” con el gobierno, permitiendo beneficios para el Grupo Clarín, a través de diversos decreto.

¿Qué espacio queda para los medios alternativos, comunitarios, cooperativos?
Quedan muy pocos lugares de acceso al espectro, en términos de recursos esenciales para el funcionamiento de los medios, pero paradójicamente el alineamiento de los grandes medios nacionales al gobierno deja también vacante un lugar de presentación de información incomoda, la crítica y hay una función social que hoy es más necesaria que en otros momentos históricos, porque sin medios alternativos hay perspectivas que no aparecen en el espacio público.

La audiencia es la gran perjudicada en este escenario…
La sociedad, que es la titular del derecho a informarse y de poder dar su opinión con libertad, es la más afectada, pero esa es la política del gobierno nacional, el tema es cómo se puede poner coto u obstáculos para que haya oposición a los objetivos del gobierno y como preservar otra lógica a la concertación de los grandes grupos.

Documento final: Beneficia a los grandes pulpos del negocio comunicacional, pisotea el federalismo y las garantías de participación de la sociedad civil.
El documento final del encuentro patagónico para analizar la “ley corta” de Telecomunicaciones fustigó con dureza el proyecto macrista que, para garantizar el interés de los grandes pulpos del negocio comunicacional, pisotea el federalismo y las garantías de participación de la sociedad civil.

El documento final del Encuentro Patagónico por una ley de Comunicación Federal, Participativa y Democrática, salió al cruce del ataque a las cooperativas y a las pequeñas y medianas empresas que significa la llamada “Ley Corta” que tramó el macrismo.

Hay múltiples cuestionamientos al proyecto “intempestivo”, que además ataca el federalismo comunicacional, según coinciden especialistas. La normativa es en beneficio de los grandes pulpos del negocio de la comunicación, y reniega de aspectos legales que garantizan la participación de la sociedad civil. En ese sentido, se compadece con otras medidas e ideas del macrismo, que tienen a una concentración mayúscula en el área comunicacional.

El documento manifiesta la “profunda preocupación por el intempestivo” proyecto de "Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencias TICS", también conocido como "Ley Corta".

“De ser aprobada tal como fuera presentada recientemente en el Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional, limitaría la participación igualitaria de las pymes y cooperativas en el sector de las comunicaciones, al habilitar el ingreso de las empresas internacionales de telecomunicaciones a dar televisión satelital en todo el país, sin considerar las asimetrías poblacionales”, advierte el posicionamiento.

Remarca que “a su vez, dificultaría el despliegue de una comunicación federal, al condicionar el desarrollo económico, social y cultural de las pequeñas y medianas empresas del interior del país, al obligarlas a competir de manera inequitativa con empresas internacionales o nacionales asociadas con capitales extranjeros”.

El documento salido del Encuentro Patagónico reseña que las pymes y cooperativas lograron desarrollar el servicio de las comunicaciones (y otros servicios públicos) en lugares con escasa densidad poblacional, con distancias importantes y con una pequeña cantidad de usuarios si se compara con las grandes concentración poblaciones de algunas ciudades y provincias del país que conforman importantes mercados.

“Sin embargo, los estados, las pymes y cooperativas extendieron las redes en cada rincón del país, acercando la tecnología y las comunicaciones al interior profundo de la Argentina. De hecho, en la actualidad hay más de 600 comunidades donde las cooperativas ofrecen servicios públicos, entre ellos el de las comunicaciones”, insiste.

“Por eso existe una marcada preocupación por un tardío proyecto de ley, parcial e inconcluso, que no cumple con los criterios generales respecto a una norma que debería atender la compleja trama de las comunicaciones en la actualidad”, indica.
“Este proyecto prefigura un complejo escenario donde deberán desarrollarse las pymes y cooperativas del interior del país. Tal preocupación se profundiza al manifestar el proyecto de la Ley Corta, el uso de la infraestructura de las pymes, cooperativas y el Estado por parte de las grandes empresas extranjeras o locales asociadas”, denuncian los participantes.

Por otra parte, se propone que se adopte como política de Estado y se exprese en la Ley que regule las comunicaciones, el Decreto 1340, del año 2016, que protege a las poblaciones de menos de 80 mil habitantes del ingreso de las grandes empresas vinculadas a las comunicaciones.

También se expresa preocupación en cuanto a la derogación del carácter preferencial de las Bandas de Frecuencia a AR-SAT. “La modificación propuesta por la Ley Corta contraría los criterios federales y de participación amplia de la sociedad civil”, asevera el documento.

“Cualquier norma debería orientarse para asignar paquete de Bandas de Frecuencia a empresas mixtas provinciales integradas por gobiernos provinciales y cooperativas”, señala.

“Sentimos el compromiso y la responsabilidad de proteger las economías regionales, y de preservar las dinámicas culturales y sociales que garantizan las pymes y las cooperativas en el interior del país”, agrega.

También manifiesta la “necesidad de confluir” en un proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes que “garantice el acceso universal a toda la población a una comunicación de calidad, que fortalezca las políticas federales del país, y que se asiente sobre los actores históricos y fundamentales como son las pymes, las cooperativas, y los Estados Provinciales y Municipales”.

Ziliotto: “Poner en marcha una empresa provincial de Telecomunicaciones, implicaría defender nuestra soberanía”.
El diputado nacional, Sergio Ziliottto, consideró que se está realizando un debate trascendental, ya que se define la política de Estado de los próximos 15 o 20 años en el ámbito de las comunicaciones, “y por eso debemos buscar la mejor conjunción posible entre las políticas de Estado y la participación del mercado. Que esta conjunción nos permita a todos los argentinos tener acceso a todos los servicios de comunicaciones, de calidad, pero sobre todo con precios justos. No es cierto que con esta ley los capitales extranjeros van a venir a invertir. Si la Ley de Telecomunicaciones propuesta por el Gobierno Nacional saliera tal como está, van a venir a llevarse la plata. Luego, si el negocio siguiera siendo rentable, recién ahí van a invertir para agrandar su negocio”, manifestó.

Haciendo foco en nuestra provincia, informó que la ley propuesta por Nación pretende el uso de la fibra óptica realizada por el Gobierno Provincial, “que se concretó con esfuerzo de todos los pampeanos; quieren regular su uso y su precio según las definiciones del mercado. Sabemos lo que significa el posicionamiento de las grandes empresas frente a una pyme o una cooperativa. Estamos en desigualdad de condiciones. También quieren utilizar la fibra óptica de muchas cooperativas, que con mucho esfuerzo han logrado ir ampliando su infraestructura; éste es uno de los puntos graves de esta ley”, consideró.

Continuando con el repaso por la Ley, el legislador sostuvo que avanza contra la función social del Estado, “cuyo desempeño fue aprobado en una ley aprobada por unanimidad en 2015. Esta función social del Estado ocupa un rol de regulador, es este rol el que permite poner un freno a las ganancias de la inversión privada y le agrega costos. Esto establecía un respeto al federalismo el cual abraza nuestro sistema a partir de la Constitución Nacional”.

Finalmente calificó la ley como “perjudicial” y por ello se trabaja en su modificación “es una propuesta que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, donde se incorpora nuevos prestadores de servicios. Nosotros planteamos -entre otras cosas- que los gobiernos provinciales, cooperativas o pymes sigan ostentando la decisión de compartir su estructura o no. De este modo se obliga a los grandes prestadores de servicios de telecomunicaciones a prestar su infraestructura. Creo también que esta es una de las mayores oportunidades que tenemos para diversificar la matriz económica de La Pampa. Si nosotros podemos poner en marcha un empresa provincial de Telecomunicaciones estaríamos defendiendo nuestra soberanía, dándole valor agregado pampeano y creando una gran fuerte de trabajo, ofreciendo un servicio a toda la provincia y a un precio justo”, manifestó.

Borthiry
Uno de los funcionarios provinciales que estuvo en la jornada fue el ministro de Desarrollo Territorial de La Pampa, Martín Borthiry, quien afirmó que el tratamiento de la nueva ley de Telecomunicaciones del gobierno nacional es “perverso, arrogante y en beneficio de las grandes empresas que todos conocemos” y destacó que “debemos trabajar para frenar el avasallamiento del gobierno Nacional”.

Agregó que “el sentido filosófico del gobierno nacional va de la mano de las grandes empresas, pero nosotros en la provincia no tenemos nada que ver con este tipo de filosofía, creemos que tenemos que definir un acuerdo estratégico entre nuestro gobierno y las cooperativas”.

“Promover ley justa”
El vicegobernador Mariano Fernández dijo que la Ley Audiovisual sancionada en 2015 por unanimidad, “fue modificada ilegalmente por Decreto presidencial para beneficiar a los grandes grupos económicos, que tienen como insignia a medios de comunicación que bastardean la función del periodismo y transmiten la voz oficial sin tener en cuenta la función crítica del periodismo sobre las acciones de los gobiernos”.

Fernández planteó la necesidad de “promover una ley justa y representativa que favorezca una comunicación federal, que contemple el funcionamiento de los pequeños y medianos medios de comunicación, cooperativas y radios municipales”. La denominada “Ley Corta”, siguió el vicegobernador, “es un avance sobre la infraestructura y soberanía de las provincias, cooperativas y municipios, quienes deberán poner a disposición de las grandes empresas privadas la infraestructura realizada con los aportes de los habitantes de cada pueblo, para que la usufructúe una empresa privada internacional, ajena a nuestra idiosincrasia y necesidades”.

Sin diputados de Cambiemos

Los diputados opositores de Cambiemos, el frente conformado por el macrismo, el radicalismo y el socialismo en la Legislatura, no se interesaron por la exposición del especialista Martín Becerra sobre la “Ley Corta” -que perjudica a las cooperativas de la provincia, además de los pequeños y medianos operadores-, por lo que directamente no asistieron al encuentro, que se llevó a cabo a pocos metros de su oficina en la Sala del Pensamiento.
Fuentes: La Arena, El diario de La Pampa, Infopico

jueves, 19 de abril de 2018

La película ‘Rosario, una historia de amor y fútbol’, da sus primeros pasos en Barcelona

La productora 3Lemon junto a Mediapro han puesto en marcha la preparación de “Rosario, una historia de amor y fútbol”, una película que cuenta la vida de dos familias una leprosa, otra canalla a las que el destino coloca en un escenario de amor, entrenamientos, triunfos, viajes y derrotas
Jorge Valdano, Gustavo Leone y Bernat Elías
Gustavo Leone, secretario de gobierno, de Rosario, estuvo en Barcelona, donde logró importantes apoyos, entre otros la productora Mediapro, que participará en la producción. Además, Leone se ha entrevistado con miembros relevantes de la vida deportiva, cultural y política de Barcelona para cimentar el proyecto. El inicio de rodaje tendrá lugar en Rosario entre los días 10 y 14 de mayo.

Mediapro es una compañía ligada al fútbol, pero ahora también en el terreno de la ficción. El grupo de Jaume Roures y Txato Benet ha terminado de grabar la serie ‘El fútbol no es así’ y ahora ha entrado en la película ‘Rosario, una historia de amor y fútbol’, producida por 3Lemon, productora italo-española-argentina especializada en city branding y en desarrollo de nuevos formatos de contenido transmedia.

Bernat Elías, productor de Mediapro con experiencia en el largometraje después de haber trabajado en ‘Vicky Cristina Barcelona’ de Woody Allen o en la reciente ‘Sergio & Serguéi’ de Eduardo Daranas, tomará las riendas de ‘Rosario, una historia de amor y fútbol’, ahora en fase de preproducción y buscando localizaciones iniciales en Barcelona.

El filme, con referencias a las clásicas comedias románticas norteamericanas, narra la historia de amor entre Paola y Martín, canalla una, leproso otro. Las dos hinchadas de los equipos de la ciudad de Rosario, Central y Newell’s, se ven encarnadas en dos familias a las que el destino coloca en un escenario de amor, entrenamientos, triunfos, viajes y derrotas.

¿Por qué Barcelona y Rosario?...
Ambas ciudades son referencia mundial para el mundo del futbol. Barcelona es una ciudad con una proyección mundial en el ámbito turístico, cultural y deportivo. Cuenta con el, para muchos, mejor equipo de fútbol del mundo.

La ciudad de Rosario es cuna de estrellas del balón como Messi, Di María, Mascherano, Valdano, Marcelo Bielsa, Menotti, Sampaoli, Batistuta. Ambas ciudades, cada fin de semana, son escenario de la pasión por el fútbol, ese nexo de unión que llevará a los personajes de esta comedia a habitar las calles de estas dos ciudades en las que su relación provocará lágrimas, risas e históricos goles.

Además, Rosario es una ciudad con un alto fanatismo y locura desmedida por el fútbol, algo que describió con maestría el “Negro” Fontanarrosa. Valdano acaba de dar su apoyo público a la película.

Red Bull Media House y Beta Film también trabajan en una serie en torno al mundo del fútbol, a la vez que Netflix ha anunciado que está desarrollando otra serie con el creador de ‘Downton Abbey’, Julian Fellowes, sobre el deporte rey.
Fuentes: 3Lemon y Audiovisual 451

Ahora dicen que El Litoral compra El Diario de Paraná

Caputto se quedaría con las acciones de Nieto
Por: Guillermo Acosta
Estaría cerrada la venta de la mayoría accionaria de El Diario, hasta el momento en manos del empresario televisivo Ramiro Nieto, cara visible de la Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) que administra el tradicional diario de Paraná. Pasaría a dominios del empresario dueño de El Litoral de Santa Fe.

Nieto y un acuerdo que estaría cerrado
Nieto, según fuentes cercanas a la negociación consultadas por El Entre Ríos, está definitivamente a un paso de desprenderse del alrededor del 60 por ciento de las acciones que había adquirido de la mano de Sergio Urribarri y Pedro Báez, gobernador y ministro, entonces, gracias a sus buenas relaciones forjadas en tiempos del “Fútbol para Todos”. El traspaso formal se concretaría en breve.

De hecho, hace 3 semanas la edición impresa del matutino de la capital entrerriana se está imprimiendo en “El Litoral” de Santa Fe (NdE: imprenta que comparte con el Grupo Clarín). El empresario Nahuel Caputto es señalado, según la misma fuente, como el hombre que se quedaría con la mayoría accionaria de El Diario, mientras que una porción minoritaria seguirá en poder de la familia Etchevehere.

Formalmente, mañana habrá un encuentro clave en la negociación que está a punto de cerrarse con el traspaso. Los trabajadores de El Diario fueron convocados, hace 3 días, a una reunión en la que estará presente un integrante de la familia Caputto.

“Estamos interesados, estamos evaluando alguna transacción con El Diario y queremos saber cuál es su visión”, fue la explicación que recibieron los empleados del diario paranaense de parte de una abogada de El Litoral que los convocó.

Actualmente, asciende a unos 12 millones de pesos la deuda que SAER mantiene con los trabajadores en concepto de sueldos. No fueron pagados aún el 70% del haber de octubre de 2017; el 100% del correspondiente a noviembre último; el medio aguinaldo de diciembre; el 60% de enero, y la totalidad de los sueldos de febrero y marzo.

Sobre Caputto
Nahuel Caputto es integrante de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) que comparte con periodistas y empresarios tales como Héctor Aranda (Clarín), Luis Saguier (La Nación), Jorge Fontevecchia (Perfil), Daniel Hadad (Infobae), Agustín Vila (América), Nahuel Caputto (El Litoral y ADIRA) y Carlos de Elía (TN).

Preside, además, la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) que es la cámara que representa a casi la totalidad de los diarios del interior del país. Entre sus más recientes definiciones, en una entrevista de octubre pasado dijo al ser consultado por la distribución de la pauta oficial: “Creemos que el Estado Nacional debería priorizar a los medios que generan contenidos frente a los que son meros difusores. No es lo mismo la lógica de un privado para quien, a lo mejor, Facebook le parece más eficiente que un diario a la hora de pautar, que para el Estado, que debería valorizar claramente a quien genera el contenido y no solamente a quien lo difunde”.
Fuente: El Entre Ríos

¡¡Hola Netflix! El gobierno de Santa Fe estudia impuesto a los servicios audiovisuales por Internet

El gobierno de la provincia de Santa Fe evalúa cobrar el impuesto a los Ingresos Brutos a la plataforma digital Netflix. El secretario de Finanzas de la provincia, Pablo Andrés Olivares, manifestó que se busca la manera de “minimizar el impacto sobre el consumidor final”
Todo surge de la reforma tributaria que el Congreso votó a fines de 2017, la cual faculta a la AFIP a cobrar IVA a las plataformas de “servicios digitales”. Según la ley, pagarán el impuesto a las compras los servicios “prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país”.

Entre los servicios digitales contemplados que se enumeran en la reforma tributaria, se destaca "el acceso y/o la descarga a imágenes, texto, información, video, música, juegos -incluyendo los juegos de azar-".

“Nosotros tenemos como definición percibir un tributo de parte del productor del servicio, o de quien lo presta y no cobrar al consumidor que utiliza ese producto. Esa puede ser una estrategia de la empresa. Y eso es lo que tratamos de evitar, buscamos que los costos no se trasladen al usuario“, sostuvo el funcionario provincial en entrevista con el programa El Club de la Tarde, que emite Aire de Santa Fe.

Olivares aseguró que desde el gobierno que encabeza Miguel Lifschitz están “muy atentos para ver cómo lo aplicará el impuesto la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Esa será la primera señal. Porque puede suceder que el impuesto grave a las prestadoras y termine gravando también a los usuarios”.

“Hay que analizar la forma de cómo complementar la administración tributaria para evitar que se dé esa traslación”, agregó.

También aclaró que si bien Netflix es el nombre más resonante de la lista, no es la única empresa extranjera proveedora de servicios digitales que estará alcanzada por la normativa: también Spotify, HBO Go, Fox, Apple TV Amazon, Booking y Airbnb, entre muchas otras, serán afectados por las modificaciones tributarias, tanto a nivel nacional como provincial.

Antecedentes: Córdoba, la primera provincia en cobrar Ingresos Brutos a Netflix y Spotify
El 12 de abril se anunció que desde mayo, las plataformas de contenido y servicios digitales como Netflix y Spotify y las apuestas virtuales empezarán a pagar Ingresos Brutos en la provincia de Córdoba. La alícuota será de 2% y empezará a aplicarse después de dos prórrogas para que coincida con el cobro del IVA por parte de la AFIP. Allí, sí pagarán los usuarios: los consumidores recibirán en su resumen de tarjeta o banco desagregadas estas cargas que son iguales a las que pagan prestadoras similares, como la televisión por cable.

Herber Farfán, secretario de Ingresos Públicos cordobés, había explicado que se trabajó junto a la AFIP para consensuar un “criterio práctico y único”. Alrededor de 40 son los servicios alcanzados por estos impuestos, muchos no tan populares como Netflix.
Fuente: Aire de Santa Fe

Ver también: ¡Hola Netflix! Santa Fe aplicará un impuesto a los servicios audiovisuales por Internet

¡Salvemos LT3!

Las trabajadoras y los trabajadores de LT3, AM680 -la primera emisora del interior del país-, continúan en estado de alerta y movilización ante los constantes incumplimientos laborales de parte de la empresa Rosario Difusión S.A.:
  • No abonó, al día de la fecha, el salario del mes de marzo. Los pagos se reciben en cuotas, sin previsibilidad, a destiempo y de manera irregular
  • No realizan aportes patronales, de obra social y a la seguridad social
  • No dan respuestas concretas sobre la continuidad de la empresa
  • La programación de la emisora se sostiene sólo y únicamente por la voluntad de sus trabajadores que cumplen con sus tareas sin cobrar el sueldo.
Intersindical de Medios de Comunicación

miércoles, 18 de abril de 2018

Periodista denuncia acción policial y la justicia archiva la causa

Cintia Alcaraz, periodista de Radio Kermés, fue arrestada y demorada durante unas tres horas por la policía luego de que intentara registrar con su teléfono celular un operativo de la fuerza de seguridad. Denunció esa acción policial, ahora el Poder Judicial de La Pampa dice que si no se reforma el Código Procesal, la víctima está impedida de continuar un proceso sin aval de la Fiscalía

El Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso de casación presentado por la querellante particular Cintia Alcaraz y, de esa manera, confirmó el fallo del Tribunal de Impugnación Penal que había dispuesto el archivo de la denuncia presentada por ella contra la Policía que la detuvo durante un procedimiento en la vía pública en abril de 2016.

Alcaraz, dirigente social y comunicadora, fue detenida en la vía pública cuando intercedió y fotografió un episodio en el que efectivos policiales requisaban a dos jóvenes mujeres, que iban con sus hijos de 9 meses y 3 años. El caso llegó a debatirse en la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso Nacional. La Policía a cargo del ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno había quedado en el centro de la escena a raíz de varios abusos y atropellos.

La causa judicial con la intervención del STJ, se prestó para un debate respecto del papel del Ministerio Público y el rol de las querellas. En síntesis, el máximo organismo judicial consideró que el Código Procesal Penal “no le brinda (a la víctima) ninguna herramienta concreta para continuar autónomamente con la acusación privada”.

“Mientras no se reforme la ley procesal y se contemplen institutos como la acusación privada por conversión de la acción penal pública, la víctima se encuentra impedida de continuar en el proceso cuando no cuenta con el aval persecutorio del fiscal”, aseveró el Poder Judicial.

El recurso
El recurso en nombre de Alcaraz había sido presentado por el defensor oficial Pablo De Biasi y estaba centrado en la constitucionalidad o no del artículo 265, última parte, del Código Procesal Penal de La Pampa que dice lo siguiente: “La investigación fiscal preparatoria podrá iniciarse por denuncia, por decisión del Ministerio Público Fiscal, o por prevención o información policial. Si el hecho imputado manifiestamente no constituye delito, el Ministerio Público Fiscal archivará las actuaciones. De ello se dará vista al querellante o a la víctima, aún cuando no hubiese adquirido aquella calidad y pudiere ser localizada. En caso de oposición de estos últimos al archivo, se remitirán las actuaciones al juez de control, a fin de resolver la incidencia. En el supuesto que éste no estuviese de acuerdo con el archivo, otro fiscal proseguirá con la investigación”.

El Tribunal de Impugnación Penal en octubre pasado, había hecho lugar a un recurso de impugnación formulado por el fiscal general Máximo Paulucci, declaró la inconstitucionalidad del último párrafo del citado artículo y confirmó el archivo de las actuaciones que había ordenado el Ministerio Público Fiscal. Ahora, la Sala B del STJ, conformada los ministros Fabricio Losi y Hugo Díaz, ratificó en un todo ese pronunciamiento.
Alcaraz se había agraviado porque el MPF archivó las actuaciones de lo que ella consideró “un hecho de violencia institucional contra la mujer”, al que calificó de arbitrario. Sostuvo que el órgano investigador “debió agotar las instancias necesarias para arribar a un juicio justo en el marco de lo consagrado en la ley 26.485” de Protección Integral de la Mujer. Por eso había requerido que se dejara sin efecto el fallo del TIP.

Los fundamentos
El STJ expresó que el planteo implicó resolver, “una vez más, la tensión dentro del proceso acusatorio adversarial entre las competencias del juez, en tanto director del proceso, y las del fiscal, como director de la investigación fiscal y titular de la acción penal pública”.

En ese sentido recordó que la Corte Suprema, en la causa Quiroga, “puso límites claros a la actuación jurisdiccional, declarando la inconstitucionalidad del art. 348 del Código Procesal Penal de la Nación que permitía el avance, indebido, de los jueces sobre facultades propias del Ministerio Público Fiscal”. Ese precedente fue utilizado por Impugnación para fundar su decisión.

“Sin perjuicio de lo decidido en aquella oportunidad, conviene reiterar que el Ministerio Público en La Pampa no tiene la naturaleza jurídica de órgano extra poder independiente que sí le otorga la Constitución Nacional, en su artículo 120, al Ministerio Público de la Nación”, señalaron Losi y Díaz.

“En lo referido estrictamente al proceso penal, el órgano público de la acusación –sea fiscal general, fiscal o fiscal adjunto- goza de absoluta autonomía funcional, tanto para fijar criterios generales de persecución general como formas de actuación particular en cada caso concreto –añadieron–. Así pues, la desestimación por inexistencia de delito, el archivo por falta de elementos probatorios que habiliten un pedido de formalización o acusación, y el sobreseimiento por algunas de las causales del artículo 290 del C.P.P., son todas instancias en las cuales el fiscal se abstiene de continuar con su actividad requirente y en las cuales el juez se encuentra impedido de dictar una resolución en contrario, más allá de que pueda dejar a salvo su criterio”.

Más adelante, los ministros manifestaron que “el Código Procesal Penal tiene siempre en cuenta la opinión de la víctima, se encuentre o no constituida como querellante particular, pero no le brinda ninguna herramienta concreta para continuar autónomamente con la acusación privada (…) Entonces, se convierte en una discusión bizantina decir que el juez solo puede resolver –y hacer lugar– a la oposición del querellante particular (o víctima no constituida), pero no ordenar que la decisión del fiscal sea revisada por otro fiscal, dado que sería una decisión jurisdiccional meramente declarativa, sin ningún efecto procesal (…) En tanto la propia Procuración General de la Provincia contempla un sistema de revisión interna de la determinación del fiscal, estaría salvaguardada la oposición de la víctima, sin necesidad de aplicación de la última parte del artículo 265, manifiestamente inconstitucional en los términos en los cuales se encuentra redactado”.

Por eso concluyeron que “mientras no se reforme la ley procesal y se contemplen institutos como la acusación privada por conversión de la acción penal pública, la víctima se encuentra impedida de continuar en el proceso cuando no cuenta con el aval persecutorio del fiscal. En los casos de las decisiones de desestimación y archivo, las consecuencias son menos gravosas, dado que no causan estado y siempre le será posible al querellante particular encontrar nuevos elementos probatorios, o nuevos argumentos, para torcer la voluntad abstencionista del fiscal. En la hipótesis del sobreseimiento la decisión será irreversible, en tanto no existen habilitaciones procesales que permitan la continuidad con la actividad requirente de la acusación privada. En el caso de la oposición al sobreseimiento solicitado por el propio fiscal –artículo 288 C.P.P.–- el anteúltimo párrafo del artículo 289 parecería brindar una solución que también se emparenta, en cuanto a su invalidez constitucional, con el artículo 265 in fine”.
Fuente: El Diario La Pampa

Ver también: Santa Rosa: detuvieron a una periodista que intentó registar un operativo policial

Exigen informes a Hernán Lombardi por la crisis en los medios públicos

Se trata de una iniciativa del diputado Hugo Yasky referida a la situación laboral de los trabajadores de la TV Pública, la agencia TelAm y Radio Nacional
En el seno de la Comisión de Comunicaciones e Informática que preside el cordobés Juan Brügge, obtuvo dictamen un proyecto que apunta a la “crisis” que atraviesan los medios públicos.

Se trata de un pedido de informes al titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, sobre el supuesto “ajuste” en esa área, presentado por el diputado nacional y secretario general de la CTA Hugo Yasky (Frente para la Victoria-PJ) presentó un pedido de informes

El legislador solicita a Lombardi que explique “los motivos de la reducción de personal en las señales Encuentro, Paka Paka y Depor-TV, por lo que han quedado limitadas a su mínima expresión”.

También pide conocer “las razones por las cuales en la TV Pública la programación se sostiene con programas ‘enlatados’ o realizados por productoras privadas -violando la ley 26.522, en cuanto al piso mínimo de producción propia-, con la sola excepción de los noticieros que también fueron reducidos notablemente”.

Según Yasky, los noticieros “pasaron de treinta horas semanales a sólo catorce, restringiendo la totalidad de las emisiones y las coberturas los días sábados y domingos”.

El legislador kirchnerista también requirió respuestas sobre “la pérdida de puestos de trabajo a través de un programa de jubilación anticipada mediante el cual se redujo en los últimos tres meses el 10% de la planta del noticiero”.

Otro de los puntos del pedido de informes tiene que ver con “los fundamentos por los que en el canal público se ha operado en la práctica una reducción de la jornada laboral acordada por convenio colectivo de trabajo de empresa y violación del convenio colectivo de trabajo de la actividad (124/75), produciendo una pérdida del 50% del salario real”.

“Asimismo, y dado que se encuentra vencida la paritaria desde septiembre de 2017, pedimos que informe las razones por las que aún no existe propuesta salarial alguna por parte del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos”, agrega el proyecto.

A su vez, Yasky quiere que Lombardi “detalle los motivos por los que en Radio Nacional se han producido despidos arbitrarios de periodistas en todo el país y el recorte total de horas extras, afectando gravemente la operatividad de las emisoras diseminadas por todo el territorio y que en muchos casos se ven reducidas a funcionar como meras repetidoras de Radio Nacional Buenos Aires (LR1)”.

El proyecto pide informes además sobre “los criterios y razones por los que en la agencia de noticias TelAm se comenzó a ejecutar un amplio programa de reducción drástica de la cantidad de trabajadores y trabajadoras por la vía de ‘jubilaciones y retiros anticipados’”.

Por último, el diputado solicita que el funcionario en cuestión “explique por qué en todos los medios integrantes del Sistema se llevan a cabo acciones de persecución sindical”.
Fuente: Parlamentario.com

Ver también: “En los medios públicos no hay un plan de ajuste, sino de austeridad”"Hernán Lombardi miente", sostienen los sindicatos de Televisión y Prensa

Continúa la persecución a la comunicación popular

Tras las detenciones a comunicadorxs que registraban la represión en la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, los fiscales federales afinan la puntería contra la comunicación popular
Desde CORREPI y la Red Nacional de Medios Alternativos repudiamos la medida judicial del fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes, quien junto a Raúl Omar Pleé, fiscal de la Cámara de Casación Penal, pretenden revertir la decisión tomada en diciembre por la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal, la que revocó los procesamientos por intimidación pública y dictó el sobreseimiento de los comunicadores detenidos en la marcha del 1 de septiembre, al cumplirse un mes de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.

Con la apelación al sobreseimiento de los de cuatro trabajadores de prensa, además de desconocer su actividad en la movilización, el fiscal Moldes avanza pidiendo que se haga una reforma de las leyes para impedir la excarcelación de aquellas personas que son detenidas en el marco de movilizaciones. En la próxima audiencia el fiscal deberá fundamentar este pedido en la Cámara de Casación Penal. De la misma manera, tendremos que seguir demostrando que los comunicadores estaban realizando tareas de prensa al momento de las detenciones.

De esta manera, Moldes favorece el clima represivo y utiliza esta causa como herramienta legal para criminalizar la protesta. No hay pruebas ni argumentos nuevos, es tan sólo un discurso fascista y un pedido claro al Ejecutivo Nacional para endurecer las leyes. El fiscal Moldes ignoró lo señalado por los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun en el fallo en el que dictan el sobreseimiento y en el que hacen un fuerte llamado de atención a Martínez Di Giorgi. Los camaristas retaron al juez por intentar suplir las pruebas necesarias para un procesamiento “con construcciones dogmáticas carentes de respaldo indiciario”.

Está claro que en el Estado argentino no existe la división de poderes. El presidente Mauricio Macri dirige una orquesta de ajuste que se avala en el Congreso con leyes a medida y que suena al ritmo de los bastones y las balas de las fuerzas de (in)seguridad. Pero como la violencia estatal no sometió al pueblo, tuvieron que sacar a jugar al Poder Judicial y en dos semanas detuvieron y judicializaron, en el país, a 254 personas por manifestarse.

Si trazamos una línea de tiempo de las acciones en materia represiva de los gobiernos del macrismo, podemos ver cómo actuaron, comenzando con los asesinatos durante la represión a la toma del Parque Indoamericano hacia sectores pobres de inmigrantes, el violento desalojo de la Sala Alberdi (donde dos periodistas de la RNMA fueron heridos con balas de plomo) por parte de la Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad) y la represión en el Hospital Borda; la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado por la Gendarmería Nacional; el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura Naval Argentina en un desalojo a fines de noviembre en la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu; el asesinato por la espalda del joven en La Boca, ejecutado por el policía local Luis Chocobar, que luego fue defendido y recibido públicamente con honores en la Casa Rosada por el presidente; ahora, continúa con los casos de pibes asesinados por el gatillo fácil policial, como sucedió en Tucumán o Lomas de Zamora. En todos los casos, las víctimas fueron jovenes y pobres, lo cual deja abierta la incertidumbre por la posible instalación oficial de la metodología (“Doctrina Chocobar”) de balear por la espalda al pueblo trabajador, principalmente a quienes luchan y se manifiestan en las calles, lo cuál supone un gobierno que instala constantemente un estado de excepción donde se suspenden las libertades y derechos humanos.

Manifestaciones populares, y trabajadores de prensa en contexto de represión a dichas manifestaciones no escapan a esta lógica, es por esto que al ritmo de la protesta social, sufrimos las mismas consecuencias por parte del Estado: represión, detención y encarcelamiento, y luego criminalización y persecusión judicial. Pero los poderes del Estado no están solos. Los medios tradicionales hegemónicos construyen enemigos internos para legitimar la avanzada represiva y cuentan también con una "oposición" en decadencia por la asfixia de la pauta.

Sin embargo, la clásica fórmula de un Ejecutivo tirano, más un Congreso obediente, más jueces aliados, más los discursos de los medios comerciales tradicionales, ya no da como resultado la sumisión del pueblo. Los tiempos cambiaron: las herramientas comunicacionales son accesibles para todas las personas y los medios comunitarios, alternativos y populares, nacidos al calor del 19 y 20 de diciembre 2001, continúan de pie y avanzando. Las denuncias individuales, tejiendo redes con éstos actores de la comunicación, pueden llegar a socavar la versión oficial de los hechos y el cerco des-informativo de sus aliados como Clarín y otros. Son una amenaza latente.

En ese sentido, Moldes refuerza con esta decisión la campaña criminalizadora para avanzar con la escalada represiva, justificar el accionar de las fuerzas y perseguir opositores. Tal es así que el secretario de seguridad de CABA, Marcelo D'Alessandro, dijo en declaraciones radiales que “hubo un plan de sedición para desestabilizar al Gobierno y atentar contra la democracia”.

Párrafo aparte merece el fiscal de Casación Raúl Omar Pleé (sindicado en medios por estar alineado en el mundo judicial al gobierno de Macri), quién en un escrito de escuetas 6 páginas da lugar a la apelación de Moldes sobre los 4 comunicadores sobreseídos, repitiendo argumentos antiguos ya demostrados como falsos (fraguado de causas por parte de la Policía de la Ciudad) y confundiendo antojadizamente a los compañeros sobreseídos por otros detenidos, lo cuál demuestra un gran desconocimiento del proceso y de los cuerpos que componen la causa.
Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)
Argentina, abril de 2018



Adhieren:
Medios y Comunicación
SiPreBA – Red Enfoques de Medios Comunitarios y Populares de la Patagonia- Radio Autónoma Piuké (Bariloche, Rio Negro) - FM Los Coihues (Bariloche, Rio Negro) - Al Margen Comunicación Popular (Bariloche, Rio Negro) - Radio Fogón (El Hoyo, Chubut) - Radio Petú Mogeleiñ (El Maitén, Chubut) - Radio Libre (Puerto Madryn, Chubut) - Radio Sudaca (Trelew, Chubut) - Radio Pocahullo (San Martin de Los Andes, Neuquén) – Radio Encuentro (Viedma, Río Negro) - FM Alas (El Bolson, Rio Negro) – Fotografia a pedal – Colectivo Hombre Nuevo – Periodico El Roble – Silbando Bembas – Matanza Viva – Resumen Latinoamericano contrainformación – La Revancha, programa de FM La Tribu - El Zumbido (Neuquén) - FM La Colmena (Plaza Huincul) - Radio Popular Che Guevara FM 100.3 (Rosario) - Radio La Tusca 96.5 (Chepes) - Radio Cooperativa Voces 87.7 (La Rioja) - Agencia Periodística Timbó (Formosa) - Radio La Negra (El Bolsón) - Prensa del Pueblo (El Bolsón) – El Pueblo TV (El Bolsón) - Radio La Bulla (San Luis) - Radio FM Agustín Tosco (Córdoba) - Radio Roja 90.1 (Casa Grande, Córdoba) - Mucho Palo Noticias – Espacio de Comunicación Antirrepresivo (Córdoba) - Radio Zumba la Turba FM 99.5 (Córdoba) - CTP Construcción Tecnológica Popular (Córdoba) - Radio La Charlatana FM 98.5 (Berisso) - Otro Viento Colectivo Cultural (La Plata) - Radio Radionauta FM106.3 (La Plata) - Radio FM Che Barracas 99.7 (Bs. As.) - Radio Zona Libre (Lomas del Mirador) - Radio FM La Barriada (Florencio Varela) - Radio La Caterva (Bs As) - Radio Semilla FM 106.5 (Bs. As.) - Radio La Colectiva FM 102.5 (Bs. As.) - Radio La Retaguardia (Bs. As.) - Programa Radial "Otras Voces, otras propuestas" (Bs . As.) - Programa Radial "Los Locos de Buenos Aires" (Bs. As.) - Pañuelos en Rebeldía- DTL! Colectivo de Comunicación (Bs. As.) - CPR - Centro de Producciones Radiofónicas - Antena Negra TV (Bs. As.) - Agencia para la Libertad - Agencia de Noticias Redacción - ANRed - Red Eco Alternativo - Radio FM Estación Sur 103.9 (San Fernando del Valle de Catamarca) - Radio El Algarrobo 105.3 (Andalgalá) - Radio Pueblo FM 90.1 (Alto Comedero, San Salvador de Jujuy) - La Rastrojera TV Comunitaria (Misiones) - Kaosenlared América Latina (España) - El Turbion (Colombia) - Indymedia Ecuador - Avispa Midia (Brasil) - Radio Kurruf (Chile) - Laboratorio Popular de Medios Libres (México) - Noticias de Abajo (México) - Radio Humedales (Chile) - La Tinta (Córdoba, Argentina) - Wanbra.ec (Ecuador) - Colombia Informa (Colombia) - EcuadorToday (Ecuador) - Radio Zapote (México)

Organismos de Derechos Humanos
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos - CADHU – APEL – Liberpueblo – CeProdh - Familiares y Amigos de Luciano Arruga - CADH – Hijos Zona Oeste– CadeP – CAPOMA DDHH – CMM - Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH)

Organizaciones Sociales y Políticas
MST en Izquierda al Frente – PO – PRT – PTS – Venceremos, Partido de Trabajadorxs – Poder Popular Corriente de Izquierda -Acción Socialista Libertaria - FOB - PRML – CUBa MTR - MIDO – Convergencia Socialista La verdad – MTR 12 de Abril – PCT – FAS (Convergencia socialista de Combate – Frente de Acción Revolucionaria – AyL - Partido Guevarista – AGD UBA – Pañuelos en Rebeldía – Comunidad Pozo Del Castaño – CMM - Mutual Sentimiento – Nuevo Mas en Izquierda al frente – Corriente Sindical 18 de Diciembre – Las Rojas – EATIP – PRC – Ademys – Corriente Social y Política Marabunta – Hagamos Lo Imposible - Bloque de Trabajadores Migrantes – FOL - MTD Aníbal Verón - PSTU – Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda – Centro Cultural Boliviano La Plata – Qhapaj Ñan.. – Marcha de Mujeres Originarias – Sindicato Unido de Trabajadorxs de la Educación (SUTE Mendoza) – Frente Popular Darío Santillán - Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional – Corriente Popular Juana Azurduy – MULCS – Murgas Independientes de Capital Federal – Movimiento Nacional de Murgas Regional Bs As - OLNyS Fogoneros – Juventud Guevarista – MTR – Votamos Luchar – Colectivo Desde el Pie - Co.P.A – Espacio Social y Cultural La Casita de Guernica – Agrupación Barrial Victor Choque – MTR por la democracia directa – Asamblea por la vida de Chilecito – Radio Libre Feminista – Corriente Clasista Rene Salamanca – Movimiento Amplio de Izquierda - Casa de la Memoria - Murgueras Independientes de Buenos Aires - El Transformador de Haedo - ATE Brown Peron - ATE Lomas - ATE Desde Abajo - Junta Interna ATE Trabajo - Liga Comunista de los Trabajadores - Agrupación Victor Choque, ATE
Fuente: redeco.com.ar

La ley de publicidad oficial en México que los críticos tildan de inútil

Por: Paulina Villegas
Enrique Peña Nieto, presidente de México, prometió controlar la fuerte inversión en publicidad del gobierno federal; sin embargo, ha destinado a ese rubro más dinero que sus predecesores. 

En el anuncio de televisión, Enrique Peña Nieto, presidente de México, pasea a lo largo de una hermosa playa, sus pies descalzos están dentro del agua cristalina mientras habla sobre los logros de su gobierno en el tema de medioambiente. El líder mexicano ha protagonizado varios comerciales por los que su gobierno ha pagado 2000 millones de dólares de recursos públicos en publicidad que promueve sus intereses.

Por ejemplo, en una campaña difundida el año pasado, se observa a Peña Nieto cuando da un recorrido por una fábrica aeroespacial, comparte una carne asada con rancheros y habla con residentes de un nuevo proyecto de vivienda. Al abrir casi cualquier periódico en México, anuncios de página completa alaban las escuelas reconstruidas después del terremoto del año pasado.

El fuerte gasto en publicidad, una práctica común en México desde hace mucho tiempo, tanto a nivel federal como estatal, ha sido duramente criticado por fomentar la cobertura adulatoria de funcionarios y silenciar a sus críticos.

Ahora, al enfrentar una fecha límite ordenada por la Suprema Corte, el Congreso mexicano está listo para adoptar una legislación que por primera vez regulará ese gasto. Sin embargo, los partidos políticos de oposición y los grupos de activistas ciudadanos afirman que la iniciativa de ley, respaldada por el partido al que pertenece Peña Nieto, es un engaño.

Jorge Triana, un diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), de oposición, dice que la medida deja intacta una ley no escrita que los funcionarios han impuesto a los medios desde hace tiempo: “No te pago para que me pegues”.

La mayoría de los medios en México dependen en gran parte de la publicidad oficial; pocos sobrevivirían sin ella. Esa dependencia da a los funcionarios una ventaja para presionar a los propietarios de los medios a que difundan historias favorables y eviten que otras salgan a la luz. Editores y reporteros dicen que los funcionarios de manera frecuente dan forma a las noticias, al decirles a las empresas de comunicación masiva qué deben o qué no deben reportar.

“El gobierno tiene a sus medios favoritos que fungen como voceros”, dijo Rafael Hernández, un diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. “Ellos los premian con jugosos contratos publicitarios, y ellos asfixian y castigan aquellas voces críticas que no replican el mensaje oficial”.

Los anuncios, que tienen el objetivo de informar a la población sobre servicios gubernamentales, son usados a menudo para pregonar los intereses de los funcionarios.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el primero en usar el gasto publicitario para sobornar a los medios, pero dicha práctica continuó después de que el PAN ganara la presidencia en el 2000. Peña Nieto prometió controlar el gasto en publicidad cuando asumió el cargo, pero concluye su periodo con un gasto mayor al de sus predecesores.

La iniciativa pendiente en el Congreso es una respuesta al fallo del año pasado de la Suprema Corte que ordenó a los legisladores regular el flujo de dinero del gobierno para que fuera distribuido de manera imparcial. La corte estuvo de acuerdo con Artículo 19, un grupo a favor de la libertad de expresión, que demandó al gobierno por sus prácticas en el gasto publicitario, y les dijo a los legisladores que aprobaran una ley a más tardar el 30 de abril de 2018.

El Congreso podría cumplir con la fecha límite, pero activistas dicen que la medida no contribuiría nada para solucionar el problema que la corte identificó: la libre expresión es afectada cuando el gobierno puede recompensar o castigar financieramente a los medios.

Con la iniciativa, el secretario de Gobernación evaluaría las campañas de publicidad federal bajo los principios de “eficiencia, economía, transparencia y honestidad”. Las agencias también reportarían al secretario sobre cómo han gastado sus presupuestos publicitarios.

Críticos afirman que la propuesta de ley destaca por lo que le hace falta: regulaciones específicas para promover un gasto y límites justos al presupuesto publicitario, así como la capacidad de asegurarse de que las reglas son cumplidas. En vez de eso, ellos argumentan, institucionaliza la publicidad oficial a discreción.

“La Suprema Corte no pide la formalización del statu quo: exige un cambio”, dijo Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En vez de eso, dijo, la propuesta legaliza “lo que la corte calificó como restricción indirecta a la libre expresión”.

Quienes apoyan la legislación afirman que aborda las preocupaciones de la corte al mismo tiempo que brinda al gobierno una forma de promover sus esfuerzos. Fijar un límite al gasto sería contraproducente, indican, porque fomentaría que las agencias gastaran hasta el tope.

“El gobierno puede y debe gastar menos que cualquier porcentaje fijo, por eso siempre es mejor tener un régimen flexible”, dijo la semana pasada Arturo Huicochea, diputado federal del PRI.

El gobierno de Peña Nieto gastó más del doble de su presupuesto en 2016 en anuncios oficiales, según Fundar, un grupo de transparencia que examina los datos del gobierno. El año pasado, el gobierno gastó la misma cantidad, alrededor de 500 millones de dólares, en publicidad y en apoyar a estudiantes a través de su principal programa de becas para universidades públicas.

A pesar de todo ese gasto, el índice de aprobación de Peña Nieto está entre los más bajos desde que los encuestadores comenzaron a medirlo en la década de los ochenta, un reflejo del disgusto generalizado con la corrupción de los funcionarios. Y conforme la elección presidencial del 1 de julio se acerca, el candidato que personalmente eligió, José Antonio Meade, se ubica en el tercer lugar de las preferencias.
Foto: Yael Martínez/Bloomberg
Fuente: The New York Times

martes, 17 de abril de 2018

Especialistas en telecomunicaciones expusieron en el Senado de la Nación

Empresarios y expertos en asistieron este martes a la Cámara alta para analizar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión continuó este martes con el tratamiento del proyecto de ley de fomento de despliegue de infraestructura y competencia tics, oportunidad en la que contó con la participación de empresarios y expertos en la materia.

Estuvieron presentes el representante de la Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión (COLSECOR), Alberto Calvo; el presidente de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), Norberto Capellan; el presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), Marcelo De Ambrosio junto a Rodolfo Bianchi; el abogado de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), Esteban Lescano; y el director titular de Red Intercable, Lucio Gamaleri junto al gerente general, Fabián Di Cicco.

Las primeras cuatro entidades evaluaron el proyecto de ley como una “medida positiva”, avalaron la “eliminación de barreras artificiales” y pusieron de relieve la importancia de la “compartición de infraestructura” ya que “facilitará el despliegue de redes” y “va a ser un ahorro social en cuanto a recursos económicos”. También subrayaron la posibilidad de que las PyMES y cooperativas puedan acceder a la asignación de frecuencias “sin barreras”.

En cuanto al servicio de fibra óptica, manifestaron la necesidad de terminar con “el monopolio del uso de los postes que hay hoy en Argentina”.

"¿Saben por qué las grandes empresas no brindaron telecomunicaciones en las localidades con menos de 100 mil habitantes? Porque no son mercado. Y por lo tanto no pueden ser consideradas un mercado para esta ley", solicitó Roberto Calvo, presidente de COLSECOR.

Asimismo, resaltaron la necesidad de que “el marco regulatorio adopte medidas pro competitivas” y de que se “establezcan condiciones para los prestadores dominantes” instando a que haya un “mercado competitivo de señales y contenidos” y un “acceso y competencia en condiciones libres y equitativas, no discriminativas”.

Además, apuntaron que “la gente necesita tener más propuestas de servicios de televisión” y que el acceso a esa infraestructura en telecomunicaciones contribuirá también al desarrollo de los pueblos.

Por su parte, los representantes de Red Intercable celebraron la búsqueda de una mayor conectividad e inversión para una mejor prestación a los usuarios al tiempo que informaron que presentarán un informe escrito a los legisladores con sus argumentos y propuestas sobre el proyecto de ley.

Rechazó además que Telefónica pueda brindar televisión por subscripción con sus satélites, la única manera que tiene para completar un servicio de cuádruple play, porque no desplegó fibra óptica a lo largo del país.

"Están metiendo la televisión en el hogar y eliminado el trabajo de pymes, cuando en realidad deberían desarrollar redes físicas", se quejó Lucio Gamalieri, de la red Intercable.

Al respecto, reseñaron que “si el objetivo es terminar con la brecha digital deben desarrollarse redes físicas” y alertaron sobre los riesgos de “la apertura de competencia sin regulaciones suficientes”.
Fuente: Parlamentario.com

Estado de alerta y movilización en el diario La Capital

En Rosario los trabajadores y trabajadoras del diario La Capital se encuentran nuevamente en estado de alerta y movilización por el no pago de sus salarios
Las trabajadoras y los trabajadores del diario La Capital reunidos en asamblea repudiaron el incumplimiento por parte de la empresa del pago en tiempo y forma de sus salarios.

Asimismo, se declararon en estado de alerta y movilización hasta que se haga efectivo el pago en su totalidad.
Sindicato de Prensa Rosario
Federación Gráfica Rosarina
Comisión Interna de Delegados y Delegadas del Diario La Capital
Ver anterior: Estado de alerta en el diario La Capital

"Hernán Lombardi miente", sostienen los sindicatos de Televisión y Prensa

Dos de los gremios que agrupan a trabajadores de la TV Pública respondieron con duros comunicados a las declaraciones realizadas por Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, al periodista Emanuel Respighi y que publicó en la edición de hoy del diario PáginaI12

La estrategia de la mentira
Frente a las declaraciones del ministro Hernán Lombardi sobre los medios públicos en la edición de hoy del diario Página12, el Consejo Directivo Nacional del SATSAID expresa que:
1- Cuando el ministro afirma que el SATSAID “acompaña en el duro esfuerzo de no tener aumentos de salarios este año” miente. El SATSAID ha firmado un aumento salarial de toda la actividad retroactivo a octubre de 2017 y de ninguna manera ha resignado ni resignará el pago de ese aumento por parte de las empresas audiovisuales del Estado Nacional que dependen del Sistema de Medios y Contenidos Públicos. Nuestra posición está ratificada en las audiencias llevadas adelante en el Ministerio de Trabajo. Hasta la semana pasada estábamos profundizando en una mesa de diálogo el análisis económico y los caminos para llegar a ese objetivo.

2- Lo que sí se asemeja al cero es la programación. Las autoridades se habían comprometido a hacer una producción propia con todo el personal de los medios públicos. Debemos aclarar que en Encuentro, Paka Paka y DeporTV se están emitiendo programas que se hicieron el año pasado y otros de antigua producción. En la TV Pública la nueva programación es escasa y no tenemos información sobre el origen de producción de la futura programación. Cuando el ministro alude al programa de tango que se realiza el en CCK lo trabajadores de televisión de los medios públicos no hemos tenido que ver en nada con su producción.

3- Cuando el ministro habla de sinergia en los medios públicos, lamentablemente debemos afirmar que no existe. A no ser que se llame sinergia a la emisión de viejos enlatados de Encuentro, Paka Paka o DeporTV en la TV Pública.

4- Cuando el ministro habla de austeridad y no de ajuste debemos contradecirlo. Entendemos que austeridad es cuidar el gasto en forma racional. La Televisión Digital Argentina (TDA) se ha reducido a su mínima expresión y se ha tercerizado su escasa producción. En Encuentro, Paka Paka y DeporTV se ha reducido la planta a más de la mitad. Dichos medios están en estado de
parálisis y carecen de operatividad. Todo ello constituye claramente un ajuste.

5- Nuestra vocación ha sido y es el diálogo, a no ser que las autoridades del Sistema de Medios y Contenidos Públicos pretendan lo contrario. Si con estas declaraciones, se intenta dividir a los trabajadores del SATSAID de su representación gremial y crear un estado de confusión, no se ha logrado ni se va a lograr. Todas las medidas de acción gremial que se han tomado en defensa de los puestos de trabajo, los derechos convencionales y los salarios se deciden junto con los trabajadores en cada asamblea. No entendemos otra forma de hacer sindicalismo. Y en ese camino seguiremos defendiendo a la televisión pública en sus distintas expresiones como este gremio lo hizo históricamente.
Consejo Directivo Nacional, Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos

"Miente, miente, que algo quedará". Ante los dichos del ministro Hernán Lombardi a PáginaI12
El titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos públicos vuelve a incurrir en la mentira como único método para tratar de tapar el sol con un dedo y ocultar la realidad: el vaciamiento de los medios públicos que promueve desde el año pasado cuando cesanteó cientos de trabajadores de las señales digitales, continuó con decenas de despidos en Radio Nacional y luego con el ataque a los derechos laborales en la TV Pública. Como lo explicamos en reiteradas oportunidades mediante comunicados y resoluciones de Asamblea votadas por todos los trabajadores y trabajadoras de prensa de la TV Pública y nuestro sindicato SiPreBA, la austeridad de Hernán Lombardi es solo para la pantalla, los televidentes y los trabajadores, y contrasta con el despilfarro de su gestión en contratos de cientos de miles de pesos para periodistas amigos, parientes de funcionarios, empresas privadas –productoras, consultoras- mediante las cuales terceriza funciones que podrían realizarse en el canal con recursos propios.

Lombardi sostiene que “parte de la conducción de SiPreBA (SIC) no solo no defienden sino que ponen en riesgo” los medios públicos. Y agrega que trabaja dentro del Estatuto del periodista del año `74. En primer lugar, el Estatuto del Periodista es una ley promovida por Perón en el año 1946 y aprobada en 1947. El convenio colectivo de trabajo es del año 1975. Lo que el ministro llama privilegios son los derechos que se cumplen en todos los canales de TV, públicos y privados. Pero el ministro pretende imponer a través de la extorsión y la violencia, la reforma laboral que el Congreso de la Nación no votó. Y lo hace con una campaña pública para que luego avancen por el mismo camino los medios de comunicación privados. Es por eso que la pelea que desde enero venimos dando en la TV Pública cuenta no solo con el apoyo de todos y todas las trabajadores del noticiero de Canal Siete que votan y acompañan las medidas de fuerza con un consenso y acatamiento total, sino también de los delegados, comisiones internas y asambleas de canales privados como Artear, Telefé y América TV.

Lo que Lombardi pretende ocultar son sus negocios con productoras o empresas privadas como el contrato para el mundial con Torneos y Competencias que condicionó toda la cobertura, impone qué periodistas pueden preguntar y quiénes no, cómo se debe transmitir, tomando decisiones artísticas, editoriales y profesionales que deberían tomarse en el canal público.

Los trabajadores nunca tuvimos “posiciones rígidas” como el ministro llama a la defensa de nuestros derechos laborales. Pero una negociación no puede darse bajo la extorsión ni la quita ilegal de derechos como actualmente sucede con los artículos 71 y 36 de nuestro convenio que de un día para el otro y de manera intempestiva y unilateral la empresa definió dejar de liquidar como represalia por el conflicto gremial.

Lombardi habla de pluralismo pero su ajuste se traduce en censura. Entre otras noticias que no tuvieron cobertura en el canal público, se proscribió una audiencia convocada por SiPreBA en donde mas de diez diputados de todos los bloques de oposición se expresaron contra el vaciamiento de los medios públicos.

Lombardi habla de respeto pero en la TV Pública corrió de su puesto de trabajo a la delegada gremial de APJ, Cecilia Bachetta, e incumple una medida cautelar de la justicia que exige que la reincorporen en el lugar que corresponde.

Lombardi también incumple la ley 26.522 al sostener una programación que tiene una minoría de contenidos propios y hoy está prácticamente privatizada.

Los trabajadores y trabajadoras de la TV Pública no aceptamos extorsiones ni difamaciones. Queremos dialogar con honestidad y respeto. Si hoy funcionarios como Lombardi pueden decidir los destinos de un medio como Canal Siete es porque los trabajadores dieron una enorme pelea, en algunos casos poniendo sus casas en garantía, para que su frecuencia no se privatice y el canal no pase a manos privadas,. Sería bueno que en lugar de las amenazas atienda los reclamos, cumpla las leyes laborales y su rol de funcionario público con responsabilidad.
Asamblea del Noticiero de la TV Pública - Comisión Interna SiPreBA TV Pública - Comisión Directiva SiPreBA

Ver también: “En los medios públicos no hay un plan de ajuste, sino de austeridad”"Hernán Lombardi miente", sostienen los sindicatos de Televisión y Prensa

Grave: Justicia confirmó la condena a periodistas demandados por Gildo Insfrán

En fallo unánime, el Superior Tribunal de Justicia de Formosa confirmó las sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que a su vez había ratificado la condena establecida en Primera Instancia, contra varios comunicadores que en sus programas, habían permitido que los oyentes hicieran mención a una trama oscura sobre la muerte del hijo del gobernador Gildo Insfrán. Los acusó por daño moral grave
Como se recordará, los demandados Andrea Paola Cóspito, Gabriel Hernández, Carlos Julián González, María de las Mercedes López, César Oscar Orué y Carlos Rodolfo Varela, en sus respectivos programas hicieron alusión a la muerte del hijo del gobernador, pero no emitieron opinión al respecto; sin embargo, hubo algunos llamados de oyentes en donde se expresaron vinculando la muerte del joven directamente por acción de su padre. Los comunicadores jamás emitieron opinión ni a favor -y por lo que los responsabilizan- tampoco en contra de los dichos de sus oyentes. De hecho, en el caso de la mujer de Gabriel Hernández, el día que se cita como ocurrido el llamado del oyente que vinculó la muerte de Gildo Miguel Insfrán con una acción directa de su padre; ésta se encontraba en Buenos Aires. Es decir, ni siquiera estaba al aire. Muchos comunicadores a nivel nacional le brindaron su apoyo a los periodistas formoseños tras conocerse la noticia del fallo en primera instancia. Hablaron en su momento de una "grave lesión al ejercicio democrático".

Por el juicio de daños y perjuicios que promovió Insfrán, todos fueron condenados, por la jueza Civil y Comercial N.º 1, en sentencia que luego fue ratificada por la Cámara de Apelaciones, aunque redujo el monto de la condena. Todos los condenados plantearon entonces Recurso Extraordinario ante el STJ que ahora fue desestimado por unanimidad.

Los planteos para ratificar la condena
En primer lugar, el Tribunal Superior desestimó la pretensión de un grupo de Diputados Nacionales de presentarse como “Amicus curiae” o “amigos del Tribunal”, esta denominación se asigna a quienes no son parte del litigio, pero que considera que la decisión de la Corte puede afectar sus intereses y exige objetividad en sus integrantes. Sin embargo, en el caso, quien suscribe en favor de una de las partes es el doctor Martín Hernández, quien es hermano de Gabriel Hernández, hecho público que adquirió notoriedad en razón de que ambos son personas públicas que se han desempeñado en altos cargos de trascendencia institucional en la Provincia de Formosa, tiñendo de subjetividad a la figura que se pretende invocar.

El fallo del STJ analiza cada uno de los planteos de los demandados, en especial, aquel referido a la libertad de expresión, reafirmando tanto Cóspito como Hernández que en el programa radial a su cargo, los oyentes podían opinar libremente y expresarse, defendiendo la libertad de expresión sin hacer referencia al tema injuriante.

Sin embargo, de las pruebas aportadas a la causa, surgía que ambos conocían la falsedad del comentario que permitieron se difunda, sin hacer aclaración alguna sobre el mismo, aplicándose el precedente “Díaz de Vivar” y otros antecedentes jurisprudenciales que responsabilizan a los conductores cuando su actitud -por acción u omisión- contribuyen concausalmente a la producción del daño, daño que fue acreditado en la causa sin que tampoco los demandados formularan sobre el mismo impugnación alguna. En su meduloso voto, el juez Marcos Bruno Quinteros señala que “el germen de la construcción injuriosa en la que participaron los medios de comunicación y los periodistas demandados se encuentra en los programas radiales que abordaron -escudados en una voz anónima- un hecho pasado, sin ningún interés actual, sostenido en una falsa imputación, con una intención clara de desprestigiar al actor. Los demandados pretenden ampararse en la libertad de expresión pero ésta, bajo ningún punto de vista, tutela a las manifestaciones injuriosas disfrazadas de noticia. los demandados intentan justificar su accionar indicando que no puede exigírseles como “periodistas”, tratándose de programas en “vivo” o “a micrófono abierto”, que expongan su posición respecto del tema en tratamiento, pero aquí, en rigor de verdad, se trató de una opinión calumniosa proferida por un anónimo, lo que determina que tampoco constituya una opinión “personal” sobre un hecho de interés actual, sino más bien, de la deformación de un suceso familiar doloroso del pasado, profusamente publicitado en ese momento y ocurrido hace diez años y, por tanto, carente de actualidad en la opinión pública, aunque con entidad perenne en la estimación de sus progenitores y hermanos, tornando como claramente lesivo al hecho por proferir un daño injustificable y palmariamente avizorable de primera mano por quien lo recepta en lo inmediato y en tanto se sabía de la falsedad de la especie, se optó por continuar con la exposición difamante y reeditar en sucesivos programas el hecho generador del daño”.

Similar razonamiento se aplica a las reproducciones que realizan los demás demandados en los respectivos medios que conducían, esto es, que a sabiendas de la falsedad, se optó por continuar adelante con la infamia. Los jueces Ricardo Cabrera y Eduardo Manuel Hang, hicieron también sus propias consideraciones, en la misma línea que el juez Quinteros.

Por su parte, el juez Ariel Coll, al compartir el voto de éste último, y citando a Carlos Fayt, señaló que es de aplicación el artículo 11 de la CIDH en función del 13 de la misma Convención, al referirse a las responsabilidades ulteriores de quienes se expresan libremente, afectando el honor de las personas y cuando la información es objetivamente falsa, difundida con pleno conocimiento de esa falsedad, tal como está probado en autos, con el objeto de sembrar la duda sobre un hecho acaecido 10 años atrás, atribuyendo a Gildo Insfrán la muerte de su propio hijo, y a través de esa información desacreditar al demandante, constituyendo un dato objetivamente infamante “que nada tiene que ver con la función pública que el mismo cumple, porque si al hecho de revolver o hacer revivir, uno de los dramas más dolorosos que puede afectar a cualquier persona, como es la muerte de un hijo, se le agrega irresponsablemente la infamante atribución de ser el directo responsable de esa muerte, teniendo los demandados los medios para corregir esa falsedad, la conducta antijurídica queda plenamente configurada y pretender amparar la misma en la garantía de la libertad de expresión, es francamente un agravio a la inteligencia humana”, sostiene el magistrado.

En definitiva, quedó firme la condena a los demandados que fijó el monto de la indemnización debida al demandante, en 1.200.000 pesos.

Hernández: “Es una sentencia a favor de Gildo Insfrán y un atropello a la libertad de expresión” 
“Estos fallos apuntan directamente a restringir la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”, agregó  Gabriel Hernández“Estos fallos apuntan directamente a restringir la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”, agregó Gabriel HernándezDuras críticas recibió el fallo del Superior Tribunal de Justicia dictado en la causa “Insfrán Gildo, contra Hernández. Gabriel y/u otros (Daños y Perjuicios)”, que favorece la demanda del Gobernador contra varios periodistas formoseños, que fueron condenados a pagarle a Insfrán una indemnización millonaria por “daño moral”.

Hernández dijo que el Superior Tribunal, al rechazar los recursos extraordinarios de los periodistas, “dictó una sentencia a favor de Gildo Insfrán, cometiendo un atropello a la libertad de expresión”.

Por lo que dijo aquel oyente, Hernández y su esposa Paola Cóspito – que lo acompañaba en la conducción del programa “Mano a Mano”-fueron condenados a pagar 2 millones de pesos en beneficio de Gildo Insfrán, en concepto de indemnización por “daño moral”, condena que también fue impuesta al director del diario “Opinión Ciudadana”, Julián González –actualmente director de LRA8 Radio Nacional Formosa- , el locutor César Oscar Orué de FM 100.3 Radio Fantasía, Carlos Rodolfo Varela, responsable de Radio “La Corneta” 103.5 FM, y María de las Mercedes López, propietaria de Radio “Fantasía”. La sentencia fue apelada a la Cámara Civil y Comercial de Formosa, que mantuvo la condena.

Los periodistas afectados interpusieron recursos extraordinarios, que ahora fueron rechazados por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. “Vamos a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación –dijo Hernández- porque la condena no solamente es arbitraria y groseramente inconstitucional; también representa un atropello gravísimo contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, ya que hace responsable a los periodistas y a los dueños de los medios de comunicación de cualquier opinión de los oyentes o de los entrevistados”.

“Es un disparate que por lo que dice una persona anónima a un movilero en la calle, o a través de una llamada telefónica en un programa de radio o de televisión, o una opinión posteada en el sitio web de un diario o de una radio, terminen siendo responsables los periodistas o los dueños del medio, y sean obligados a pagar indemnizaciones millonarias en beneficio de los gobernantes que manejan la Justicia en las provincias feudales como Formosa”, señaló Gabriel Hernández, quien actualmente conduce el programa “Sin Censura” en LRA8 Radio Nacional Formosa.

“Lo que pretenden estos jueces obsecuentes del poder es que las radios cierren los micrófonos a los oyentes, que no se reciban más llamadas telefónicas; y que los diarios no permitan a los lectores que opinen en sus sitios web. Con estas condenas a pagar indemnizaciones millonarias buscan meter miedo a los periodistas y a los dueños de los medios.

Estos fallos apuntan directamente a restringir la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas”, agregó Hernández.

Uno de los párrafos principales del polémico fallo del Superior Tribunal dice: “Así, se determina claramente la responsabilidad de los periodistas Hernández y Cóspito que se deriva de haberse mantenido en una actitud pasiva ante las manifestaciones de un oyente anónimo, a quien por cierto nunca se trató de identificar en el transcurso del programa ni con posterioridad”.

La sentencia condenatoria sostiene que los periodistas deben manifestar su disconformidad si el entrevistado dice algo que no es cierto.

Para los Jueces del Superior Tribunal, todas las opiniones y comentarios que se difunden en un programa periodístico deben ser “relatos objetivos y verdaderos” sobre “un hecho de interés actual”, y nunca sobre un hecho “ocurrido hace diez años y, por tanto, carente de actualidad en la opinión pública”.

“Esta exigencia es absurda –dijo Hernández- porque los periodistas no son “Policías de la Verdad”; ¿quién va a controlar que todo lo que se diga en un programa sea un “relato objetivo y verdadero”? ¿Quién es el “dueño de la verdad”?

En los programas periodísticos siempre se trata de escuchar “las dos campanas”. Cada entrevistado dice su opinión, y no es función de los periodistas corregir al entrevistado, o retarlo para que “diga la verdad”, y también es absurda la otra exigencia de que solamente es noticia lo que se refiere a “un hecho de interés actual” ¿no se puede hablar de lo que sucedió hace un año, o dos, o diez?”

Según esta sentencia, si lo que un entrevistado opina no es la “verdad” oficial, y el periodista no lo corrige, termina condenado. Es una barbaridad. Y aquí no importa si el que opina es anónimo o conocido. No es obligación del periodista identificar con nombre, apellido y número de DNI a todos los que opinan en un medio de prensa. Es perfectamente válido escuchar la opinión de alguien anónimo, que deja su mensaje en un contestador, o un comentario posteado en la página web de un sitio informativo.

“Esta sentencia va en contra de la libertad de expresión de los ciudadanos. Se castiga a los periodistas y a los medios de prensa para que no se deje opinar a la gente. Los gobernantes le tienen repulsión a la opinión libre de la gente. Le están negando ese derecho a los ciudadanos y eso es un abuso de poder que vamos a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, finalizó diciendo Gabriel Hernández.
Fuente: El Comercial
Ver anterior: Insólito: La justicia de Formosa condena a medios y periodistas a pagar $ 2 millones a Gildo Insfrán, Juicio a periodistas: Contradicciones de Gildo Insfrán, Repudian condena a periodistas formoseños, Diputada de Cambiemos presenta proyecto para impedir juicios de funcionarios a periodistas

Crítica evaluación de la Sociedad Interamericana de Prensa sobre Argentina

Informe de la Reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, Medio Año 2018
Dentro de las agresiones a periodistas registradas en el último semestre, sobresale el ataque del producido el 18 de diciembre, por parte de manifestantes contra fuerzas policiales frente al Congreso de la Nación, en el que trabajadores de los medios TN, C5N, Canal 9, PáginaI12 y Crónica TV resultaron heridos. Por otra parte, periodistas de Radio 10, Big Bang News, Telefe, Anfibia, Ámbito Financiero y PáginaI12 fueron impactados con balas de goma disparadas por policías en medio de los incidentes. El caso de Julio Bazán, periodista de Canal 13 salvajemente atacado por manifestantes según registraron cámaras de televisión, fue comentado por el actual presidente de la Comisión de Libertad de expresión de la Cámara de Diputados, y diputado del frente para la Victoria, Leopoldo Moreau, quien declaró que el profesional fue también “víctima del grupo donde trabaja”.

El caso del periodista Gabriel Hernández, condenado en primera y segunda instancia a pagar una “indemnización por daño moral” de dos millones de pesos a favor del gobernador de la provincia de Formosa por comentarios efectuados por un oyente anónimo en su programa radial, fue expuesto a fines de octubre por diputados del oficialismo ante el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como ejemplo de persecución contra periodistas en esa provincia.

El debate público está contaminado por múltiples maniobras de desinformación y acciones difamatorias, usualmente anónimas, vehiculizadas por plataformas digitales. La injuria se generaliza y afecta particularmente a periodistas y a medios de comunicación. También los medios tradicionales contribuyen a la toxicidad de un ecosistema que estimula la polarización, el enfrentamiento entre los ciudadanos y el avasallamiento de su intimidad o su honor. Un ejemplo resonante se dio en el marco del escrutinio público de una causa judicial relativa a una red de pedofilia vinculada a clubes de fútbol en la que se incriminó, de manera aviesa y desde un programa televisivo de alto rating, a reconocidos periodistas, con el probable propósito de intimidarlos.

La operatividad de la ley de acceso a la información pública, sancionada en 2016 y reglamentada hace un año, se consolidó en octubre pasado con la puesta en funcionamiento del organismo de aplicación de la norma y la designación, a través de un mecanismo abierto y transparente, de su director. Ese organismo -la Agencia de Acceso a la Información Pública- debe encargarse de las cuestiones relativas a los datos personales de los ciudadanos. Entre sus áreas de actuación también se encuentra la supresión de ciertas referencias de las bases de datos oficiales consignada, en su página web, como “derecho al olvido”. Si bien se refiere a la facultad de todo ciudadano de exigir la eliminación de su nombre de toda base de datos pública sobre servicios de información crediticia cuando hayan pasado más de cinco años desde la mora, no es lo más adecuado para un organismo encargado de impulsar el acceso a la información pública.

Los medios públicos, históricamente empleados como órganos propagandísticos por los gobiernos de turno e instrumentos de deslegitimación del periodismo crítico, han recuperado estándares de profesionalización y pluralismo.

La publicidad oficial se redujo durante la actual gestión en casi un 50% respecto del nivel alcanzado en el último año de la anterior administración y el Gobierno anunció un ajuste más intenso para el presente año. La forma en que se distribuyó esa pauta fue una de las grandes distorsiones que dejó el kirchnerismo. Pero su abrupto recorte, en una industria socavada por años por políticas persecutorias, una presión fiscal asfixiante y nuevas competencias, amenaza la viabilidad de los medios. Los medios gráficos sufrieron un recorte mucho más significativo comparado al resto, siendo los generadores de la mayoría de los contenidos. También resulta controvertida la inversión publicitaria gubernamental en plataformas que dan contenidos falsos que distorsionan el ecosistema digital. La sanción de una ley que regule la asignación de pauta oficial es una asignatura pendiente.

El Gobierno, a través de una carta pública de la Jefatura de gabinete de febrero, reconoció la necesidad de encontrar alternativas para garantizar la sustentabilidad de las empresas periodísticas. En el último semestre el cierre de medios y agencias como Buenos Aires Herald, El Gráfico, La Razón y DYN, junto a medios del interior, se sumaron a una extensa lista de empresas periodísticas que en los últimos años no pudieron continuar operando o entraron en graves crisis como las pertenecientes al Grupo Indalo o las radios Rivadavia y El Mundo. En algunos casos, la causa principal de estas situaciones fue un accionar negligente de sus conductores combinado con la recepción de exorbitantes niveles de pauta oficial durante el gobierno pasado. En otros casos se combinan un contexto adverso para la actividad empresaria desde el punto de vista tributario y laboral, la caída de la pauta oficial, la transformación de los hábitos de consumo informativo de las audiencias y una competencia asimétrica en el mercado publicitario con las redes y plataformas.

Desde 2014 rige una ley que modificó las alícuotas del impuesto al valor agregado para pequeñas y medianas empresas periodísticas que se encontraran debajo de un tope de facturación. Ese tope fue modificado a fines de 2015 pero, desde entonces y con una inflación acumulada superior al 70%, esa cifra no se actualizó, dejando fuera a varios medios cuya ecuación económica ha sido dañada de manera significativa. A principios de abril la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) y la Asociación de Diarios del Interior (ADiRA) formularon propuestas reducir este impuesto y los aportes patronales para medios chicos.

AdEPA reunió a directivos de grupos periodísticos para analizar medidas conjuntas respecto a las empresas tecnológicas, cuya actuación afecta la sustentabilidad de la industria periodística, la calidad del debate público y la dinámica institucional.

Condena SIP ataques contra el periodismo en Latinoamérica

En su reunión de medio año, denuncia los constantes actos de represión, acoso digital y amenazas contra el gremio en el continente. El documento final de la Asamblea de Medellín reflejó enorme preocupación por la "impunidad de los totalitarismos y por el contexto hostil en que los periodistas realizan su trabajo". La entidad pasó revista a la hostilidad manifiesta del presidente norteamericano Donald Trump
La reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Medellín, Colombia, se centró durante estos tres últimos días en la condena enérgica a la violencia contra periodistas reflejada en el asesinato de 14 miembros de la prensa americana, así como actos de represión, acoso digital y amenazas, que afectan a todos los medios de comunicación.

En su informe de conclusiones se estableció que tras el asesinato de los miembros de la redacción del diario ecuatoriano El Comercio, se nos presenta la oportunidad de reflexionar profundamente sobre el papel que juega el organismo en la defensa de las libertades fundamentales de expresión y de prensa.

Asimismo se denunció el continuo hostigamiento a la prensa y a los periodistas. Desde la pasada Asamblea General en Utah, Estados Unidos, han sido asesinados 14 periodistas: cuatro mexicanos, tres ecuatorianos, dos brasileños, dos guatemaltecos, un colombiano, un hondureño y un periodista salvadoreño.

También hay un periodista haitiano desaparecido. En México los periodistas han sido desplazados en el país para prevenir atentados en contra de su vida.

Los medios de comunicación son víctimas constantes de intimidaciones, acusaciones, acosos, insultos, ataques físicos y agresiones, principalmente cuando se levantan investigaciones sobre gobiernos o rendición de cuentas.

“El asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, miembros de la redacción de El Comercio de Ecuador, nos presenta la oportunidad de reflexionar profundamente sobre el papel que jugamos en la defensa de las libertades fundamentales de expresión y de prensa”, dicen las conclusiones de la SIP.

El informe final de la SIP destacó que otro de los temas más alarmantes es la denegación de justicia pronta, equitativa e imparcial.

Las investigaciones y procesos judiciales por los asesinatos al gremio toman tiempos excesivos y en muchos casos no se llega a una sentencia definitiva contra los autores.

En varios países de América Latina se ha incrementado con mayor fuerza la censura de publicación de noticias y se impide la difusión de la verdad.

La SIP resaltó que aún está pendiente un proyecto que busca dictar una ley marco de comunicaciones sobre el derecho al libre acceso a la comunicación y establecer mecanismos de control del Estado.

Desde la pasada Asamblea en Utah, han sido asesinados 14 periodistas (cuatro mexicanos; tres ecuatorianos, dos brasileños; dos guatemaltecos; un colombiano; un hondureño y un periodista salvadoreño). También hay un periodista haitiano desaparecido. Y en México 11 periodistas han sido desplazados en el país para prevenir atentados en contra de su vida.

La próxima reunión será en Salta, del 19 al 22 de octubre, donde el Diario El Tribuno será anfitrión.
Fuentes: AdEPA, Agencia EFE

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